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Codicia por la tierra: latifundios vs colonos y aborígenes

26 marzo, 2017

Las fértiles tierras agrícolas de Paraguay se concentran en manos de pocos latifundistas que expulsan impunemente a sus habitantes para producir soja y ganado bovino, los principales productos de exportación del país. Un 2,5% de la población de Paraguay concentra el 85% de sus tierras agrícolas, lo que lo convierten en uno de los países con más latifundios del mundo.Entre 2004 y 2014 el precio de una hectárea aumentó de 200 dólares a 1.200 o más. En las zonas más fértiles y con infraestructuras viales desarrolladas los precios pueden alcanzar los 15.000 dólares por hectárea.“¡Avancen! ¡Avancen! ¡Avancen!”, gritaba el jefe de un batallón de 150 policías armados frente a una asamblea de 50 campesinos. Las familias labriegas reunidas con sus niños bajo la sombra de un gigantesco mango no tuvieron tiempo de reaccionar: “¡Vamos a hablar!”, suplicaban sin efecto algunos.“No escucharon. Empezaron a agarrar a las señoras, a otro le quebraron la cabeza y nos tuvimos que esconder”, cuenta Milcíades Añazco, un labriego paraguayo de 30 años que vive con su esposa y sus dos hijos en una pequeña porción de tierra colorada cubierta de frutales en Guahory, a 250 kilómetros de Asunción y 80 de la frontera con Brasil.La comunidad, a la que solo se llega por caminos de tierra, está siendo asediada y destruida impunemente desde el pasado septiembre por latifundistas vecinos de origen brasileño, según denuncian sus habitantes, la principal organización civil del campo, la Federación Nacional Campesina (FNC), y parlamentarios de los tres principales partidos que acudieron al lugar para frenar los enfrentamientos.“Con la connivencia de la fiscalía del distrito y de la Policía Nacional los brasileños vienen y destruyen nuestros cultivos y nuestras casas. Después vienen los cascos azules a pegarnos y robarnos lo que queda”, dice Añazco mientras va señalando sus quince heridas de balín en las piernas, nalgas, pecho, hombro y las marcas de culatazos en la espalda.El 3 de enero, tras sabotear la asamblea vecinal, los agentes persiguieron a las familias campesinas en una desigual batalla campal hasta el terreno privado y la modesta vivienda de madera de Añazco, donde una veintena de mujeres y niños se refugió junto a algunos hombres.“Salí a decirles que esto era propiedad privada y que no iban a entrar. Prohibido. Hay criaturas. Vamos a hablar. Pero ahí volvieron a atacar”, narra el campesino. La respuesta de los policías fue derribar la resistencia a patadas. Tiraron gases lacrimógenos y cuando la gente comenzó a salir de la casa para no asfixiarse, los persiguieron otra vez y les dispararon con balines de goma. Al día siguiente del desalojo todavía estaban impresas en la puerta blanca de la casa de los Añazco las marcas marrones de las botas policiales. Las pertenencias de la familia quedaron destruidas. Además, robaron una cartera con dinero y todos los documentos. A su hijo de diez años le pegaron tan fuerte en la mano que lo tuvieron que llevar a Asunción para ser atendido de urgencia por una fisura.“Rompieron bocas, cabezas. Nos maltrataron mucho. A todos los que agarraban les daban y les subían a la patrullera y se llevaban las motos, todo. Las señoras les gritaban: ‘¡Aquí hay criaturas, nos rendimos, no hacemos nada!’, pero igual les pegaban”, recuerda Añazco.La Policía aseguró que intervino por orden de la Fiscalía que afirma que los campesinos ocupan ilegalmente tierras de los brasileños. También acusa a los labriegos de entrar en las plantaciones de soja de los brasileños para bloquear el paso de sus máquinas e impedir que fumiguen con agroquímicos.Tierra fértil, pero mal repartidaEn Paraguay el 80% del campesinado, aproximadamente un 35% de la población de unos siete millones de habitantes, no posee tierras. Mientras las vacas ya duplican a la gente, dos de cada diez paraguayos ingieren menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana. Las tierras más fértiles fueron deforestadas y ahora son o pasto para vacas o plantaciones de sojaporque el agronegocio es muy rentable y aporta más de un 30% al producto interno bruto del país.Solo el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que se acostumbró