Mientras rige la medida de “no innovar” en el lote 89 y aún está latente el pedido de nulidad del relevamiento por el cual se otorgan 1.080 hectáreas a dos comunidades mbya, el cacique de Ysyry, Dalmacio Ramos, y el representante de Aguai Poty, Kleiton Duarte, pidieron al Estado “una pronta solución” y que quienes aborden la problemática lo hagan con responsabilidad, “porque mucho de lo que se dijo no es verdad”.“Las dos comunidades tenemos el mismo conflicto, queremos pedirle al Estado que se solucione nuestro problema porque hay mucha palabrería, estamos pasando demasiadas críticas, discriminaciones, amenazas y necesitamos que sea responsable, estamos sufriendo mucho, no sabemos qué viene después, no sabemos qué va a pasar”, dijo a PRIMERA EDICIÓN Ramos.Tanto Ramos como Duarte hicieron hincapié en como mbya no buscan pelear ni estar involucrados en discusiones tan fuertes; menos aún estar siempre resistiendo, porque “se habló mucho en público, en la radio, pero las comunidades en ningún momento reaccionan mal, por eso queremos que el Estado se ocupe pronto y se arregle nuestro problema”.“Las amenazas son constantes, uno a veces tiene miedo de salir de compras, la radio municipal se expresa de una manera muy discriminativa, eso “nos afectó bastante, porque hay un problema, pero ellos lo sobrepasaron, hablaron cosas que no hicimos. Deben ser responsables con lo que se dice”, apuntó Ramos.La coordinadora nacional del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), María Josefa “Kiki” Ramírez, por su parte, aclaró que “el comité contra la discriminación de la ONU, cuando se refiere a los territorios indígenas, dice que el principal factor por el que sucede la discriminación es la falta de territorios y la falta de seguridad e insta a que se hagan los relevamientos”.Ramos explicó que el problema no está en que lo llamen “indio”, sino el tono con que se utilizan las palabras. E hizo hincapié en que problemas como este acentúan la discriminación; “hablan que somos intrusos, que venimos a robar la tierra, que robamos gallinas, frente a la gente de Mado somos de otro mundo”.Y ejemplificó: “El Intendente de Mado dijo ‘vamos a luchar por la gente del pueblo y a tratar de reubicar a las comunidades’, como si fuera que no somos personas. También dijo ‘tranquilos, esto se va a solucionar, la Provincia está a favor de la gente’; ¿no somos gente acaso?”.“Me dolieron mucho en el corazón las mentiras que se dijeron, cuando se relevó sólo se hizo en todo el sector del monte, cuando hubo problemas el Intendente aseguró que el relevamiento abarcó el barrio, eso no es así y ahora somos atacados por los vecinos”.Audiencias públicasTímida, con la voz quebrada y en guaraní, la anciana de la aldea Ka’a Poty contó a este Diario que por primera vez vino a la ciudad, movida por la preocupación y por la necesidad de hacer algo habló en la audiencia pública, convocada el martes pasado, por el Ministerio de Ecología, que si bien no es vinculante tiene la obligación de llevarlas a cabo para autorizar o no la extracción y el corte de árboles en territorio de comunidades indígenas.“Es muy difícil venir a plantear lo que siente, cada corte de madera para ella es una pérdida de vida, al monte se le terminan las frutas que comen los niños, la miel, se van los animales”, dijo a su traductor y nombró al “kochi” (pecarí labiado), considerado sagrado por los mbya y que comienza a verse deambular por la zona después de mucho tiempo.“Ver, cazar el kochi para ellos es muy importante espiritualmente, que los ejemplares se vayan les causa mucho dolor”, explicó Kiki Ramírez.E insistió en que estas audiencias se hicieron desde la interculturalidad o lo más cercano posible y es algo que importa, porque es un logro de las comunidades. En esta ocasión se encaró el perjuicio a Arroyo 9, de la mano de una empresa perteneciente a Pablo Tschirsch y Carba, de la que participaron representantes de Ka’a Poty, Ka’a Kupe, Yychyry, Ka’a Miri Rupa, Aguai e Yvytu Pora.Lamentablemente, “cuando hace una evaluación de impacto no se toma en cuenta el daño cultural que esta extracción va a producir”, mencionó Ramírez e insistió en que “no se hizo ningún estudio antropológico para ver cuál es el modo de uso, las costumbres, la cultura, se tuvo sólo en cuenta el impacto ambiental desde la concepción no indígena pero nada de lo social o cultural, eso faltó; por eso esperan que “el Estado provincial tenga en cuenta lo que escuchó”.
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