Sin dudas, el tema de la semana fue la pobreza. Ahora sabemos cuántos pobres tenemos, nos podemos lamentar, pero también nos debemos comprometer a cambiar la realidad de uno de cada tres argentinos que no alcanza a cubrir la canasta alimentaria. En el primer trimestre de 2016, un 40% de los habitantes del Noreste (Corrientes; Formosa; Gran Resistencia; Posadas) era pobre; y un 7,8% indigente.Por fin, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) volvió a medir después de tres años de negaciones y el relato donde teníamos menos pobreza que países del primer mundo, un dato irreal que le valió condecoraciones a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Resulta increíble y casi una burla, escuchar a quienes manejaron el país hasta hace pocos meses decir que la pobreza al final de la era K, llegaba al 21%. O al diputado clossista Jorge Franco que aseguró que al final del segundo mandato de Maurice Closs, la provincia tenía 7% de pobreza. Sólo hay que preguntarse cómo lograron las cifras cuando no había estadísticas oficiales. La pobreza creció en estos meses. Pero la base de la negación del problema viene de arrastre de los últimos años, donde se metía abajo de la alfombra oculto con planes sociales y subsidios. El problema es hacia adelante. Tenemos un diagnóstico -crudo aunque más real que hace unos meses- tanto de desempleo como de pobres e indigentes. Sin embargo, tarda en llegar el plan que revierta semejante cuadro social. Las inversiones aun no llegan, el plan millonario de obras públicas tampoco y el NEA vuelve a ser una de las zonas más castigadas del país.Por ahora, el famoso Plan Belgrano que traería una reparación histórica al pobre Norte argentino, se quedó en anuncios en Misiones y aparece lejano en los hechos.Aunque la responsabilidad de los pobres e indigentes no es sólo nacional. Es también de las provincias y de los municipios que hoy, en muchos casos, administran sueldos sin resto para generar incentivos u oportunidades de inversión y mano de obra local.Buscando obra públicaEl presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete reunieron a 1.872 jefes comunales de todo el país, con un discurso vinculado al trabajo mancomunado, sin tintes partidarios y con un llamado a un tiempo esperanzador de “expansión y desarrollo”. Los alcaldes, en su gran mayoría del PJ-FpV, asistieron con dos mensajes: el de la unidad de trabajo porque necesitan de los recursos de Nación para obras; y el de requerimiento de mayor distribución de fondos. Por Misiones, se los vio a Daniel Luna (Candelaria); Joaquín Losada (Posadas); Carlos Fernández (Oberá); “Chun” Barreto (Montecarlo); entre otros. Ni en Twitter los alcaldes confirmaron si lograron firmar algún convenio por los tres mil millones en obras que se anunciaron en el evento. Al parecer, estos acuerdos eran en principio para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.Relación Nación-ProvinciaLa importancia de la estratégica “pelea” del Gobierno misionero por conseguir recursos nacionales, cobra doble importancia en el análisis del Presupuesto 2017, al notarse que sigue muy batallada la distribución de fondos nacionales. Los ciudadanos y la dirigencia empezaron a notar cierta “ingratitud” de parte de la Nación para con los misioneros, después de apoyar pliegos para la Corte Suprema, el pago a los fondos “buitre”, la Ley de Blanqueo y otros favores políticos que la renovación le hizo al Gobierno de Cambiemos, para que direccione sus planes en economía.Se especula ahora, con las cartas sobre la mesa, que si la actitud del Gobierno misionerista hubiera sido más crítica con Cambiemos, el reparto sería mucho más desigual todavía.Aun cuando se aguarda un gesto mayor de la gestión de Macri, Misiones volvió a responder a las propuestas nacionales. Esta vez, al adherir -de punta a punta- al voto electrónico que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y, de hecho, ya viene instrumentando a modo de prueba el mecanismo hace tiempo en las elecciones locales. La adhesión, dicen, fue por indicación de Carlos Rovira de manera “total y absoluta”.Otro intendente destituidoLa semana comenzó con la mira puesta en General Urquiza, municipio que viene siendo gobernado por el clossismo desde hace más de una década. El delfín político del exdiputado y exministro Horacio Blodek, cayó en desgracia, se conocieron serias y graves denuncias por supuestos desmanejos y terminó destituido.Lo curioso es que a Ricardo Enríquez lo reemplazó la mujer de Blodek que acompañó en