La reacción popular se reflejó también en el Senado, donde hubo una inusual unanimidad en la sanción de un proyecto de ley modificatorio del artículo 7 de la Ley 24.390 para especificar que el 2×1 “no es aplicable” a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra. La reacción de los legisladores expresó simbólicamente la vigencia de un compromiso profundo de la sociedad en contra de la impunidad. Desde el inicio, al decidirse una cuestión de tan relevante repercusión institucional desde el máximo tribunal judicial de la Nación con un fallo dividido, quedó planteada la naturaleza controversial de la decisión judicial. En el plano jurídico, que si bien es complejo de analizar debe cumplir con algunos requisitos básicos, el voto mayoritario fue más que dudoso. Es que el condenado cuya defensa pidió la aplicación de la rechazada ley aplicada entre 1994 y 2001 (hoy derogada); no estaba acusado en ese entonces, por lo cual nunca le podría corresponder una aplicación retroactiva. Esta circunstancia fundamenta una duda más que razonable y explica el voto mayoritario únicamente desde la política y más concretamente desde la estrategia electoral. La reacción tardía del presidente Macri, que se tomó una semana para recordar que siempre estuvo en contra de la “Ley del 2×1” y que detesta cualquier clase de impunidad; y las declaraciones contradictorias en su entorno, son claras señales al respecto. La contaminación política del fallo de la Corte, sin embargo, no es lo esencial ni lo más destacable en una Argentina donde la judicialización de la política y la politización de la Justicia son un dato abrumador de la realidad de todos los días. Sí es de destacar, más allá de las diferencias políticas, el pronunciamiento de la mayoría del pueblo argentino contra la impunidad.
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