El alcalde local, Carlos Fernández, acompañado por el director de Asuntos Jurídicos, Mijael Julián, presentó por escrito el informe solicitado por el Concejo Deliberante de esta ciudad, sobre las obras realizadas por dicho municipio a una empresa privada en la vecina localidad de Campo Viera.“El intendente pregona este tipo de acciones por parte del legislativo, ellos necesitaban ahondar en el conocimiento de obras que realiza el Ejecutivo y está muy bien que pidan informe. Por eso la respuesta llega en menos de 48 horas del pedido”, expresó Julián, erradicando versiones sobre un presunto enfrentamiento entre los dos poderes.Sobre el informe, el letrado explicó que “se trata de un trabajo para un contribuyente obereño, con domicilio comercial en nuestra ciudad, que solicitó la realización de obras en sus instalaciones ubicadas en el municipio de Campo Viera. Entonces, la Secretaría de Finanzas elaboró el presupuesto pertinente, conforme a la competencia dada por la ordenanza que se encuentra vigente. No existe normativa legal alguna que prohíba su ejecución ni tampoco que obligue al Ejecutivo a solicitar autorización. Eso es atribución exclusiva del intendente. El Ejecutivo se basó en la normativa legal vigente”, afirmó el director de Asuntos Jurídicos del municipio.Los ediles, quienes en su totalidad firmaron el pedido de informes, recibieron la respuesta y la analizarán individualmente, para tratarla en Comisión durante la jornada de mañana.“Cada uno tiene la copia para estudiarla y asesorarse. El jueves en Comisión trataremos con el abogado del Concejo Deliberante y vamos a pedir asesoramiento externo para profundizar el tema antes de tomar una decisión. Tengo pensado también invitar a los constituyentes para aclarar la situación. Tenemos toda la mejor predisposición, no hay animosidad contra el Ejecutivo, solo cumplimos nuestra tarea”, subrayó el presidente del Cuerpo, Ariel Chaves Rossberg.“Sentido común”El exconcejal, Carlos María Judais, indicó que “es cuestión de sentido común”, al referirse a los dichos del letrado oficial. El convencional constituyente, responsable -entre otros- de la redacción de la Carta Orgánica, aseguró que no existen normas que prohíban el polémico accionar del Ejecutivo, en declaraciones a la emisora La Radio. Luego prosiguió diciendo: “entiendo que no pueden, bajo ningún punto de vista, sacarse de la jurisdicción para tareas particulares los bienes de la comuna”, insistió.Sobre las obras destinadas a un vecino y empresario de la ciudad aclaró que “podrían realizarse, pero previa resolución u ordenanza que establezca la autorización y monto que debe percibir la comuna”, insistió Judais. También destacó que “lo peor es que el patrimonio de los obereños se utilizó fuera del municipio. Es una cuestión elemental, acá no rige el dicho de que todo lo que no está prohibido está permitido”. Más adelante, Judais resaltó que “es un principio del derecho público. Estamos en una etapa extraordinaria por hechos de corrupción, necesitamos transparencia, por lo que sería importante que todo se establezca por ordenanza, tanto la autorización como presupuesto de las obras”.DocumentaciónEn el documental entregado por el intendente Carlos Fernández, se destaca que luego del pedido efectuado por la empresa privada para la realización de los trabajos mencionados, fue “la Secretaría de Finanzas, a través del Departamento de Infraestructura, la que elaboró un presupuesto operativo. Dicho presupuesto lo confeccionó el Departamento Ejecutivo conforme a la facultad otorgada en la Carta Orgánica Municipal en el Artículo 136, competencia delegada en Ordenanza N°009/90, y demás resoluciones y normas concordantes. Que conforme al Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, la prestación de dicho servicio fue legítima y conforme a derecho, por no existir normativa legal alguna que prohíba su ejecución, como así tampoco normas que obliguen al Departamento Ejecutivo a solicitar autorización alguna al Concejo Deliberante para ejecutar la obra mencionada, por cuanto se trata de una competencia expresamente delegada al Ejecutivo, todo conforme lo determina las normativas citadas en el párrafo precedente”. Más adelante, el escrito de Fernández afirma que “el 29 de abril, el contribuyente mencionado, abonó de manera anticipada un pago a cuenta para que se preste el servicio en el predio de su propiedad, la suma de pesos quinientos mil (se adjuntan planillas de caja y correspondiente depósito bancario). El saldo restante que surge del presupuesto anexo, se abonará con las certificaciones de obras pertinentes, según términos y condiciones del presupuesto elaborado”.
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