Con la cerrada oposición del oficialismo, el Concejo Deliberante local sancionó ayer la obligatoriedad de realizar debates públicos entre los diferentes candidatos municipales previa a toda elección. La incorporación en el proyecto de las modificaciones propuestas por la renovación, aceptadas por la oposición, sólo lograron demostrar la falta de voluntad política de los primeros para avanzar en ese sentido, pese a los pronunciamientos elogiosos sobre la utilidad del sistema.El tema, cuyo dictamen fue incorporado por fuera del orden del día, acompañó a otros tres de ordenanzas ingresados de idéntica manera. La discrepancia permitió conocer el contenido de éste y el de otros dos, sancionados, sobre un régimen de sana convivencia en los espacios públicos, particularmente playas y la adhesión del municipio a la Ley Nacional 27; y dos, devueltos a comisión, sobre la vigencia del Consejo Interinstitucional para Yacyretá, creado en 1996, y que se pretendía derogar.Debate públicoDesde antes de abordarse formalmente el tema, ya quedaron en evidencia las discrepancias que la renovación tenía. Fue cuando Julio Vivero solicitó que su incorporación se votara por separado de los otros.Más adelante, ya en consideración, hubo elogios sobre las bondades del debate entre candidatos de toda la oposición e incluso algún oficialista. Éstos (Manuel Sánchez y Natalia Giménez) propusieron se amplíe ese debate público a todas las candidaturas (intendente, ediles y ombudsman) y se abra un registro de periodistas para moderadores, los que serían capacitados. El planteo fue incorporado, aunque se rechazó otra propuesta de Vivero para que esa compulsa sea vinculante, a modo de declaración jurada de lo que se haría en el cargo de resultar electos.La gentileza opositora chocó con la cerrada posición oficialista que terminó votando en contra.
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