Oscar “Coqui” Lorenzo fue destituido el lunes por los otros seis concejales renovadores en una sesión a la cual no fue invitado, a pesar que todavía era concejal. Fue notificado de la decisión recién el martes de manera insólita. Por una nota que le acercó el comisario del pueblo, informándole que ya no era concejal.La causa fue que en 2002 y 2003, cuando Lorenzo era intendente de la localidad, fue multado por el Tribunal de Cuentas y hasta la fecha no pagó esas multas. Por esta razón los seis concejales conformaron una comisión investigadora que sugirió la destitución. Los mismos concejales dieron ese paso el lunes.Para Lorenzo, no hay dudas de que se trata de una “clara persecución política” porque “yo era el único que estaba molestando a la gestión del intendente renovador, Jorge Kappaunn, realizando pedidos de informes y denunciando irregularidades. Sus críticas y denuncias incluso salpicaron por desmanejos al actual ministro del Agro, José Luis Garay, quien fue intendente hasta hace dos años. “Por primera vez veo un juicio donde el acusado no está en el banquillo y ni se entera que lo están juzgando, eso pasó conmigo el lunes, no me invitaron ni me avisaron que me iban a destituir. No tuve oportunidad de hacer un descargo ni defenderme”, sostuvo Lorenzo a PRIMERA EDICIÓN.Anticipó que apelará la decisión al Superior Tribunal de Justicia porque “me parece una medida extemporánea ya que pasaron más de diez años y encima de todo yo no tuve inconvenientes: pude ser candidato, electo, juré y asumí y estaba cumpliendo mi rol de opositor. Eso me parece que molestaba a los poderosos y por eso me destituyeron”.Para el ex concejal “queda claro que la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas no miden con la misma vara y están cumpliendo la función de persecución política, porque hay como 50 intendentes y concejales renovadores que tienen el mismo problema y no son molestados por la Fiscalía ni el Tribunal. Entonces, quiere decir que sólo están para apretar a los opositores”, se quejó. Agregó que “yo tengo información del caso de Garupá. Lucho Ripoll es el intendente y su papá Raúl Ripoll es presidente del Concejo Deliberante. Ese municipio tiene 17 expedientes por casi 10 millones de pesos por incumplimientos en el Tribunal de Cuentas y nadie le molesta porque es renovador. Tengo todos los expedientes”.“Si ellos no tienen problemas y pueden seguir en funciones, entonces lo que hicieron los concejales está mal. Ahora, si la justicia no me da la razón a mi, esos 50 intendentes y concejales también deberán ser destituidos, es un ‘quilombo’ grande lo que se va a armar”; enfatizó el destituido Lorenzo.En las últimas semanas, entre sus numerosas denuncias, apuntó contra el presidente del Concejo Deliberante de Dos de Mayo, Héctor Grade sobre quien dijo que “es proveedor del municipio, está violando la ley de municipios porque es incompatible. Yo pedí que se conforme una comisión investigadora por esta situación y no me apoyaron con el voto”, finalizó.
Discussion about this post