En toda la jurisdicción del Juzgado de Instrucción 1 de la Cuarta Circunscripción, en Puerto Rico, hay una enorme preocupación y un fuerte malestar por la posible vuelta de Éctor Acosta al pleno ejercicio de la magistratura, ya que el 13 de noviembre se termina su licencia médica por noventa días, solicitada apenas se conocieron los dos pedidos de Jury en su contra por presuntas irregularidades en su desempeño. Esas presuntas irregularidades habían sido denunciadas y plasmadas en las presentaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento por el Colegio de Abogados de Misiones y por el propio intendente de Jardín América, Oscar Kornoski. Acusaron a Acosta de inacción, mal desempeño, connivencia con abogados locales para que la gente los contrate sólo a ellos para asegurar el éxito de las causas, y hasta manipulación de excarcelaciones, motivos por los cuales el Superior Tribunal de Justicia (STJ) le inició un sumario interno que estaría a un paso de concluir. Los tiempos del STJ, sin embargo, no satisfacen a los letrados que no se conformarán con tener que lidiar de nuevo con el magistrado al que acusaron formalmente de los supuestos incumplimientos. Es que, pese a una solicitud expresa del Colegio de Abogados, Acosta no fue suspendido preventivamente por lo que sigue percibiendo su sueldo. Si los pedidos de Jury no avanzan, no habrá impedimentos para que regrese al cargo. Las denunciasAcosta fue acusado formalmente porque mantendría en su juzgado una alta morosidad; porque no dictaría sentencias; porque habría autorizado excarcelaciones “exprés” sin que medien pasos procesales necesarios; por detenciones sin resolución procesal; porque habría dictado sobreseimientos que no correspondían; por falta de elevación a juicio de expedientes que habrían terminado prescribiendo, entre otras presuntas irregularidades que se detallaron con precisión en el pedido de Jury, firmado por el flamante presidente electo del Colegio de Abogados Ernesto Báez y los miembros de la actual comisión directiva (Martín Ayala, Andrea Wasylzik y Juan Manuel Fouce). Los denunciantes puntualizaron expedientes con un tratamiento totalmente diferente en situaciones similares, siempre que los acusados cambiaran de abogado “particularmente el doctor Rubén Oscar Petroff, hecho de público conocimiento que derivó incluso en la promoción de otro jury de enjuiciamiento contra el magistrado por parte del intendente de Jardín América, Oscar Kornoski”.Por las mismas denuncias, el STJ dispuso la realización del sumario a cargo del camarista José Alberto López. Por lo que pudo conocerse de dicha investigación -que ya lleva varios meses-, las actuaciones preliminares “han demostrado y comprobado numerosos incumplimientos de los deberes a cargo del magistrado, que dan sustento al pedido de jury de enjuiciamiento”, según detallaron los letrados.Paralelamente a los pedidos de Jury, la fiscal Mabel del Rosario Luna requirió formalmente la instrucción de una causa penal para investigar la conducta del juez Acosta. La defensa del magistrado presentó un pedido de nulidad de la denuncia, fundamentado en que “no existen pruebas concretas” sobre lo que se acusa a su cliente. La fiscalía no hizo lugar al planteo y será el juez el que deberá resolver. El juez de Instrucción Osvaldo Lunge se inhibió y la causa pasó por varios conjueces que fueron recusados; finalmente derivó en el conjuez Jorge Vercelli, que debe resolver si se aboca o no al caso. Una vez que se determine, la resolución se elevará al presidente de la Cámara de Apelaciones. Otro que puede volver Otro juez cuestionado que estaría en condiciones de volver al ejercicio de la magistratura a mediados de noviembre es Demetrio Cuenca, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de San Vicente, suspendido por el STJ el 14 de septiembre de este año por un lapso de 60 días. El Superior Tribunal de Justicia lo apartó preventivamente en el marco de un sumario administrativo iniciado en 2014 y en el que se habrían comprobado groseras irregularidades mientras subrogaba el Juzgado Penal de la misma localidad. Cuenca ya acumuló dos pedidos de jury (sin tramitación a la fecha) por sus funciones como juez civil, pero el sumario que lo mantiene apartado de su despacho se inició por