El uso de fondos públicos para obras millonarias como el Palacio de Justicia Federal, ubicado en la intersección de las avenidas Santa Catalina y Centenaro de Posadas, quedó bajo la lupa tras una denuncia del abogado mediático Ricardo Monner Sanz, titular de la Asociación Civil Anticorrupción. El mencionado letrado, hizo una presentación por la posible comisión de delitos que esta siendo tramitada por el juez Federal Rodolfo Canicoba Corral. Mientras tanto, la mole de cemento que se erige en algo menos de la mitad de su proyecto (hay seis losas y esta pensada en 14 pisos) se encuentra abandonada desde hace unos años, hasta que la Justicia determine si existe o no algún delito.En la mira, quedó un empresario misionero (Luis Molina) junto a otros contratistas de diferentes lugares del país y el exadministrador General de Poder Judicial (que dependía del Consejo de la Magistratura nacional), Germán Krieger, entre otros funcionarios.Más allá de lo material (presupuestado inicialmente en 67 millones de pesos), no es una buena señal institucional que el Poder Judicial quede investigado por el mismo organismo del Estado, producto de escasa transparencia en el manejo de los recursos que se administraron en la última década en la Argentina. Ese mismo Poder Judicial que debe controlar el funcionamiento de los otros Poderes del Estado, también se ve salpicado por denuncias que vienen tardando años en poder determinar si existen responsabilidades en los cargos que acusó Monner Sanz.Mientras tanto, pasar por esa esquina posadeña, ver esa obra en el olvido, hace pensar que si la transparencia y la rendición correcta de los fondos (a precios reales) fueran una cultura y costumbre entre los funcionarios de todos los estamentos, no se llegarían a ver esqueletos inmobiliarios sin culminar como símbolo de sospechosas licitaciones donde se manejan jugosos presupuestos con certificaciones comprometidas con lo que realmente se construye. En este caso, la nueva conducción del Consejo de la Magistratura debe exponer toda la documentación del caso para que Canicoba resuelva y se defina el futuro del Centro Judicial Federal. Así, los ciudadanos que aportan sus impuestos como la ley obliga, verán que hasta la Justicia se ajusta a las normas legales vigentes, sin importar cargo o función.
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