a importar desde Argentina y Brasil alimentos que podrían ser producidos por su campesinado, según datos del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), una organización no gubernamental.Guahory representa un paradigma de la situación de muchos rincones de Paraguay. Este lugar, que originalmente era una selva subtropical con animales silvestres, se convirtió en una llanura limpia, sin árboles, donde solo hay plantaciones de soja cuyo fin no se ve en la línea del horizonte. El asentamiento campesino quedó en medio de un siniestro mar verde de plantas de soja por donde no suele pasar un alma a menos que sea en un gran tractor para fumigar.La cría de ganado y las plantaciones de soja para exportación son la norma en el campo paraguayo, por eso el país es el cuarto exportador de soja y el sexto de carne bovina del mundo. Pero esas riquezas están en manos de una pequeña minoría. El 2,5% de la población es dueña del 85% del suelo productivo de Paraguay, según Oxfam, una confederación internacional que realiza labores humanitarias en 90 países.El caso GuahoryLa comunidad de Guahory es un oasis de árboles frutales y palmeras en medio de ese desierto verde. Pese a que, contraviniendo la ley, la soja de los latifundios llega hasta los caminos sin que haya una barrera de árboles que frenen los tóxicos de uso obligado para estas producciones, unas mil personas muy jóvenes, con muchas niñas y niños, vivían aquí arando su propia tierra de forma tradicional con agua de pozo y animales de chacra.El asentamiento ubicado en pleno corazón de la producción sojera de Paraguay, con más de 30 años de historia, está creado sobre tierras estatales y fue invadido por terratenientes vecinos de origen brasileño que reclaman la titularidad.Según denuncian los campesinos, los brasileños, dueños de cientos de hectáreas de cultivos de soja en la zona, destruyeron con sus propias máquinas las cosechas de alimentos de las familias locales.La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy) denuncia que los productores de soja compran voluntades en la Justicia y la Policía. El sistema judicial pone a disposición a cientos e incluso miles de funcionarios públicos para los desalojos.Así ocurrió en septiembre pasado, cuando los labriegos de Guahory fueron echados por primera vez por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin orden judicial, según denuncia la Codehupy. “Las familias campesinas paraguayas pagaron por las tierras y sus trámites se encuentran en distintos niveles, los productores brasiguayos habrían pagado millonarias sumas a la Policía para ejecutar el desalojo”, aseguró la Codehup
y.Qué dice el GobiernoEl titular del gubernamental Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, explica que “los brasileños que han recibido títulos en Guahory, lo hicieron antes de 2004”, antes de que cambiara la ley sobre el estatuto agrario y se prohibiera que el Estado otorgara tierras a extranjeros.“Las maquinarias ingresaron a destruir las viviendas de los paraguayos porque estaban en propiedad privada de los brasileños. La Policía hizo su tarea, y eso ocurre aquí, en España, Suecia, Estados Unidos o donde usted quiera”, asegura Cárdenas.El Gobierno anunció que los afectados serían reubicados en nuevas tierras, algo que la mayoría de los agricultores rechaza  dado que prefieren quedarse en sus tierras originales, mucho más productivas.Los desalojos también afectan a los pueblos indígenas (hay casi una veintena de pueblos originarios presentes en el país) que son expulsados continuamente de sus tierras ancestrales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Paraguay en tres ocasiones por permitir la violación de los derechos de las comunidades Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek. Todas ellas fueron desalojadas de sus territorios milenarios en el Chaco paraguayo por empresarios ganaderos.Fuente: diario El País

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La Dra. Luciana Sommer Aromí analiza el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años. Explica por qué considera que la reforma no resuelve el problema del delito juvenil, los riesgos para los adolescentes y las dificultades operativas que enfrentarían las provincias. 

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