El abogado de la causa, Jorge Bogarín, explicó que la Cámara admitió el recurso de apelación presentado por la defensa de los condenados, pero decidió no hacerle lugar, por lo que la sentencia dictada en julio de 2016 contra los acusados “se confirma en todas sus partes”.Esa sentencia condenó a penas de entre 18 y 30 años de prisión a cuatro de los campesinos acusados, que cumplen reclusión en la cárcel de Tacumbú, en Asunción: Néstor Castro, Arnaldo Quintana, Rubén Villalba y Luis Olmedo.Además, condenó a seis años de prisión a las tres mujeres acusadas por los hechos, Lucía Agüero, Fany Olmedo y Dolores López, que cumplen arresto domiciliario.Los restantes acusados, Felipe Benítez Balmori, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería y Adalberto Castro fueron condenados a cuatro años de cárcel y quedaron en libertad tras haber cumplido su condena durante el tiempo que pasaron bajo arresto entre 2012 y 2016.Bogarín lamentó la decisión de la Cámara de Apelaciones y destacó que “siempre había existido la esperanza de revertir una sentencia infundada y con muchas deficiencias”.“En la sentencia por el caso Curuguaty existieron numerosas causales de nulidad, como la manipulación de la escena del crimen, pero esas circunstancias no fueron analizadas por la Cámara”, declaró, y cuestionó que la Cámara de Apelaciones haya demorado cerca de 10 meses en expedirse sobre el recurso de apelación.Agregó Bogarín que los campesinos condenados están “decepcionados” con la decisión de la Cámara, y habrá una reunión con los cuatro sentenciados que guardan reclusión en la cárcel de Tacumbú para evaluar las siguientes acciones a tomar, entre ellas la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), consignaron la agencia EFE y diarios asunceñosSi la decisión de la CSJ también confirmara la sentencia, Bogarín dijo que los abogados no descartan acudir a los tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).La llamada masacre de Curuguaty ocurrió cuando un operativo realizado el 15 de junio de 2012 por parte de varios centenares de policías intentó desalojar a unos 70 campesinos de las tierras que habían ocupado para pedir que se integraran a la reforma agraria, y se produjo un tiroteo en el que murieron 11 campesinos y 6 policías, pero la Fiscalía no investigó las muertes de los labriegos.Los terrenos ocupados estaban en disputa entre el Estado y la empresa Campos Morombí, del fallecido dirigente colorado Blas N. Riquelme.
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