su actuación como juez penal subrogante. Según trascendió, el juzgado habría estado envuelto en un “festival” de excarcelaciones imposibles, dictados de falta de mérito sin justificativo legal, la sospecha de una “tarifa” para soltar presos aunque estuvieran investigados por delitos gravísimos y la connivencia con un abogado en particular. Cuenca asumió la subrogación penal en 2011 y estuvo al frente del juzgado hasta fines de 2014, cuando la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Oberá decidió sacarle la función luego de una inspección sorpresiva cuyo resultado dejó impresionados a los camaristas. Jardín América El Consejo de la Magistratura de Misiones, finalmente, se apresta a definir la terna de candidatos para el cargo de Juez de Instrucción de Jardín América, proceso que se aceleró tras el apartamiento temporario del juez Acosta, titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico, que tiene jurisdicción sobre las localidades cercanas. El proceso de selección se repitió este año después del fracaso del primer llamado (Concurso 123/15) en julio del año pasado, cuando tuvieron que declarar desierta la convocatoria por los bajos puntajes de los que se presentaron y los serios antecedentes de quienes resultaron con mejor performance académica. Casualmente, dos de los funcionarios judiciales que concursaron, fueron suspendidos tiempo después por el STJ tras una investigación de la Cámara de Apelaciones de Oberá en el Juzgado de Instrucción de San Vicente, en los tiempos del subrogante juez Demetrio Cuenca. Para curarse en salud y luego de que quedaran fuera de carrera no sólo estos candidatos, ahora el Consejo de la Magistratura modificó el reglamento con nuevas exigencias para los postulantes (ver recuadro).El juzgado de Instrucción de la Cuarta circunscripción con sede en Jardín América fue creado por la Ley Provincial IV Nº 62 aprobada en octubre de 2013, y desde entonces la comunidad espera el nombramiento del juez. Tal es la necesidad de funcionamiento del juzgado que el propio intendente Oscar Kornoski se animó a reclamárselo públicamente al gobernador Hugo Passalacqua en pleno acto del aniversario de la localidad, el pasado 7 de mayo. El proceso para designar al necesario magistrado estará culminado a mediados de noviembre y la terna será elevada al Poder Ejecutivo para que seleccione al candidato que deberá pasar por el filtro de la Legislatura para el acuerdo correspondiente. De todos modos, si no media una sesión extraordinaria, este último proceso recién quedaría para después de mayo de 2017, cuando se reinicie el año parlamentario; en otras palabras, faltan varios meses todavía para que los jardinenses tengan
juez penal, pero al menos la posibilidad ahora se volvió concreta. A curarse en saludEl Reglamento del Consejo de la Magistratura fue modificado esta última semana en su artículo quinto, al que se le agregaron nuevos requerimientos para quienes accedan a los exámenes para cubrir los diferentes cargos judiciales. De esta manera el nuevo apéndice establece que “sin perjuicio de lo expuesto y de los informes que solicite el Consejo de la Magistratura, los postulantes efectuarán, en oportunidad del examen de oposición escrito, una declaración jurada sobre sus antecedentes judiciales y/o profesionales, sanciones judiciales, profesionales, disciplinarias y/o de cualquier índole, sumarios administrativos en trámite, procesos judiciales y/o disciplinarios en trámite y todo otro antecedente de interés, conforme el formulario que el Consejo de la Magistratura establecerá al efecto. En caso de incumplimiento, inexactitudes, omisiones o falsedades detectadas en las declaraciones juradas, el Consejo de la Magistratura podrá disponer la exclusión del postulante de los concursos en los que intervenga”. Polémica en Puerto RicoNorma Matoffi fue designada jueza de Familia por la Legislatura provincial hace tres meses pero no juró porque en ese ínterin PRIMERA EDICIÓN publicó que la mujer fue denunciada a principio de año, por lo tanto el Superior Tribunal de Justicia decidió esperar que concluya la investigación antes de tomarle juramento y darle posesión del cargo. Matoffi es secretaria del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad. Lo que no había