las elecciones al ahora apartado y fue electa presidenta del Concejo Deliberante de Urquiza.El Tribunal de Cuentas elaboró un lapidario informe sobre la falta de rendición de fondos de la gestión de Enríquez (electo en diciembre). No hace falta un análisis profundo para darse cuenta que los concejales también tienen mucha responsabilidad, pues la mayoría responde al oficialismo y conocían los manejos de Enríquez en la Comuna.El mencionado Tribunal, en la persona de su presidenta, advirtió que Urquiza no es la única comuna que adeuda rendiciones. Esos alcaldes deberían ser advertidos (como también los Concejos) de la grave falta cometida que hace al uso de los fondos públicos y la transparencia. Sino, debieran seguir el mismo camino de Enríquez sin posibilidad incluso de presentarse a elecciones nuevamente. Sin embargo, nuestros organismos de contralor, nuestros ediles y nuestras leyes son tan permisivas que -tal vez por ello- nuestros alcaldes se manejen discrecionalmente aun faltando a las normas.UCR: nueva conducciónLa UCR Misiones dejo de lado la sangría interna y consensuó que un joven concejal se convierta en su presidente. Se trata de Francisco Fonseca de Posadas. La nueva gestión se estrenó con un escándalo: la partida de otro diputado del cada vez más recortado bloque legislativo.Mario Pegoraro comunicó el jueves en la sesión ordinaria, su pedido de conformación de bloque unipersonal, la segunda fractura después de la salida de Hugo Escalada y María Losada. La crisis del radicalismo, dicen que espantó a sus socios del PRO que hace meses no realizan ninguna acción política conjunta y se distancian cada vez más. Plan maestro forestalLa reciente sanción de la Ley, junto con la creación del Instituto Forestal misionero, busca contribuir al desarrollo foresto-industrial sustentable en la región. El plan será un régimen de promoción de inversiones en emprendimientos productivos. La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Desarrollo Forestal. La propuesta, efectuada por Carlos Rovira, fue aprobada por la Cámara de Diputados de Misiones en su sesión semanal.El plan apunta a la inclusión de una mayor cantidad de misioneros en el desarrollo socio-económico sustentable; al incremento del valor de la riqueza foresto-industrial; al manejo sustentable y la competitividad de las plantaciones; y al uso óptimo sustentable de la biomasa forestal de bosques cultivados.Para ello, brindará apoyo a la investigación y transferencia de tecnología en bosques cultivados e
industrias forestales; a la prevención, el control de plagas y el manejo del fuego; el mejoramiento de viveros y de la genética aplicada; y el mejoramiento de la competitividad de las cadenas foresto-industriales.En los fundamentos de la norma de creación del plan, Rovira advierte que para cumplir el objetivo propuesto “se requiere de emprendedores del desarrollo foresto-industrial con elevada proactividad al cambio tecnológico y a mejores prácticas productivas”.“Debe sumarse a esto el apoyo de una sociedad global responsable, y centralmente requiere un Estado presente y de políticas sustantivas y activas, con un régimen de promoción de las inversiones que se efectúen en emprendimientos foresto-industriales de pequeños productores, micro, pequeñas y medianas empresas”, agregó.Hotel de Turismo, ¿en venta?El presidente del IPS, Carlos Arce, confirmó que el concesionario (hotel Panoramic) quiere hacer uso de la cláusula de opción a compra del edificio refaccionado en un predio cuya ubicación es privilegiada en Iguazú.Esta cuestión generó polémica incluso dentro del Gobierno donde el vicegobernador, Oscar Herrera Ahuad, salió a oponerse a la venta, que según una cláusula de hace una década atrás, debería realizarse por 400 mil dólares. “No estoy de acuerdo con la venta porque es un patrimonio de todos los misioneros”, disparó el vice de la provincia.Ahora, también los diputados de la UCR pidieron conocer mayores detalles de una transacción donde se pone en juego el patrimonio de los afiliados al IPS. Y amenazan con llevar la cuestión a la Justicia. En la mira quedó el entonces titular del Instituto, hoy diputado nacional, Jorge Franco, uno de los firmantes del contrato de concesión. La Legislatura misionera podría expedirse el próximo jueves respecto al pedido de informes. Por lo pronto el IPS sigue haciendo correr el pedido empresario por las oficinas de Jurídicos sin rechazar pero tampoco admitir el pedido empresario.





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