Hace unos meses, cuando Mauricio Macri ganó las elecciones, un economista escribió una columna a la que tituló: “¿Ganaste la elección?, ¡jodete!”. Esa definición pareciera ser totalmente aplicable a lo que le pasó a Dilma Rousseff, cuando fue reelecta el 26 de octubre de 2014.Hoy, Brasil es un hervidero de nervios debido a la crisis económica y al proceso de destitución que enfrenta la presidenta. Algo inédito en ese país, pero recordemos que en 2012 Paraguay hizo escuela con el desplazamiento a Fernando Lugo. Antes, los militares eran el ariete con el que sacaban a patadas a los presidentes. Ahora es la misma democracia la que, con un sistema más complejo y dadas ciertas condiciones, puede propiciar la salida del jefe del ejecutivo. Se terminaron así con los golpes de Estado de las fuerzas armadas. Pero hoy desde los mismos congresos surgen fuerzas democráticas a las que acusan de promover “Golpes blandos”. Rousseff ya analiza cuáles van a ser sus actividades tras su suspensión en los próximos seis meses, porque las horas que le restan en el palacio de Planalto hoy son como la arena en la parte superior del reloj. El error político, fraude administrativo o “crimen de responsabilidad” (según la definición exacta) fue una maniobra que pareciera ser habitual en las diferentes administraciones, pero en Brasilia se está pagando muy caro. En 2014, el Gobierno de Dilma tenía que cubrir un déficit. No le alcanzaban los fondos para continuar sosteniendo parte de los planes sociales. Pidió entonces dinero a los bancos públicos y cubrió así ese “agujero” que vaya a saber por qué se había producido. Pero legalmente, lo que debía haber hecho la presidenta era solicitar al Congreso que aprobara el movimiento de dinero, porque al fin y al cabo, era dinero público que debía salir de los bancos del Estado y así lo establecían las normas.Ya en 2015, se conoció esa “movida” impulsada por Dilma y la oposición la acusó de “maquillar” las cuentas públicas, para que su Gobierno mostrara eficiencia justo en plena campaña presidencial. En la elección, la aliada de Lula Da Silva debió ir al ballotage y en esa instancia ganó por algo más de tres puntos sobre Aécio Neves. La proyección de su segundo mandato no se avizoraba fácil, porque ganó por poca diferencia, con demasiados brasileños en contra de su administración. Pero Rousseff hacía tiempo que transitaba por terreno resbaladizo, producto de las tropelías que sus compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) habían hecho con dinero del petróleo. Durante su primer mandato se había diferenciado de los casos de corrupción y le pidió la renuncia a al menos media docena de ministros que comenzaban a caer, cuando el caso Petrobras se hacía cada vez más evidente con las investigaciones del juez Sergio Moro. Las “mensualidades” (caso Mensalao) que el PT había pagado a legisladores propios y de otros partidos para apoyar proyectos del presidente Lula con fondos de la petrolera estatal, fue el inicio de una serie de escándalos. Le siguió el caso Petrobras, que desnudó coimas millonarias entre políticos, amigos del poder y empresarios para quedarse con obra pública a cambio de sobrefacturar proyectos y girar retornos para la política. Con ese esquema de corrupción debió lidiar el oficialismo en las últimas elecciones y ganó apenas. Ese clima político que se enrarecía cada vez más con la condena a 19 años de prisión para Marcelo Odebrecht, el empresario de la construcción más importante de Brasil por sus negociados con Petrobras, y la reapertura de causas a 47 políticos (funcionarios, exfuncionarios y legisladores) por la misma trama de complicidades, terminó de torcer la balanza contra Dilma. La presidenta fue vinculada a la corrupción. Se la acusó de conocer (ya desde el Gobierno de Lula) las irregularidades en la empresa petrolera que se convirtió en la caja política del PT. La oposición no podía hallar pruebas claras, pero buscaron algún error que pudiera haber cometido para ir a fondo. Lo hallaron en las cuentas públicas con el maquillaje del déficit. Un caso que podía haber pasado por alto, pero cuya infracción está regulada por las normas constitucionales de Brasil. Esa fue la excusa perfecta para los partidos de la oposición y los millones de brasileños que habían votado contra Dilma. Así fue como se disparó el proceso de impeachment que la misma presidenta acusó de injusticia y venganza contra ella. Con los diputados en contra y a la espera de la decisión del senado, continuó su defensa argumentando que es víctima de una persecución política.