El intendente de Oberá, Carlos Fernández, ordenó a su secretario privado Luis Fernando Vitelli que -por escrito- establezca a los integrantes de su Gabinete comunal que no pueden hablar con la prensa de esa localidad, la provincia o la nación, sin autorización previa del titular de prensa del municipio, Fabián Agüero. Y notificaron a cada uno de los ordenados por escrito, texto que se filtró a la prensa.Esta práctica no genera la deseada transparencia que la comunidad (no solo obereña) necesita. ¿Habrá molestado algún “sincericidio” cometido por algún integrante de la gestión que descolocó al Jefe? ¿O se pretende instalar algún relato sin posibilidad de disensos internos?No son pocas las municipalidades con alcaldes que le temen al conocimiento de la sociedad de los detalles de la gestión. Hace poco tiempo, en Puerto Rico, Federico Neis se enfrentó con un estudiante de 18 años que se animó a pedir información sobre la obra pública que se ejecuta allí y expresó sus críticas en la red social Facebook. Al punto de pretender, en una rebuscada interpretación, cobrarle por las horas que un grupo de empleados municipales trabajó para conseguir y fotocopiar la documentación que el joven solicitó en base a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.Evidentemente el intendente Carlos Fernández, también pretende imponer una “censura previa” a quienes deberían contar con la total libertad de información no solo a los medios de comunicación sino a todos quienes pretendan ejercer un derecho de conocer detalles de una gestión de Gobierno.El conocimiento de estos casos debe propender a producir un cambio en estas actitudes. Pero debe ocurrir desde la cabeza de la gestión hacia abajo.Decidir transparentar la gestión también desde la relación con los medios de prensa debe ser una decisión política como tantas otras necesarias para gobernar.
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