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A cinco años de la toma de la Jefatura de Policía en Posadas

28 febrero, 2017

(Informe completo publicado el miércoles 29 de febrero de 2012) Al grito de “es nuestro lugar de trabajo y también nuestra casa”, unos 200 acuartelados irrumpieron en la Jefatura de Policía de Misiones y tomaron el edificio en forma pacífica.El “operativo relámpago” para tomar el edificio, ubicado en la esquina de Tucumán y Félix de Azara, se inició a las 19, cuando alrededor de treinta uniformados -en su mayoría de civil- ingresaron al lugar por los dos accesos principales. Rápidamente cerraron y cubrieron todos los ingresos, colocando guardias en las puertas. Con el correr de los minutos fueron acercándose más integrantes de los acuartelados, quienes se sumaron a la toma, que de acuerdo a sus representantes y al abogado de los efectivos que se encuentran en protesta “será hasta que el Gobierno acepte nuestra propuesta de mejora salarial”.En una hora unos 200 uniformados (de distintos puntos de la provincia) habían “copado” el edificio y se organizaron en varios grupos para coordinar las labores dentro de Jefatura.Desde el Comando Radioeléctrico I, donde se encuentran desde hace ocho días los acuartelados, fueron llegando las familias de algunos policías, ya que varios de ellos tenían previsto pasar la noche en el lugar. “El objetivo es que sea nuestra ‘cuadra’, lo acondicionamos con colchonetas y hacemos guardias en los accesos para impedir que entren infiltrados. Acá pasarán la noche algunas de las familias de quienes están sumados a esta lucha por nuestros derechos”, afirmó uno de los policías.Munaretto tuvo que retirarse Casi en forma simultánea con la llegada del grupo de acuartelados, el actual jefe de la Policía, Jorge Munaretto, tuvo que salir de su oficina y abandonar el lugar, aunque no se habría cruzado con los efectivos que ingresaban.Luego, según se pudo escuchar desde afuera, “invitaron” a quienes se hallaban cumpliendo labores a que se retiren del edificio, que se fue desalojando en la medida en que era tomado por quienes llevan adelante la protesta. Hubo forcejeos y empujones que no llegaron a mayores, teniendo en cuenta que algunos jefes que se hallaban en el predio tenían la intención de quedarse.Poco después de las 20 los propios policías repartieron una fotocopia de un proyecto de decreto del Gobernador que autorizaría la compra de un helicóptero por una suma multimillonaria, lo que causó indignación en los grupos que se hallaban en el lugar.Cerca de las 20.30 se hizo presente el abogado Marcelo Rodríguez, quien manifestó que ingresó al lugar para interiorizarse. Al cabo de una hora de reunión con los delegados que estaban dentro de la Jefatura el letrado reveló que tras la toma “oficialmente el Gobierno no se comunicó ni con la comisión a cargo de las negociaciones, ni con los delegados. Hubo una supuesta propuesta a la madrugada que luego se supo no era real”. Indicó que el “personal se encuentra desarmado y no hubo heridos durante la toma pacífica. No hubo daños ni violencia ni escaramuza. Les sugerí al personal que cuiden los elementos dentro del predio, como ser los elementos informáticos. Para que esto se solucione sin mayores conflictos necesitamos diálogo y sentarnos a negociar. Los ánimos están muy susceptibles y sensibles”.La voz de los autoconvocadosMientras continúan a la espera de una respuesta favorable, los autoconvocados coincidieron en que reducir el gasto político puede ser una opción para que el presupuesto alcance a cubrir el aumento de sueldos, después de las “limitaciones” de las que habló el gobernador Maurice Closs en las últimas horas.Ese fue el resultado de un relevamiento realizado por PRIMERA EDICIÓN durante la mañana de ayer en la esquina de Uruguay y Félix Bogado, donde más de 1.500 uniformados permanecen en lucha por un aumento “en blanco y en el básico”.El último lunes, en un acto realizado en Garupá con el que quedó inaugurado el ciclo lectivo escolar, Closs reconoció que el reclamo de los efectivos policiales es justo, aunque dio a entender que el presupuesto no alcanza para responder el pedido de los autoconvocados.Al respecto, ayer por la mañana los policías se mostraron disconformes con las declaraciones del mandatario provincial, y aseguraron que una reducción en el gasto político de la provincia, por ejemplo, permitiría contar con presupuesto para afrontar los compromisos salariales en cuestión.En ese sentido, el ciento por ciento de los encuestados -prácticamente un centenar- aseguró que el derroche en la utilización de bienes y patrimonios del Estado para beneficio de unos pocos puede servir a la hora de solventar el aumento deseado.Los millones de pesos que van a parar a organizaciones “no gubernamentales” o fundaciones de dudoso origen, la sobrefacturación en obras faraónicas, las ostentosas pautas publicitarias a medios amigos y otros tantos fines proselitistas con los que el dinero destinado no llega al bienestar general conforman, para los policías en huelga, una de las principales “limitaciones” de las que nadie en el Gobierno provincial se anima a hablar.En tanto, sobre el ofrecimiento de un aumento al básico de un 30% considerado como “histórico” por el oficialismo y que significa no más de 100 pesos -el básico de un uniformado es de 240 pesos, en promedio- los efectivos coincidieron en que “es una burla” y descartaron cualquier posibilidad de análisis al respecto.“Eso es un chiste, es una broma de mal gusto. Si les parece serio, que el Gobernador y los ministros traten de vivir mes a mes con el sueldo de un policía”, reiteraron en las veredas del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I los autoconvocados.Según confirmaron a este medio, día a día se siguen sumando a la protesta efectivos de distintas dependencias policiales de Posadas y 
del interior, muchos de los cuales hasta llegaron a contraer créditos bancarios para costear los gastos de transporte.“Estamos más firmes que nunca y no vamos a ceder hasta que se cumplan con las exigencias. No estamos haciendo política, sólo queremos un salario digno, que nuestras familias puedan vivir como corresponde y que nuestros hijos tengan la educación que se merecen. Se trata de nuestros derechos”, coincidieron nuevamente y al unísono los policías, que continúan resistiendo sobre la avenida Uruguay.Entre Ríos, Santa Fe y Chubut dieron su apoyoEn el mediodía de ayer, se presentaron ante los autoconvocados representantes de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Fasipp), quienes apoyaron el reclamo misionero y aseguraron que el mismo es “una mecha que puede llegar a prender en todo el país”.En diálogo con PRIMERA EDICIÓN, Carlos Michia (44) aseguró que los sueldos de sus pares misioneros “están por debajo de la línea de pobreza”, y en un mensaje a lasociedad recordó que “si tenemos policías mal pagos, la seguridad en las calles también será mala”.Michia es suboficial de la Policía de Chubut y recorrió más de 2.500 kilómetros para “apoyar el reclamo genuino de los ‘obreros policiales’, porque nosotros también somos trabajadores y queremos vivir dignamente”.Otro de los presentes fue Alberto Martínez (49), oficial auxiliar retirado de la Policía de Santa Fe, quien calificó a la movilización misionera como “histórica” y recordó que “hasta el gobernador de la provincia reconoció que el reclamo salarial es justo”.El santafesino pidió “autocrítica” a las autoridades “por esperar hasta que todo esto suceda para tocar el tema de los sueldos”, y solicitó una pronta respuesta “para que el conflicto se destrabe y nuestros compañeros vuelvan a trabajar, que es lo que quieren”.Finalmente, el oficial principal activo Ricardo Raffo (40), de la Policía de Entre Ríos, también se dirigió a la masa policial y dijo que “con la creación de un sindicato de policías misioneros, quizá todo este conflicto se podría haber evitado”.Raffo, permanente luchador y con cinco sumarios en la fuerza entrerriana, dijo que el de los autoconvocados “es un reclamo justo” y aseguró que en una de las últimas asambleas de la Fasipp el “tema Misiones” fue tratado y se dispuso nacionalizar la protesta para que “todos los policías del país puedan contar con un salario acorde a sus necesidades”."Marcha por la democracia"En una reunión de Gabinete de urgencia, convocada anoche por el gobernador Maurice Closs, el Gobierno decidió que no cederá a las presiones y condicionamientos de los policías acuartelados y esperará a que acepten la propuesta de 40%.Según manifestaron dos funcionarios presentes en el cónclave, todos coincidieron en que la toma de las instituciones policiales pone en riesgo el estado de derecho de la población civil y en estas condiciones el Gobierno no volverá a negociar con los manifestantes.Se decidió además convocar a una movilización multisectorial de la población a favor de la democracia para hoy, a las 9, en la Plaza 9 de Julio de Posadas.Para ello funcionarios del gobierno convocaron a intendentes y funcionarios de todos los municipios a que convoquen a militantes y adherentes. La idea es superar las 50 mil personas en una movilización pacífica. Operadores de la renovación armaron anoche un campamento en la Plaza 9 de Julio, frente a Casa de Gobierno, para defender la Gobernación. Según uno de los presentes, esto es a causa del temor del gobernador a que le tomen la Casa de Gobierno.Obispos preocupados“Compartiendo la preocupación de nuestro pueblo ante los conflictos sociales como actualmente se da en la familia policial, como obispos de las tres Diócesis de la provincia de Misiones, hacemos un urgente llamado a la reflexión invitando a las partes involucradas a llegar prontamente a un acuerdo, dado en un marco de Justicia y paz, considerando en toda negociación las partes deben ceder en su posturas en orden al bien común”, indica un comunicado difundido anoche por los obispos Juan Rubén Martínez (Posadas), Santiago Bitar (Oberá) y Marcelo Martorell (Puerto Iguazú).

