De los ocho camaradas que declararon ayer, ninguno favoreció a Miguel Antonio Romero, oficial de Policía acusado de hurtar poco más de cinco mil pesos a una víctima fatal tras el vuelco de un automóvil durante la madrugada del viernes 10 de agosto de 2012 en Puerto Leoni.El debate oral se inició en el Tribunal Penal 1 de Posadas, presidido en esta ocasión por Ángel Dejeús Cardozo y como vocales los jueces Martín Errecaborde y Eduardo D’Orsaneo. Romero está acusado de “hurto doblemente calificado e incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso real”.A las 2.30 del día mencionado, el ciudadano paraguayo Wilfrido Caballero Vázquez despistó en la ruta nacional 12 conduciendo un Volkwagen Voyage a pocos metros del puente sobre el arroyo Tabay en jurisdicción de Puerto Leoni, en cuya comisaría Romero estaba de guardia y desde donde acudió a cumplir con las tareas de identificación del occiso y circunstancias del hecho.De acuerdo a la solicitud de elevación a juicio de la fiscal de Instrucción de Puerto Rico, Mabel Luna, Romero cometió un “hurto calamitoso agravado”, presuntamente al quedarse con poco más de cinco mil pesos que Caballero Vázquez guardó en una bolsa de nylon y en uno de los bolsillos de su pantalón.Romero buscó desligarse de la acusación. Aseguró que el dinero lo guardó en un sobre cerrado y por orden del comisario de Puerto Leoni lo entregó a un familiar de Caballero Vázquez con el resto de las pertenencias durante la mañana del viernes 12 de agosto.El delito fue denunciado por el oficial jefe de turno de la Unidad Regional IX de Jardín América, que llegó a la escena trágica antes que Romero y fue quien le ordenó que realizara el acta de incautación correspondiente de las pertenencias del fallecido, entre ellas, la bolsa con dinero.Gabriela Dorrego fue quien detalló ayer ante el Tribunal Penal 1 su labor y ratificó que notificó de la irregularidad a sus superiores de inmediato. “Le dije a Romero ‘contá el dinero de la bolsa y hacé el acta de incautación’ (…) por jurisdicción le correspondía la tarea de secretario de actuaciones, era el responsable del informar sobre el dinero y que los testigos firmaran”.Dorrego aclaró también: “En todos los procedimientos similares se cuenta el dinero, se discriminan hasta los números de serie”. “Pero Romero sólo me dijo que lo iba a hacer en la comisaría de Leoni y se puso la bolsa debajo del brazo y siguió con los demás documentos”.La situación del acusado se complicó un peldaño más con la consulta de la fiscal Liliana Picazo a Dorrego referida al porqué conformaba una falta no haber contado el dinero en el mismo instante. “Informé la conducta de Romero porque fue grave lo que hizo, él tenía que haber acatado la orden que le di”.Celso Gazano, exsubjefe de la Unidad Regional de Jardín América, también declaró ayer y confirmó que tras el informe de Dorrego, por la supuesta desobediencia de Romero, “se inició la investigación por las anomalías en el procedimiento. Fui designado instructor del sumario y fui yo también quien le requerí el uniformes, su credencial y el arma reglamentaria cuando le comuniqué el pase a disponibilidad. Todo esto está sentado en las actas correspondientes”.Gazano remarcó el detalle del uniforme en el debate porque el acusado se sentó en el banquillo del Tribunal vestido como un oficial en servicio. La irregularidad había sido señalada por el juez D’Orsaneo minutos antes cuando Romero solicitó declarar y terminó por quedar evidenciada con los testigos.Gazano explicó además que “el jefe de turno es la jerarquía accidental del momento, y se deben respetar sus órdenes”. Y en cuanto al labrado del acta volvió a coincidir con Dorrego: “Se debe hacer en el lugar del hecho”.Jorge Luis Dulko, exjefe de la UR IX, también se presentó a declarar ayer y defendió la postura de la oficial Dorrego: “La desobediencia a un superior es considerada una falta gravísima”.
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