La premisa, tan vieja como la práctica política misma, nunca deja de tener vigencia. Y, paradójicamente, esa vigencia en los tiempos que corren necesita de nuevas herramientas para combatirla. Las diversas formas de la corrupción en un mundo cada vez más complejo e hiperconectado tienen una dinámica que a menudo deja en ridículo a quienes la combaten; y encuentra nuevas formas cuando se ejerce desde un puesto del Estado.Consciente de esa realidad, el Congreso argentino avanzó en los últimos días con la puesta en práctica de una herramienta que apela al origen mismo de la corrupción: apelar al corrupto.Con media sanción de la Cámara de Diputados, la “ley del arrepentido”, es una medida implementada con éxito en otros países y que en realidad ya existe en nuestra legislación, ya que está prevista para delitos de narcotráfico, secuestros extorsivos, trata de personas, lavado de activos y terrorismo.El macrismo, impulsor del proyecto, busca ampliar su ámbito de aplicación, alcanzando los delitos de asociación ilícita, prostitución y corrupción de menores, delitos contra el orden económico y financiero, contrabando y actos de corrupción de funcionarios públicos.El arrepentido es toda persona que participó de uno de los delitos establecidos en la ley y que a cambio de una reducción de la pena brinda datos o información precisa, verosímil y comprobable.Este tipo de herramientas permite una lucha más ardua contra los altos niveles de corrupción que hay en el país y que siguen saliendo a la luz con casos como el de Lázaro Báez, Ricardo Jaime y José López.La ampliación de la figura del arrepentido abre la posibilidad de llegar a los altos funcionarios y mandos de las organizaciones delictivas, y que los eslabones más débiles no sean siempre los únicos condenados. Pero básicamente y es ahí donde radica su importancia, es que se busca que nunca más la función pública sea una herramienta para robar.
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