La comisión investigadora conformada en el seno del Concejo Deliberante de Eldorado elevará hoy el dictamen contra el intendente de esta ciudad, Norberto Aguirre, que tendrá cinco días para presentar su descargo antes de la sesión especial en la que se decidirá su destino. El eterno jefe comunal de la capital del Trabajo, que inició en diciembre su vigésimo año de gobierno, está a un paso de enfrentar una dura topada ya que faltaría un solo voto para decidir su destitución, según los cálculos y las expresiones de los ediles del oficialismo y la oposición. Aguirre fue investigado por la aplicación del programa “Viviendas Progresivas”, un escándalo que estalló cuando los adjudicatarios de las 17 casas que debieron construirse en la localidad denunciaron que fueron estafados por funcionarios municipales. El caso ya se llevó puesto al exsecretario de Obras Públicas Guillermo González, que renunció hace dos semanas. ¿Falta uno?Recién después de que Aguirre presente su descargo, el presidente del Concejo Deliberante convocará a la sesión especial en la que se definirá si se va o se queda. Los ediles de la UCR Lilia Chamorro, Héctor Falsone y Juan Giavotto votarían por el alejamiento del alcalde y contarían también con el voto del renovador Daniel Dos Santos, que ya expresó su intención de pedir la destitución de su exaliado político. Según las versiones conocidas ayer, la comisión investigadora, integrada por Fernando Gallastegui, Yolanda Caballero, Daniel Dos Santos, Héctor Falsone y Juan Abelardo Giavotto, habría decidido que hay cargos suficientes para acusar a Aguirre por ineptitud, negligencia y/o irregularidades en el desempeño de las funciones, las tres causales previstas para la destitución en la Carta Orgánica. No habría resultado un trabajo fácil, puesto que no todos coincidían respecto de la responsabilidad directa del intendente en los desmanejos con el programa, ya que hubo y hay otros funcionarios que tuvieron la obligación de transparentar el uso de los recursos que entregó el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) para construir las casas. Según explicó Giavotto, lograron comprobar la responsabilidad del alcalde en la falta de control que derivó en las irregularidades. Puntualizó que el municipio habría desembolsado 2.400.000 pesos para levantar las 17 casas, pero apenas se construyó un 55% de lo proyectado con una inversión de 1.400.000 pesos, según un peritaje sobre el valor de las construcciones que también integra el dictamen. Aguirre ya fue sometido a una comisión investigadora en 2003, pero el Concejo decidió sostenerlo. Este año, el nuevo intento por investigarlo cayó al inicio, cuando el edil renovador Dos Santos votó en contra de conformar la comisión. Apenas unas semanas después cambió de parecer y fue uno de los más férreos impulsores del proceso contra el alcalde, lo que da cuenta de los componentes de política interna que también se estarían dirimiendo en esta instancia.
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