La mora en los trámites, los malos tratos, la falta de coherencia con respuestas desiguales a situaciones similares y la falta de profesionales al frente que entiendan la trascendencia de las funciones de la dependencia; derivaron en un pedido concreto de intervención a la Dirección General de Catastro de Misiones, tramitado en las últimas horas. El Colegio de Agrimensores se reunió en asamblea extraordinaria y decidió pedirle al Gobierno que designe un interventor por 90 días en reemplazo de la actual conducción “para el logro de las acciones a implementar en la dependencia”. Mediante una nota formal dirigida al ministro Coordinador de Gobierno Adolfo Pischick, la comisión directiva del Colegio profesional también le solicitó que tras la intervención se “adecúe la infraestructura edilicia y de recursos humanos técnicamente calificados para cumplir eficazmente los objetivos de la nueva Ley de Catastro, y posibilitar así el acceso de los profesionales y la comunidad agilizando de este modo los trámites que debe realizar el organismo”. La nota formal fue elevada al gobierno de la provincia el 17 de mayo, y todavía no ha tenido una respuesta formal, pero los profesionales no descartan que la intervención se decida en los próximos días. Demoras y afectaciónYa en enero pasado, PRIMERA EDICIÓN se hizo eco de los reclamos de los profesionales (agrimensores, abogados, escribanos y corredores inmobiliarios) por las enormes demoras en las tramitaciones ante la Dirección General de Catastro. Entonces, los afectados señalaban que cada expediente lleva un tiempo mínimo de seis meses de gestión dentro de la dependencia, cuando en otras provincias el tiempo máximo son dos meses. Los retrasos en cada trámite de registro de planos de mensuras, de emisión de certificados catastrales o de constitución o verificación de estados parcelarios no implican sólo el malestar por la excesiva burocracia. “Esto afecta directamente a todo el mercado inmobiliario de la provincia”, advertían. A la vez, la mora “perjudica a quienes inician eventuales trámites para la regularización de la tenencia de la tierra, especialmente en zonas rurales en las que es alto el índice de ocupación e intrusión”, aseguraban. En el tráfico inmobiliario, la imposibilidad de contar en tiempo y forma con el registro de planos de mensura y certificados catastrales retrasa, y a veces incluso frustra, la venta y posterior escrituración de los inmuebles, según denunciaron insistentemente los operadores. Por este motivo en los últimos tiempos “creció la informalidad en las operaciones”, según coincidentes testimonios. Desbordados y sin medios Catastro tramita unos 2.500 expedientes por año y pese a la trascendencia de sus funciones, tiene una sola firma autorizada. “Se afecta la seguridad jurídica de las operaciones inmobiliarias por la imposibilidad de contar con respuestas”, aseguraron los agrimensores. A la mora, los profesionales le agregaron una queja constante por malos tratos y exigencias excesivas a la hora de darle seguimientos a los expedientes. En 2011, la Legislatura aprobó la Ley de Catastro de Misiones (Ley II Nº 24), pensada para la individualización y ubicación de los inmuebles; determinar el estado parcelario de cada propiedad y establecer la valuación del impuesto Inmobiliario, todo con la actualización de datos “en tiempo real” y georreferenciado. La ley, aunque buena, no se aplica por falta de reglamentación. Trato indignoLa esposa de un reconocido agrimensor de 86 años, que se encuentra convaleciente tras una compleja cirugía y se traslada en silla de ruedas, denunció en marzo pasado un hecho de “discriminación e incomprensible destrato” por parte de la directora de la dependencia, Nilda Rolón de Regali; y tal fue su enojo que puso al tanto de la situación al gobernador Hugo Passalacqua para que tome cartas en el asunto. Margarita Carlotto es esposa de Pablo Moroz, y denunció que pese a la incapacidad física del profesional, la directora rechazó el nombramiento de un gestor y lo obligó a trasladarse en persona a la dependencia desde San Vicente. “El agrimensor, de 86 años de edad, en silla de ruedas, tuvo que concurrir en forma personal a Catastro estando a 200 km. de distancia; hecho que dio vergüenza faltando a la dignidad y respeto del ser humano, ya que en dicha repartición no poseen rampa para sillas de ruedas, ni ascensor”, puntualizó dolorosamente la esposa de don Pablo en la misiva dirigida al primer mandatario. El incidente provocó el enojo de muchos profesionales, que entendieron que “ya fue el colmo”.
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