El apoderado de la Cooperativa de Servicios de Candelaria Limitada (Coscal) presentó una denuncia penal para que se investiguen los presuntos delitos cometidos en la gestión anterior, vinculada al exintendente Carlos Flores, que terminaron prácticamente en el vaciamiento de la entidad, afectando el servicio y endeudando por varios años el patrimonio de los socios.La presentación responde a lo resuelto en la asamblea de socios realizada el 17 de febrero de 2016, correspondientes a los ejercicios Nº 50, 51, 52 y 53, donde se decidió no aprobar los balances, que se sometan a una auditoría externa y se denuncie a los responsables. La moción fue aprobada por mayoría absoluta.En cumplimiento de este mandato, la auditoría externa fue encomendada al contador Gualterio Jahn, matrícula Nº 520, quien solicitó la documentación correspondiente de manos del presidente de la Coscal.Se redacta en la denuncia que una vez que asumió la nueva gestión “los únicos libros que se encontraron en la Cooperativa fueron los de la Acta de Asamblea, Actas de reuniones del Consejo de administración y el libro Diario, donde se asientan las operaciones, pero no el respaldo (facturas, remitos, recibos, etc.)”. A igual resultado se arribó respecto al listado de Facturación, “no pudiéndose dar con el libro IVA – ventas rubricado”.Tampoco pudieron “encontrar los comprobantes de compras y gastos, que respalden las operaciones comerciales y de administración que se encontraron contabilizadas en el diario”. Ni las DDJJ de los impuestos y sus comprobantes de pagos. En tal sentido, “de los informes que pueden solicitarse en el marco de la presente investigación se probará que la grave situación en que dicha administración colocó o llevó a la Coscal”, advierte la denuncia.Agrega que: “Respecto a la situación bancaria, todas las cuentas que poseía la Coscal a la fecha de asumir el actual Consejo de Administración se encontraban en su totalidad embargadas”. Entre ellas la cuenta que se poseía en el Banco Nación Argentina y el Banco Macro. Tampoco se encontró un listado de bienes de cambio o consumo de cada ejercicio. “Es muy llamativo que en el último estado contable presentado en dicho rubro se establece cero”, se indica.Respecto a los “bienes de uso”, no se encuentran especificados los ingresos al patrimonio ni su valor individual.El consejo de Administración anterior a la asunción del actual fue el siguiente: Sergio Daniel Contreras (presidente); Juan Alberto Bruner (vice); María Mercedes Aquino (secretario); Miguel Isidro Arriola (tesorero); Lucila Inés Flores (Síndico).La presentación judicial resalta que “en el traspaso de la administración al nuevo consejo de Administración, no se hizo entrega o no se dejó constancia de ‘nada’, es decir de ninguna documentación al nuevo consejo de administración que asumió en el año 2016”. A fin de probar tal extremo se adjunta copia del libro de Actas de reuniones del Consejo de Administración.Luego del trabajo del auditor externo, se convocó a la Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de abril de 2017, donde entre otros puntos se decidió luego que el Auditor Externo formulara su informe, encomendar al Consejo en un plazo de 30 días la presentación de la denuncia penal correspondiente.“En conclusión, conforme lo ratifica el Auditor en su informe elevado al Consejo de Administración, el nuevo Consejo de Administración se encontró con una administración carente de respaldo documental de las operaciones corrientes comercial y patrimonial, entre lo expuesto en los estados contables y lo realmente ocurrido, es decir respecto a la veracidad de lo que se aparece documentado en los ejercicios Económicos Nº 50, 51, 52 y 53 cuya aprobación se pretendiera en la Asamblea del 17/02/2016”, se indica.El daño económicoEsa falta de disponibilidad de la documentación respaldatoria de la mayor parte de las operaciones comerciales y patrimoniales de la Cooperativa, impidió e impide verificar la existencia real de tales operaciones.A esa fecha la Cooperativa se encontraba con la totalidad de sus cuentas embargadas por la Afip-DGI, cuya orden estaba dada al Banco Central de la República Argentina, por montos millonarios, superando los 10 millones de pesos. Asimismo, el Cuit se encontraba bloqueado, motivo por el cual la situación a esa fecha de la Coscal se encontraba en una situación de imposibilidad de pago como así también de no poder operar en el circuito bancario.Por esta razón se presenta la denuncia solicitando investigar los hechos expuestos en lo prescripto en el artículo 173 del Código Penal, correspondiente a “estafas y otras defraudaciones”.
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