“En Garupá hay un supermercado que retiene las tarjetas de crédito y débito con el PIN de la gente que saca fiado. Cada fin de mes, empleados del comercio van al cajero electrónico a la madrugada para cobrar, y las vuelven a guardar en cajas”. “En Itaembé Miní hay un comercio que maneja las tarjetas de débito de los clientes desde hace mucho tiempo. Extrae el dinero de los clientes y se lo ‘administran’; otorgan créditos ‘a sola firma’, pero siempre piden garantías de ese tipo”. “En Capioví, una persona que estuvo ligada a la política municipal retiene las tarjetas alimentarias de los aborígenes de la aldea El Pocito. El dueño del mercado va a buscarlos, los lleva a concretar la compra y los devuelve a la aldea. Los nativos entienden que el comerciante los ayuda de alguna forma”.Estos tres casos son apenas una muestra de la enorme cantidad de testimonios que integran un relevamiento de presuntas estafas con tarjetas de débito y tickets alimentarios en toda Misiones por parte de prestamistas y pequeños comercios que retienen los plásticos a modo de “garantía”. Según el mismo relevamiento, estos prestamistas o comerciantes “fían” mercadería u otorgan dinero en efectivo a clientes desesperados, generalmente beneficiarios de planes sociales, y les retienen las tarjetas con los códigos de seguridad para “autopagarse” las cuotas. Claro que a precios alevosos en caso de las mercaderías, o con intereses usurarios en caso de los préstamos, y todo, por supuesto, al margen de la ley.Los datos surgieron por la inquietud de un grupo de estudiantes y profesionales que se conectó en Posadas y Buenos Aires. Uno de ellos confirmó el primer caso por casualidad en un viaje a Capioví, donde se enteró de la retención de las tarjetas alimentarias de los habitantes de una aldea mbya de la zona. Pronto cayó en la cuenta de que se trata de una metodología común, aunque ilegal y sin control, y que tiene como foco a las personas en situación vulnerable.“Me dio impotencia y bronca pero no me quise quedar con estos sentimientos sin hacer nada. Me contacté con un licenciado en ciencias políticas y con un abogado que trabaja en temas de acceso a la justicia, y decidimos recolectar los casos que la gente nos acerque voluntariamente para elevar todo a la Fiscalía Penal en turno”, contó el joven estudiante de Arquitectura que, al igual que el resto del grupo, preserva su identidad para evitar represalias de los prestamistas.Para que la gente los contacte armó una página en Facebook (“Denunciemos los fraudes con tarjeta”) que en apenas diez días logró la atención de decenas de víctimas. Con los aportes de los involucrados, el grupo comprobó que la metodología no es nueva, pero florece cuando la crisis económica se acentúa: en apenas diez días, el relevamiento logró identificar a medio centenar de personas afectadas y a 39 prestamistas o comerciantes que retienen las tarjetas. Como relatan los testimonios de las decenas de casos registrados, hay personas humildes que directamente no manejan sus tarjetas desde hace más de un año, cuando las dejaron en manos de algún inescrupuloso que les prestó, por ejemplo, 3.000 pesos, que con intereses se convirtieron en casi el triple, y que para pagar el préstamo inicial tomó otro préstamo del mismo prestamista, siempre con intereses usurarios. Desde siempre, pero másEn 2012 se realizó un allanamiento en Posadas en el que se secuestraron más de cien tarjetas de débito (con sus respectivas claves) de beneficiarios de planes sociales, asignaciones familiares y pensiones no contributivas en un comercio de Itaembé Miní que se dedicaba a los préstamos “a sola firma”. El operativo lo solicitó la Afip-DGI y se realizó por orden del Juzgado Federal de Posadas. En principio, se calificó al expediente como “estafa”. El año pasado en Formosa, un hombre fue detenido por Gendarmería con 70 tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales. La detención desató el alerta sobre el accionar de los llamados “usureros” y su modus operandi, pero duró apenas unos días. Tanto en aquella provincia como en Misiones la metodología siguió en pleno auge y las “ofertas” de préstamos “a madres de siete hijos” aumentaron exponencialmente, especialmente en los grupos de compra-venta de Facebook. “Se dedican a prestar sumas de dinero pero a cambio les piden que les entreguen las tarjetas de débito. Cuando llega el momento del pago, el prestamista acompaña a la víctima al cajero y se queda con su cuota, con intereses altísimos que por lo general obliga a las personas a sacar un nuevo préstamo