“No hay la menor base legal para ese proceso. No tengo ningún problema en lo que se refiere a irregularidades. Soy una persona contra la que no hay ningún proceso de corrupción o pruebas de cualquier tipo de irregularidad con dolo y mala fe”, afirmó a la prensa. Dijo además que las supuestas maniobras en los balances fiscales de su Gobierno que la oposición usa para justificar el proceso no pasan de prácticas contables que fueron usadas por anteriores gobiernos. Agregó que también se siente víctima de una gran injusticia por tratarse de un proceso de “medias verdades” ya que los opositores alegan que el juicio político con miras a su destitución está previsto en la Constitución, pero no dicen que el proceso exige una base legal que en su caso no existe. “Decir que está previsto en la Constitución es una media verdad porque no dicen que es necesario un crimen de responsabilidad para poder usarlo. No estamos en un régimen parlamentario. No basta un voto de desconfianza para que el gobernante salga”, afirmó.Dijo también que otro agravante es que todo el proceso fue impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, como venganza por la decisión del Gobierno de no ayudarlo a frenar los procesos por corrupción que el legislador enfrenta tanto en el Legislativo como en la Justicia. Petrobras fue la miel dulce-amarga de la que también probó el jefe de la Cámara Baja. “El presidente de la Cámara está siendo investigado por corrupción y en ese momento él quería tres votos del partido del Gobierno para hundir el proceso en su contra en la Comisión de Ética de la Cámara. Nos negamos a aceptar eso y ahí, por venganza, comenzó el proceso”, dijo. “Soy víctima de un proceso en que mis juzgadores tienen un historial que no los acredita para ser jueces de nada sino para ser reos”, agregó Dilma en referencia a Cunha.Para que se desate la crisis que vive el vecino país debieron alinearse una serie de factores. La tormenta perfecta comenzó con la corrupción, producto del altísimo precio de las commodities, que permitieron a Brasil convertirse en una de las principales potencias emergentes. Mucho dinero disponible y demasiados funcionarios que p
or gula sucumbieron al banquete. La caída de los precios internacionales se transformó en un problema para la economía interna. La gente sintió el bajón económico y creció el descontento montado a las imágenes de funcionarios y empresarios corruptos con millones de dólares desviados a sus bolsillos (se cree que con Petrobras malversaron más de 2.000 millones de dólares). Y la puntada hiriente la dio la oposición que supo canalizar su caudal de votos, el descontento público y sus propias ambiciones. En frente estaban los millones de partidarios del PT, que con sus marchas no pudieron contener la rebelión democrática dentro del Congreso. Pero los amotinados del PMDB, el principal aliado del PT, también fueron parte del complot para que Rousseff esté a punto de abandonar el barco, empujada por quien será el nuevo capitán, el vicepresidente Michel Temer. El camino que hoy transita Brasil no hace otra cosa que reafirmar un escenario en el que la corrupción o la impericia puede hacer tambalear a gobiernos sin que sea necesario el ruido de botas como en el pasado reciente. Pareciera que con una oposición fuerte (Paraguay, el Partido Colorado. Brasil, los políticos de centro y centro derecha) los oficialismos tiene poco margen para grandes errores. Cabe entonces la pregunta ¿se volvieron más fuertes o más débiles las democracias latinoamericanas? En el caso de la sociedad argentina, hay cosas que ya no tolera, y parece que la brasileña tampoco. A los ciudadanos les importan menos las disputas palaciegas y mucho más qué hacen los gobiernos con el dinero. Si la piedra en el zapato es el desfalco sin-vergüenza al Estado, al menos los gobiernos deberían tener la chance de entregar el poder con una derrota digna en las urnas como sucedió aquí. Recién ahora la Justicia temblorosa toma cartas contra los vencidos, a la inversa de lo que sucedió en Brasil. Y Venezuela pareciera estar nomás a la vuelta del Congreso brasileño. Porque la oposición controla el parlamento (Asamblea Nacional) y ya se cumplió la mitad de mandato de Nicolás Maduro. La Constitución habilita un plebiscito revocatorio para preguntar al pueblo si aprueba la gestión y desea seguir con el mismo presidente. El Palacio de Miraflores atraviesa una crisis más profunda que la de Planalto. Por errores propios y por empujones ajenos, en las tierras venezolanas germina otro “impeachment”. Esos son los nuevos vientos que soplan por este sur de democracia indómita. El eje Asunción-Brasilia va camino a sumar a Caracas como su próxima escala. Colaboración:Lic. Hernán Centurión





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