Tras el <a href="http://www.primeraedicion.com.ar/nota/232764/viviendas-progresivas-el-intendente-norberto-aguirre-zafo-por-un-vot.html">proceso que casi termina en la destitución del intendente de Eldorado Norberto Aguirre</a>, a raíz del escándalo con los fondos para 17 viviendas progresivas; el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) decidió dar de baja el programa creado en 2006, según confirmó en exclusiva a PRIMERA EDICIÓN el presidente del organismo, Santiago Ros. El funcionario también ordenó la iniciación de sumarios administrativos internos para delimitar responsabilidades dentro del propio instituto de la vivienda, ya que de las irregularidades que fueron denunciadas y confirmadas en Eldorado, y las que se sospechan se cometieron en otros municipios, dan cuenta de la posible existencia de cómplices que acreditaron los avances y firmaron los certificados de obras que permitieron que los fondos siguieran llegando a las comunas. Ros aseguró que toda la información, los sumarios y la investigación están en manos de la Fiscalía de Estado de la provincia, donde determinarán qué grado de conocimiento tuvo cada empleado del organismo y sus directos superiores.Paralelamente, ordenó un relevamiento en los 75 municipios para determinar con exactitud el estado de las obras que faltan y los motivos de los eventuales retrasos, información que terminarán de procesar en quince días. “Detectamos algunos problemas y dimos de baja al programa Viviendas Progresivas. Disolvimos la unidad de gestión que estaba funcionando y creamos una unidad residual que tiene a su cargo la conclusión de lo que ya teníamos en marcha. Además de los problemas que detectamos, lo dimos de baja porque estamos en camino de reemplazar toda la programación de obras por otros programas que son de otra naturaleza, dirigidas a otro sector poblacional” explicó el funcionario a este Diario. Según Ros, a la fecha sólo pudieron confirmar irregularidades en la ejecución de las casas en los municipios de Eldorado y de General Urquiza, aunque “hubo otros casos que pudimos ir corrigiendo”. Según detalló, hubo mora en la ejecución por parte de los municipios y hasta mora en el desembolso por parte del Iprodha en algunos casos, “así que fue una mezcla de cosas” la que terminó en descontrol, al menos en la localidad que conduce Aguirre desde hace 17 años. “Es evidente que hubo una situación anormal; por el momento lo único que pudimos detectar fehacientemente son estos dos casos” explicitó Ros en relación a Eldorado y Urquiza. También aseguró que en el caso de que la Justicia penal lo requiera, enviará toda la documentación referida al programa. Respecto de las casas que todavía faltan terminar, el instituto ni siquiera puede predecir un número exacto, dato que quedará claro cuando terminen el relevamiento. “Estamos controlando municipio por municipio. Es probable que en algunos casos se haya pactado un cierto número de casas, pero sólo se avanzó en la mitad, entonces las que se concluirán serán las de esta mitad”, graficó. Crónica del desparpajoEl proceso que investigó la responsabilidad del intendente Norberto Aguirre en la presunta malversación de fondos destinados a las viviendas progresivas; comenzó en junio de este año, cuando los beneficiarios denunciaron que las casas no se terminaron y que el empresario a cargo y un funcionario municipal les solicitaban fuertes aportes monetarios para continuar. Algunos pagaron hasta 30 mil pesos a raíz de estos requerimientos, según confirmaron, mientras que a otros hasta se les obligó a firmar pagarés que amenazaban con ejecutar. Hasta el propio Intendente admitió las irregularidades en la ejecución del programa, ya que los tres millones de pesos destinados a las casas efectivamente, fueron depositados por el Iprodha pero sólo se construyó por la mitad de ese monto, según un peritaje ordenado por la comisión investigadora. De hecho, el Gobierno provincial tuvo que salir a salvar las papas del fuego y destinó dos millones de pesos más en Aportes No Reintegrables (ATN) para terminar las casas y así calmar la indignación de los perjudicados y de la comunidad eldoradense. En julio, una de las adjudicatarias estafadas realizó la primera denuncia penal, a la que le siguieron otras. Lorena Moraes denunció que desde el 2014 desembolsó 17.500 pesos, una carga de arena, ripio y mil ladrillos para su casa por la que no debió pagar salvo hasta su finalización. El departamento jurídico de la Municipalidad de Eldorado también se presentó ante la Fiscalía de turno con una denuncia penal por supuesta malversación de fondos contra el exfuncionario Wilfrido Landaida y contra un empleado del Iprodha. Desde 2006El Programa de Viviendas Progresivas que decidió desmantelar el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional se puso en marcha en 2006 y planteaba, justamente, “la participación activa y continua de los municipios en conjunto con los adjudicatarios” para solucionar el problema de familias ubicadas en asentamientos precarios o propietarias de terrenos con viviendas deficitarias. En sus inicios también pretendían “la intervención de las fuerzas locales, representadas por el Municipio y por entidades comunitarias sin fines de lucro, como medio para dar un marco más amplio a la operatoria que asegure su mantenimiento, continuidad y adecuación a los destinatarios”. Con el paso de los años nada de esto se dio. En muchos casos las obras tardaron en terminarse y los fondos no alcanzaron por efectos de la inflación. Las denuncias por sospechas de irregularidades se sucedieron en varias comunas y la utilización de cooperativas de trabajo “truchas” conformadas por allegados a los alcaldes, fue una constante. El presidente del Iprodha no lo dijo, pero las irregularidades no se pudieron haber cometido sin participación interna. Es que finalizadas cada una de las etapas de construcción previstas, los municipios entregaban la solicitud de desembolso al Iprodha, que activaba el trabajo de los inspectores de la unidad de gestión de certificaciones y redeterminación de precios de obra para la emisión del certificado correspondiente. Si no existían observaciones u objeciones, el instituto desembolsaba los fondos en la cuenta municipal.Los intendentes renovadores tuvieron hasta la fecha un manejo importante de fondos para resolver problemas habitacionales. Por ellos no sólo habrían pasado los dineros destinados a las viviendas progresivas, sino también las partidas de operatorias como las viviendas para pueblos originarios que tampoco se terminaron en San Vicente y El Alcázar. Las viviendas de emergencia que debieron estar lista en tres meses y tardaron año y medio en terminarse para los afectados por la inundación de 2014, o los fondos del Plan Techo, que también será desmantelado el año que viene según confirmó Ros. Todos estos programas requerían de certificaciones por parte del Iprodha antes de cada dese
mbolso.
Discussion about this post