con más intereses usurarios para pagar el préstamo anterior”, contó uno de los profesionales que se involucró en la meta de develar la operatoria y los lugares en las cuales se detecta en Misiones. En las redes sociales son cada vez más los avisos que ofrecen “efectivo ya, con mínimos requisitos, sin veraz” especialmente a “pensionados, jubilados, madre de siete hijos, pensiones no contributivas”. En la invitación a obtener un préstamo en estas condiciones no dicen que se quedarán con la tarjeta, pero parece la consecuencia lógica para quienes están dispuestos a ofrecer el dinero a quienes no tienen real capacidad crediticia. Explosión de casos La página “Denunciemos los fraudes con tarjeta” explotó apenas se puso en línea en Facebook, cuentan sus promotores. “Empezó a comunicarse gente de toda la provincia, de Wanda, Libertad, San Vicente, Garupá, Posadas, Candelaria… de una punta a la otra de Misiones, no hay una zona en particular donde no se esté dando esta operatoria. Incluso nos pasan datos un poco turbios que a veces nos hacen pensar qué tipo de gente está detrás poniendo a trabajar de esta manera la plata” reflexionan. Hasta el momento el municipio que más casos registrados tiene según esta página es 25 de Mayo. Le siguen en cantidad Wanda, el barrio Itaembé Miní, en Posadas, y Eldorado. Mantener el anonimato para los que se embarcaron en esta tarea tomó un sentido muy particular cuando comenzaron a llegarles no sólo denuncias, sino también ataques. Desde personas que defienden la operatoria del préstamo considerando que se trata de un servicio para quienes no califican en el sistema financiero legal, hasta otros que los insultan, les advierten, les avisan, hay de todo entre los comentarios que son públicos. Un delito especial que no fueEn 2012 Rubén Yazbek, entonces legislador nacional por Catamarca, presentó un proyecto para incorporar como delito al Código Penal “la retención de tarjetas de débito de cuentas sueldo, jubilaciones y de planes sociales, con fines de garantía de pago de préstamos o compras”. Pese a contar con el consenso de los integrantes de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, el proyecto finalmente quedó estancado. El leg
islador advertía en su proyecto sobre la operatoria en la que comerciantes y prestamistas solicitan las tarjetas bancarias de débito con el fin de garantizar el pago de deudas u obligaciones contraídas por los titulares de los plásticos, hecho que puntualmente no está tipificado pero que es ilegal, ya que las tarjetas son de uso personal e intransferible. “Los afectados, al no tener otra posibilidad para respaldar el cumplimiento del compromiso adquirido, aceptan entregar su tarjeta y clave para que su acreedor la manipule y ‘se cobre’ la deuda, disponiendo a su arbitrio e ilegalmente de la totalidad del haber, sueldo o beneficio, burlando las restricciones legales sobre los mínimos de afectación a tales ingresos”, explicaba entonces.La Justicia, en los pocos casos en los que actuó en relación a este modus operandi, calificó a la retención como “estafa” o “fraude”, pero según el mismo legislador, al no encuadrarse las conductas exactamente en estos delitos, los protagonistas siempre “zafan” si tienen un buen abogado. “Esta conducta debe ser punible en forma particular, ya que no encuentra una tipificación concreta y definida dentro de nuestro Código Penal, que configura claramente un abuso del estado de necesidad de los grupos más vulnerables de nuestra comunidad, empleados de bajos recursos, jubilados y beneficiarios de planes sociales”, justificaba. Deberle a los colombianosOtra de las operatorias en auge en distintas ciudades de la provincia es el préstamo que ofrecen los colombianos emigrados a Misiones y a otras provincias del NEA y el NOA. “Te prestan efectivo en el momento y te cobran en varias cuotas pero todos los días. No me retuvieron la tarjeta pero cobran seguro porque te apuran”, contó Estela, puestera de un mercado comunitario posadeño que estaba desesperada por efectivo para reponer mercadería y “cayó” en la opción más rápida, pero también la más intimidante. Si bien hay muchos mitos en torno de la actividad de los colombianos y la manera en la que “convencen” al deudor sobre la obligación de devolver, tanto la vendedora como otros consultados aseguran que la opción es “un salvataje” cuando hay una urgencia en el negocio o en la familia. “Te cobran intereses y hay que pagar, pero cuando uno está desesperado, no te importa nada. Es lo que hay, y en el momento, te salva”.
Discussion about this post