La renuencia renovadora a avanzar con cualquier resolución en torno al pedido de habilitación comercial del Casino del Hotel Maitei postergaría hasta el próximo año alguna definición del Concejo Deliberante local, y la sala de juego continuaría funcionando en la situación especial actual. La falta de una definición, por parte del Superior Tribunal de Justicia provincial, en torno al conflicto de poderes planteado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos (Iplyc), cuestionando la jurisdicción municipal en cuanto a intervenir en la habilitación de salas de juego de azar en la ciudad, contribuye a esta situación.El tema comenzó a ser analizado el lunes último en la Comisión de Legislación General, Régimen del Empleado Municipal y Enjuiciamiento, luego de que se encontrara -entre papeles guardados en una oficina- el expediente “extraviado” que el Iplyc presentó, en 2014, con el pedido de habilitación comercial para ese local de juegos ubicado en cercanías del Centro del Conocimiento. La solicitud, que reúne toda la documentación requerida para estos casos, significaría, de alguna manera, el reconocimiento indirecto por parte del organismo provincial de la potestad municipal en el control comercial.En el grupo de trabajo que preside el concejal “positivo” Gabriel Nielsen habría mayoría para suscribir el dictamen correspondiente. Pero éste, para prosperar en el recinto, necesita el apoyo de diez de los catorce votos de los miembros del cuerpo. Una votación insuficiente (el Interbloque Opositor reúne a ocho ediles) frustraría cualquier avance hacia la regularización de la habilitación comercial faltante del Casino Maitei y forzaría al Departamento Ejecutivo a intervenir y disponer su clausura.Si no hubiese un cambio de actitud del oficialismo, el tema pasaría al año próximo, ya que el actual período de sesiones concluye el próximo 30 de noviembre. Aunque, dada su antigüedad, el expediente ya debiera perder estado deliberativo y las actuaciones comenzar nuevamente.Desaliento al juego en el municipioEl artículo 72 de la Carta Orgánica Municipal (COM), revisada en 2010, es el que establece el régimen necesario para la habilitación comercial de salas de juegos de azar en el municipio, además de prever un horario de doce horas para la apertura diaria de éstas (lo que hoy no se cumple). Según esa disposición, cualquier permiso en la materia debe ser aprobado por dos tercios del total de los integrantes del Deliberativo municipal, previa audiencia pública no vinculante donde se escuche la opinión de los vecinos y sectores interesados sobre la conveniencia o no de la habilitación.En ese artículo y el 73, la Constitución Municipal revisada prescribe que “el Gobierno municipal desalentará la instalación de salas de juego en el ejido municipal” y, además de las medidas restrictivas para su habilitación ya mencionadas, plantea el desarrollo de acciones preventivas que “desalienten el juego y el consumo de todo tipo de sustancias generadoras de dependencia”, así como de un programa de asistencia para quienes las padezcan. Contra estas previsiones accionó judicialmente el Iplyc a mediados de 2010, cuando la Convención Municipal Constituyente aprobó esos dos artículos, incluso antes de que entrara en vigencia la actualización que se hacía en esos momentos sobre la COM original, de noviembre de 1988. La revisada norma madre posadeña entró en vigencia hacia fines de aquel 2010: el 10 de noviembre.Ese recurso de “inconstitucionalidad” contra la flamante norma, concedida en primera instancia y rechazada por cuestiones técnicas en alzada, se convirtió en un planteo de conflicto de poderes entre la legislación provincial y la normativa comunal, cuya competencia corresponde al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, donde se halla actualmente. Para el Iplyc, la norma contradice a una ley provincial que le da la potestad en materia de salas de juego de azar; y para la Municipalidad, se avasalla la autonomía garantizada constitucionalmente, ya que la habilitación y el control de la actividad comercial es de jurisdicción comunal.
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