La transparencia soñada

Transparencia es, quizás, una de las palabras más escuchadas en boca de los políticos en los últimos tiempos y, particularmente, tras la asunción del nuevo Gobierno el 10 de diciembre de 2015. Sin embargo, sigue siendo una utopía de la política, encerrada en un quiste difícil de quebrar y en el que todos se abroquelan, independientes de propio color partidario, abonando las dudas y las sospechas que, en infinidad de casos, se lanzan a los cuatro vientos sin certezas ni responsabilidad alguna.Incluso están aquellos que distraída e irresponsablemente se autoinvolucran en denuncias grandilocuentes que buscan el impacto público que enlode al otro antes que el respeto a la verdad o a la justicia. Sobran los ejemplos cotidianos así que, al menos en esta nota, no vale ahondar en ellos. Baste sólo mirar con cierta independencia de criterio y sin el aturdimiento que generan muchos medios, para comprobar esta triste realidad.Eso es también lo que sucede en el Concejo Deliberante de Posadas cada vez que, desconociendo el interés general ciudadano, se intenta traer agua hacia el propio molino sin advertir que todos tienen oculta mugre bajo la alfombra. Y que en política, aun cuando cambien periódicamente las personas, existe una continuidad forzosa que muchos intentan repudiar en el “ellos”, reconociendo los “errores” como ajenos, pero ensalzando los “aciertos” como propios; tal como retrucó recientemente una concejala oficialista ante una crítica a la anterior gestión renovadora: “Ese no era nuestro gobierno”.Continuidad a conveniencia, se diría.El cuatrienio de la polémicaEs así que mucho se dijo y criticó del cuatrienio de la gestión Magdalena Solari por la liberalidad con que se manejaron los dineros públicos del Concejo y por el volumen de personal designado que en ese período, 2011-2015, significó triplicar la planta que existía al comienzo de la presente década. Y muchos de ellos con designaciones -nunca anuladas- que el actual presidente Alejando Velázquez dijo terminaron de firmarse el 4 de diciembre pasado, a menos de una semana del recambio de miembros en el colegiado municipal.Un buen número de ellas suscritas con posterioridad a agosto de 2015, dentro de un período en que podrían haber sido cuestionadas y derogadas, sin que hubiera muchas posibilidades de obtener estabilidad a través de un recurso a la Justicia laboral. Sobre todo porque representa una carga financiera que en 2015 estuvo cerca de triplicar el presupuesto aprobado para ese año y duplicó el previsto para el año siguiente. Éste, el de 2016, un rarísimo dibujo contable de 100,5 millones de pesos que ya para cuando se lo sancionó, 1 de diciembre de 2015, había quedado ampliamente desactualizado por una sobre ejecución de gastos que ya era atroz entonces, cuando se estaba a pocas semanas de concluir el ejercicio y la gestión de entonces.Sólo tres votos (Alejandro Velázquez, Daniel Amarilla y Rolando Rubleski -hoy mandato cumplido-) se opusieron a ese burdo cálculo que además llevaba a 1.100 los empleados de la casa y elevaba de 444 a 550 los trabajadores de planta permanente. Una cifra exagerada que ahora, el pasado miércoles 26, se descubrió difiere con la publicada en el Boletín Oficial Municipal del 19 de diciembre de 2015, cuando se difundió el presupuesto para este año aprobado dos semanas antes. Esos 550 agentes mágicamente se habían convertido en 741, aunque al narrar lo recibido Velázquez redujo algo esa multitud, cuando asumió el 10 de diciembre éstos eran diez menos, 731 agentes. “Adulteración de documento público”Hasta ahora, ningún concejal presentó denuncia alguna para esclarecer la diferencia entre lo aprobado y lo publicado, a fin de que la Justicia investigue si existió la comisión de presuntos delitos “adulteración de documento público” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.  