El Presidente de los Estados Unidos removió este lunes del cargo a la fiscal general interina del país, Sally Yates, quien ordenó a su equipo a no defender el polémico decreto del presidente que impide el ingreso a los Estados Unidos de refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes.Yates detonó una verdadera crisis institucional al enviar una carta a su equipo con serias dudas sobre la legalidad y la moralidad del decreto firmado por Trump el viernes."No estoy convencida de que el decreto sea legal", escribió Yates en el mensaje a sus subordinados, en un abierto desafío al presidente.Yates conducía los destinos del Departamento de Justicia desde la renuncia la exsecretaria Loretta Lynch, y debía permanecer en el cargo hasta que el Senado confirme la nominación del legislador Jeff Sessions para encabezar la cartera.Al final de la jornada, la Casa Blanca anunció el despido sumario de Yates y el nombramiento de la Fiscal General del Distrito Oriental de Virginia, Dana Boente, para ocupar el cargo interinamente hasta la confirmación de Sessions.En una nota oficial de tono inusualmente agresivo, la Casa Blanca afirmó que Yates "traicionó al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una directiva legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos".En una frase que recuerda la retórica personal del presidente, la nota apuntó que Yates "fue nominada por el gobierno de Obama, y es débil sobre fronteras y muy débil sobre inmigración ilegal".El abierto desafío lanzado por Yates y su despido constituye el último capítulo de la espectacular polémica abierta por el decreto promulgado por Trump el viernes, y que ya el fin de semana se convirtió en un controversia de alcance global.El decretoEl polémico decreto de Trump suspende por 120 días el ingreso de refugiados (para los provenientes de Siria el plazo es indefinido) y por 90 días para ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.En el Congreso, la nominación de Sessions (partidario de aplicar ’mano dura’ contra inmigrantes ilegales) deberá ser votada el martes en la Comisión de Justicia del Senado, antes de ir al plenario de esa cámara.Pero influyentes legisladores del propio partido de Trump ya expresaron su frontal rechazo al decreto y la forma en que la Casa Blanca trató la cuestión.En medio del caos, el gobierno fue blanco de múltiples demandas en la Justicia para anular los efectos del polémico decreto. Hasta ahora, fiscales generales de 16 Estados ya manifestaron dudas sobre la constitucionalidad de la medida.Fuente: Medios Digitales
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