trascendido hasta el momento es que la funcionaria judicial tiene dos sumarios iniciados, uno impulsado por un juez por presunto abuso de autoridad, y otro iniciado por un abogado local por presunto favoritismo. Lo extraño es que el Consejo de la Magistratura, pareciera que no tuvo conocimiento de estos sumarios ya que cualquier funcionario judicial, antes de ser designado como juez, no debería tener antecedentes de inconducta.En el primer caso, una vez instruido el sumario administrativo, se envió a Posadas con el nombre de expediente: “Nº 2034/2012 Juzgado Civil, Comercial y Laboral Familia Puerto Rico eleva informe solicita disponer inicio de sumario administrativo”. Hasta hoy no hubo resolución y quedó cajoneado por las autoridades del STJ.El otro caso es el expediente 905/2013 que se inició a raíz de la denuncia de un abogado donde sugería una relación no del todo clara con un estudio jurídico. En aquel momento trascendió que la flamante jueza (que aún no tomó juramento) sería trasladada a Defensoría pero pareciera que hubo una decisión política de frenar el traslado. No tuvo sanción en ninguno de los casos.La jueza, sin juramento, tiene excelentes relaciones políticas al punto que su esposo es el exdiputado clossista Juan Carlos Cavigioli, que sería pariente del operador radical Enrique “Coti” Nosiglia y tendría una cercana relación con el exgobernador Maurice Closs y con el exsubsecretario de Justicia, Julio Lenzken. Cavigioli apareció el año pasado en la lista de contratados de la EBY.Con dos sumarios administrativos, en otros casos, no avanzaron los pliegos de otros postulantes a juez. Sin embargo, pareciera que en este caso no se tuvo en cuenta.Además, todavía está en etapa de investigación la denuncia penal que también involucra a Matoffi y otras tres funcionarias de la Justicia por supuesta entrega irregular de un bebé. La denuncia en este caso fue impulsada por la fiscal de Puerto Rico, Mabel del Rosario Luna, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.La denuncia busca determinar las responsabilidades o participación de algunos funcionarios judiciales en una supuesta entrega irregular de un bebé a una persona que no estaba en la lista de adoptantes durante el mes de enero. En particular, se indaga si tuvieron o no responsabilidades en la tramitación de los documentos para cumplir el proceso. La denuncia involucra además a Mariela Cañete, secretaria administrativa del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de dicha localidad; Alina Lorena Cardozo, defensora oficial y Graciela Catalina Núñez, secretaria de la Defensoría. La última se postuló y su pliego aprobado en la Legislatura provincial para el cargo de Defensora Civil y de Familia, en la última sesión el pasado 27 de octubre.La causaEste caso tuvo inicio el 22 de enero con el nacimiento de una pequeña en la clínica Imsa de la localidad. La beba fue entregada a una pareja que, dos meses después, se presentó en el Juzgado para que sea reintegrada a su familia biológica. No queda claro si los adoptantes se arrepintieron o fue su madre biológica la que reclamó la tenencia.La fiscal Luna advierte que las cuatro funcionarias pudieron haber actuado mal, no respetando el protocolo de adopción, al no alertar inmediatamente de un presunto caso de supresión de identidad.Hay otra causa paralela por el mismo hecho, que involucra a médicos y enfermeros. En la causa contra las funcionarias judiciales, en la semana llegó al Juzgado una documentación clave, que es el resultado que confirmó la adulteración de la identidad del bebé, “tenía un nombre abajo y otro arriba. Fue adulterado pero fue salvado”, indicó una fuente judicial.Ahora el juez Osvaldo Lunge deberá definir si esa adulteración permaneció en el tiempo y se trató de inducir a un engaño o no. En otras palabras, si no cumplieron con su obligación de denunciar un supuesto ilícito o es una simple falta administrativa. En caso de ser una simple falta administrativa, se procedería con el juramento de la recién designada Catalina Núñez (que aún no juró) y posiblemente también con el juramento de Matoffi, aunque resta ver si las autoridades judiciales toman en cuenta los dos sumarios mencionados en este artículo.
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