En la protección legal que ofrece a sus trabajadores, América Latina es una región de contrastes intensos.Un informe publicado recientemente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubica a Colombia, junto con Guatemala, entre los diez peores países en su Índice Global, que señala a los que la organización no gubernamental considera “los peores lugares del mundo para trabajadores y trabajadoras”.Mientras, Uruguay está entre los que más protegen los derechos, Colombia sigue estando en las listas de los países más peligrosos para el sindicalismo.Eso ayuda a explicar por qué, pese a muchos años de recriminaciones nacionales e internacionales, y de repetidas iniciativas oficiales, continúa siendo uno de los lugares donde más se violan los derechos de los trabajadores.Un problema similar al que se vive en Guatemala.Tendencia globalLa CSI asegura que, en base a los informes enviados por sindicatos nacionales, recoge las violaciones a “los derechos laborales colectivos internacionalmente reconocidos por gobiernos y empleadores”.América Latina en general no sale particularmente bien librada.“El índice de derechos de este año identificó una tendencia global a un incremento en los ataques contra la democracia y libertad de expresión asociados con la violación de derechos fundamentales de los trabajadores”, le dijo a BBC Mundo Tim Noonan, vocero de la entidad sindical internacional.Y aunque Colombia y Guatemala aparecen como los peores infractores de América Latina, no son los únicos.“En la mayoría de países de la región, el índice identificó violaciones cotidianas de derechos”, añade Noonan.Más asesinatosEl informe da una puntuación de 1 al 5 a los países según el número de violaciones a los derechos laborales que haya registrado.Colombia se hace acreedora a una calificación de 5, equivalente a “derechos no garantizados” según la CSI, de manera especial por la violencia contra representantes sindicales. “En 2015, se registraron 20 asesinatos de sindicalistas en Colombia, el mayor número de cualquier país”, asegura el informe.Mientras que Guatemala también obtiene ese puntaje de 5 pues, en opinión de la CSI, “los trabajadores y trabajadoras siguen exponiéndose a violencia física, intimidación, asesinatos, secuestros y amenazas de muerte”, indica el mismo estudio.Con una calificación de 4, que equivale a “violaciones sistemáticas de los derechos”, aparecen países como Honduras, México, Panamá y Paraguay. También obtiene ese mismo puntaje Estados Unidos, la nación desarrollada peor evaluada por este informe de las organizaciones sindicales.El derecho a la representaciónEn el otro extremo del espectro, Uruguay es identificada como la única nación latinoamericana que es calificada con el puntaje más benévolo, de 1, correspondiente a “violaciones irregulares de los derechos”.Le siguen en la categoría 2, que identifica a naciones con “violaciones repetidas de los derechos”, Brasil y Costa Rica.Y con puntaje de 3, hay países como Argentina, Bolivia y Chile, entre otros, “con violación regular de los derechos”.La CSI encuentra algunas evoluciones positivas en la manera en que se protegen los derechos laborales en la región.“La Corte interamericana de Derechos Humanos ha reafirmado recientemente el derecho de los trabajadores a la representación sindical, y cada país en las Américas debería ahora garantizar que sus leyes y sus prácticas se ajusten al estándar regional”, afirmó Tim Noonan.Un problema de vieja dataLos países latinoamericanos, y en particular, Colombia, han estado por décadas en el centro de una controversia por la violencia ejercida contra los que defienden los derechos de los trabajadores.En la década pasada, cuando Colombia buscaba negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que finalmente se ratificó en 2011, Washington ejerció presión para que el gobierno en Bogotá se comprometiera a adoptar medidas de protección especiales para los sindicalistas y otros pasos para defender los derechos de los trabajadores, como una condición para tener acceso libre al mercado estadounidense.En 2014, un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconocía la existencia de violencia en contra de sindicalistas, ligada principalmente “al desarrollo de un prolongado conflicto armado interno”.Pero ratificó entonces, como lo ha venido haciendo insistentemente, que “el gobierno colombiano ha continuado con las políticas de protección, lucha contra la impunidad y garantías a la libertad sindical”, incluyendo un programa de protección especial para garantizar la vida e integridad personal de líderes sindicales.El gobierno de Colombia asegura que el número de homicidios contra miembros de movimientos sindicales bajó en un 95% entre 2002 y 2013.Un dato que no termina de convencer a las organizaciones sindicales como la CSI, que siguen ubicando al país latinoamericano entre los que menos respetan los derechos de los trabajadores, por cuenta de la persistente violencia contra sus representantes sindicales.Fuente: BBC Mundo
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