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Invitado a conocer el proceso de elaboración, PRIMERA EDICIÓN asistió a lo que  podría describirse como una “clase magistral” sobre la producción artesanal de almibarados, mermeladas y del famoso dulce de leche del Instituto Agrotécnico Salesiano Pascual Gentilini. Se acerca el centenario de la institución y se anticipan novedades y festejos con la comunidad.
El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la posesión comunitaria de sus territorios y prohíben los desalojos sin consulta previa. Sin embargo, en 2024, el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, lo que provocó, desde entonces, una ola de desalojos en muchas provincias.
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El constante incremento en el combustible encarece el flete y se calcula que, si se aplica un alza, impactará en aquellos artículos que eventualmente enfrentan mayor escasez, como el dorado.
Licenciada en enfermería, lleva más de 30 años en la profesión y ejerce en el Hospital Nivel III Samic de Oberá. Se especializó en atención neonatológica y pediátrica y ayudó a salvar miles de vidas, labor por la que recibió el reconocimiento “Marta Teodora Schwarz - El Ángel de la Selva”. Junto a sus hijos: Adriano y Franco creó la iniciativa solidaria “Juguete pendiente Oberá”.
Lo advirtió el docente Fabián Doretto, quien se desempeña como personal único en una escuela de Campo Ramón. Quien fue distinguido como el “Maestro del Año” en 1999, invitó a tomar conciencia porque “están quedando despobladas, bajando de categoría y se cierran secciones, que son fuentes de trabajo”.
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