Desde que se conoció el interés del gobierno de Mauricio Macri en que China financie la construcción, a través de empresas de ese país, de viviendas sociales en la Argentina, estalló la polémica. Según publicó el <a href="http://www.lanacion.com.ar/">diario La Nación</a> el pasado viernes, los diseños que más interesan a la administración de Macri son aquellos pequeños edificios de departamentos de entre tres y cuatro pisos que posibilitarían una mayor cantidad de soluciones habitacionales en zonas de alta densidad poblacional (como por ejemplo el conurbano). Del menú chino también atraen las casas de dos pisos tipo dúplex, pero no las unidades clásicas con techo a dos aguas que deberían ser puestas una al lado de la otra sobre grandes extensiones de tierra.Estas características despertaron, por distintos motivos, la preocupación de fabricantes y constructores locales; de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra); de varias provincias donde los planes de vivienda juegan un rol importante en materia de empleo; y hasta de arquitectos e ingenieros, que pusieron en duda la calidad de las unidades.El método de fabricación de los chinos es el siguiente: vivienda industrializada o prefabricada que, con paneles de hormigón que se encastran y a los que luego se les conectan todos los servicios, permite una mayor escala de producción, velocidad de ejecución de obra, abaratamiento de costos y reducción de mano de obra, aunque sube el nivel de calificación necesario de los obreros empleados.Diferencias La iniciativa cayó como una bomba en el sector de la construcción local, que se embarcó en una puja verbal por ver quién tenía el mejor sistema. Así, los fabricantes de casas de madera, los “ladrilleros” (construcción húmeda) y las empresas de vivienda industrializada (construcción en seco) empezaron a reclamar que se las privilegiara por encima de las opciones orientales.“¿Por qué fueron a buscar a los chinos si en el país tenemos un sector subexplotado, con aserraderos y madereras que dan empleo a 24.000 personas y sostienen las economías regionales en Misiones, Salta y Corrientes?”, se pregunta Leandro Mora Alfonsín, director estratégico de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (Faima). Y afirma que sus afiliadas pueden producir casas de madera de calidad de 60 a 70 m2, con un costo de construcción de US$ 600, frente a los US$ 850/900 de la construcción húmeda. De todos modos, admite que los bancos no quieren financiar viviendas en madera por la falta de normativa.“Estas viviendas [del Prodevi] no se hacen con argentinos porque no traen el financiamiento. Con argentinos hacemos lo que tenemos en el presupuesto nacional y con eso no alcanza para reducir el déficit habitacional, que es de 3.800.000 hogares y no para de crecer”, contestó Iván Kerr, subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y recuerda que se armó una mesa con el sector maderero para incorporar sus viviendas en el Plan Belgrano.Pero las casas chinas siguen en el centro de los rumores. “Es vivienda industrializada, más que prefabricada, que permite bajar costos y tener plazos menores de ejecución de obra, con ventajas para los beneficiarios y ahorro para el Estado -explica Kerr-. Las empresas están obligadas a montar plantas en el país, con mano de obra y materia prima locales. Para la instalación, a la mayoría les interesa la zona de Zárate y Campana por la cercanía con los ríos Paraná y Uruguay. Las casas no vendrán en barcos armadas ni en partes para ser armadas acá. Habrá lugar para todos”, finalizó.La vivienda social promedio que quiere el Gobierno es de entre 55 y 60 metros cuadrados. El precio máximo que está dispuesto a pagar por su construcción es de US$ 1.000 el m2 más un 20% de costo de infraestructura, aunque confía en recibir ofertas por menor valor. La intención oficial es que el costo de construcción y el precio que pague el beneficiario sean iguales y no se desfasen. Con todo, el precio máximo a financiar por el Prodevi será de $1.650.000 (poco más de US$ 100.000) por el 90% del valor (tiene que anticiparse el 10%), con lo cual los interesados podrán acceder a viviendas de mayor superficie. Las condiciones de la hipoteca, tasas y plazos de pago los definirá cada uno de los bancos que participen en el programa y canalicen las líneas de crédito. La entrega por parte del Estado sería a los 18 meses.Con este esquema de financiamiento externo el Gobierno quiere construir 15.000 viviendas en tres años -a partir de principios de 2018- para sectores medios (con ingresos familiares de $16.100 a 32.200), donde identificó un déficit habitacional de 600.000 hogares. Para esto ideó el Programa de Desarrollo de Vivienda (Prodevi), cuya implementación se articulará con el actual Procrear.
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