En plena crisis de la economía argentina, agravada en la zona de Misiones por la frontera con Paraguay y Brasil por las asimetrías, no se entiende cómo el Gobierno sigue castigando a los comerciantes y empresarios con la implementación de una “aduana interna” que ha demostrado ser sumamente perjudicial para la economía provincial.En pleno Gobierno de Maurice Closs, con la ya conocida voracidad recaudatoria, se le ocurrió poner estos puestos que espantaron (y siguen haciéndolo) a proveedores que se negaron rotundamente a seguir enviando mercaderías a Misiones, porque al no tener domicilio en la provincial les aplican una alícuota de Ingresos Brutos más alta; como también, una letra cambiada en un remito es causal de retención de la mercadería y el cobro de multas demasiado altas para arriesgarse.Ahora, una empresa misionera (Torres e Hijos) ha logrado que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aboque a un planteo jurídico sobre la legalidad y constitucionalidad de, en este caso, una aduana interna implementada por la provincia de Córdoba. Lo que resuelva de fondo la CSJN, podrá servir como antecedente muchos que se animaron a la presentación de denuncias contra la puesta en marcha por la Dirección General de Rentas de Misiones, en manos del recaudador Miguel “Pimpi” Thomas.La enorme y sofocante carga tributaria existente en la Argentina y en Misiones hacia quienes son creadores de empleo y sosten de la principal actividad económica como es el comercio, agrava el presente por las bajas ventas; cierre de locales por alquileres que se situan por las nubes; el costo laboral que implica cumplir las normas vigentes; el costo de los servicios de energía, agua potable que se volvieron casi imposibles de pagar.Misiones necesita urgentes incentivos fiscales, porque el ITC diferenciado no resolverá la crisis donde los comercios subsisten, hasta que no puedan hacerlo más.
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