Fue dejado al descubierto la semana pasada por un edil del oficialismo Manuel Sánchez, quien trató de relativizar los números del Presidente mostrando el Boletín donde figuraba esa cifra que difería con el texto de la ordenanza que había votado el plenario. Y lo confirmó quien en 2015 fuera titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Santiago Enríquez, descolocando a propios y ajenos.Se cargó la responsabilidad en ese “desliz” a los poderes especiales con que contaba la Presidencia (Solari en este caso) para modificar el presupuesto. Aunque, claro, para hacerlo debió haberse publicado antes el texto aprobado por el Concejo, lo que, según la información conocida, aún no fue probado.Todos los actuales concejales y el secretario del cuerpo -o algún fiscal interviniendo de oficio- están obligados a averiguar cuál fue la real situación que determinó esa diferencia y denunciar ante la Justicia penal cualquier hecho. Además del quebrantamiento de la ley que debe determinarse, queda también en evidencia la falta de transparencia en la labor deliberativa, apuntada una y otra vez por PRIMERA EDICIÓN, que se produce cada vez que se incorpora un expediente por fuera del orden del día y no se aclara de qué se trata, ni los demás concejales tienen presente copia del texto de la iniciativa, a veces impuesto a presión por una mayoría circunstancial.En el caso de los presupuestos, por ejemplo, durante varios años, en ocasión de las presidencias de Hacienda y Presupuesto de los renovadores Carlos Báez (MC) y Enríquez, siempre se incorporaron los dictámenes por fuera del orden del día y, salvo rara excepción, nunca se explicaron o tan sólo mencionaron las cifras globales en ellos contenidas. Un proceder que también se dio cuando la consideración de los balances de ejercicio anual que, con el pretexto de que el Tribunal de Cuentas debe auditarlos, se los giró a libro cerrado, así como nunca se conocieron los informes trimestrales de ejecución, obligados por la Carta Orgánica Municipal (COM), entre estos los comprometidos por la anterior conducción deliberativa, cuando desde el radicalismo se los solicitó ante la sospecha de los gastos excesivos.Ordenamiento intencionadoEste procedimiento sigue siendo utilizado una y otra vez, quizás por descuido de los concejales que incorporan iniciativas a último momento, pero que se potencia con el ordenamiento por categoría  (declaración, comunicación, resolución u ordenanza) del temario del plan de labor deliberativa donde se mezclan los temas y las problemáticas, abonando al secretismo y a la falta de claridad de un observador distraído o que lo analiza someramente. Así, Educación, Salud, Obras Públicas, Hacienda o Legislación se mezclan en un cambalache que se vota en bloque y sin la mención siquiera de los números de expedientes.Eso en nada abona a la transparencia que debiera tener una sesión del Concejo, por definición abierta a la ciudadanía. Amén, lógicamente, de la necesidad de otras medidas -algunas ya planteadas- que reduzcan el enorme gasto que significa el Deliberativo para el Tesoro municipal -rayana al 20%
del presupuesto municipal general- y, por ejemplo, a través de la limitación de las adscripciones mediante un mecanismo que vaya transfiriendo ese personal a la repartición que lo necesita y recibe.Pero también asumiendo las propias responsabilidades como representantes de los posadeños y funcionarios públicos de radicar las denuncias penales por aquellos posibles delitos que se hayan detectado, sin que las ataduras y los compromisos políticos los conviertan en cómplices involuntarios o Pilatos que se lavan las manos para que la resolución la tome alguien algún día entre los que vendrán en los próximos años.El concejal (mc) Alfredo Navarro, quien fue miembro del Concejo durante doce años (1983-1987 y 1999-2007) y su primer presidente tras el retorno a la democracia, el 10 de diciembre de 1983, recordaba una vez en sesión que en aquel entonces fundacional era 9 concejales y 45 empleados. Hoy, 33 años después, con 14 concejales, rondan los 1.100 empleados, 724 de ellos de planta permanente. ¡2.444% más a entonces!