La complejidad del problema social que se oculta detrás de las intrusiones en la zona del Autódromo, en la que hace dos meses al menos se encuentran unas 300 familias sin acceso a la vivienda y con un sinnúmero de necesidades insatisfechas, fue objeto de fuertes advertencias en el debate de la última sesión en la Legislatura provincial.La necesidad de encontrar una solución concluyente a la demanda de las familias que viven en carpas en condiciones precarias en la zona dejó al descubierto, según plantearon legisladores del Pays, que de la mano de las inconsistencias de las políticas oficiales, el drama de los misioneros sin acceso a la vivienda y en situación de pobreza creciente, tiende a agravarse. En el debate se dijo que el 40% de la población de la provincia no tendría acceso a la propiedad de la tierra ni a una vivienda digna, guarismo que dimensiona el alcance de esta problemática extrema, impropia de una sociedad que pretende cimentarse en el respeto a un piso de derechos sociales de raigambre constitucional. El debate legislativo sacó a relucir, por otra parte, que la presencia de “vivos” que se hacen pasar por intrusos para acceder a la propiedad de los lotes y después venderlos -una realidad que en muchos casos lleva a descalificar en bloque los reclamos y revictimizar a las víctimas de una flagrante negación de derechos- se conecta con la acción de “punteros políticos” y es facilitada por la inacción de los organismos oficiales. Estos últimos, según se denunció en la oportunidad, no atinan siquiera a cruzar los datos que poseen sobre estas conductas delictivas. Con las modernas tecnologías disponibles en la actualidad, no es aceptable que no se pueda identificar a los falsos demandantes y combatir las irregularidades como es debido. La inoperancia oficial frente a una emergencia social que exige respuestas urgentes, lleva a pensar que algunos funcionarios con capacidad de decisión no están a la altura de las circunstancias; o son parte del problema y no de la solución.
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