Un proyecto de ley presentado por el juez César Jiménez, que busca condensar en una norma provincial un nuevo sistema de procedimientos en lo relativo a la Justicia penal juvenil, se analiza desde ayer en la Legislatura. De acuerdo al texto del proyecto, se busca dotar a la Justicia Misionera de un marco legal renovado, que haga foco en aquellas medidas de integración social que fomenten el sentido de responsabilidad del niño y orientarlo “en un proyecto de vida digno, con acciones educativas en forma obligatoria y siguiendo las disposiciones del Código Civil”, todo debidamente complementado con la intervención de los estados municipales y el provincial.En declaraciones a Radio República, el juez Jiménez explicó la necesidad que tiene el Poder Judicial hoy, en cuanto a herramientas jurídicas, que le permita concretar un régimen misionero de procedimiento con jóvenes de hasta 16 años.“Pedimos medidas judiciales de reorientación social, sugerimos las modificaciones del Código procesal penal y la incorporación de una medida que denominamos “Medidas judiciales de reintegración”. Entre otras cosas, estas normativas no son otra cosa que la orientación, el apoyo socio-familiar, la mediación, la conciliación, la escolarización, la inclusión prioritaria en los programas sociales estatales, la prestación de servicios a la comunidad, la asistencia especializada, y por supuesto, también la obligación de reparar el daño a través de responsables directos”, argumentó el magistrado en sus declaraciones a la prensa.“Todo esto significa -en definitiva medidas- que el Estado (en referencia al Poder Judicial) necesita tener en una normativa para poder aplicarla. Si está presente, específicamente en el código, como lo tiene provincia de Buenos Aires, tenemos el marco legal correspondiente para poder trabajar con estos niños en lo punible”, sostuvo Jiménez. La iniciativa presentada por él – quien ya había manifestado públicamente la necesidad de cambiar las normas con respecto a los menores de 16 años en conflicto con la ley pero que no son alcanzados por ella-, en el marco de la conmoción social y el debate por el caso de la joven de quince años que al volante de un Mini Cooper mató a un hombre en Posadas, agrega además la incorporación de un título denominado “De los niños, niñas y adolescentes no punibles:” en el que establece la protección integral de los derechos del niño, la formación integral plena, la reintegración en su familia y en la comunidad, la mínima y subsidiaria intervención del estado, utilización de medidas alternativas para la solución de los conflictos, la participación de la víctima, y que el niño “asuma una actitud constructiva y responsable frente a la sociedad adquiriendo respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”.“Primeramente se deben cambiar las denominaciones en uso en la Justicia, referidas a la minoridad. Al llamar a los juzgados “de niños, niñas y adolescentes” nos ubicamos más cercanamente a ellos. Hay que dejar el nombre “Juzgado de Menores”. Ese es un discurso que viene de una vieja historia que establecía la clasificación de menores, por un lado, y niños, por otro; ya que en definitiva los niños procedentes de sectores sociales más empobrecidos eran los “menores”, todos los demás eran “niños y niñas”. Por consiguiente el nombre “menores” termina siendo una denominación discriminatoria y marginal, que no va con estos tiempos, y que hace falta que nuestra jurisprudencia adopte, como propios, los conceptos acuñados ya a partir de la convención de los derechos del niño de 1994”, expresó.Si la Legislatura aprueba el proyecto del juez, entre otras cosas, se procedería a un cambio de denominación del organigrama judicial y todas las denominaciones de juzgados correccionales de menores pasarían a nombrarse Juzgados en lo Correccional y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes, lo mismo las fiscalías y las defensorías.
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