La continuidad de una tendencia inflacionaria heredada de la última década, pero que se profundizó en los primeros meses del año, es la principal causa de preocupación en el Gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri, de cara a la nueva etapa que se iniciaría a partir del pago de la deuda a los Holdouts. La pretensión oficial de contar ya en el segundo semestre del año con una drástica moderación de la tendencia, de la mano de un fuerte aumento de la inversión, aparece a primera vista como un exceso de optimismo acompañado de la intención de influir en el nivel de las expectativas. En tanto no se vean señales claras de que se vaya a concretar la hipótesis de un final del año con un 25% de inflación; de lo que no hay duda es que la inflación alta que tenemos hoy, aún cuando pueda modificarse en el mediano plazo, golpea con fuerza a quienes dependen de un ingreso salarial y resulta letal para las personas que se encuentran por debajo de la línea de pobreza en cuanto al nivel de ingresos.En este contexto, la batería de medidas sociales destinadas a los sectores más vulnerables que anunció recientemente el presidente Macri, intenta paliar los efectos más severos del llamado “impuesto inflacionario”, ya que se beneficiarán -según se anunció- más de 10 millones de personas. La reducción del IVA sobre los productos de la canasta alimentaria sacaría de la pobreza a 481.000 personas y rescataría de la línea de indigencia a otras 355.000, de acuerdo a las estimaciones oficiales. Desde la Fundación Medieterránea calificaron a la iniciativa como “promisoria pero insuficiente”, dado que hasta el segundo semestre de 2015 la pobreza alcanzaba a 12, 2 millones de personas. La abultada cifra, unida a la presión inflacionaria; habla de una realidad social potencialmente explosiva imposible de minimizar. Las soluciones de fondo al escándalo de la pobreza estructural en un país con exceso de recursos naturales -según la conocida expresión del papa Benedicto XVI- son aún una deuda pendiente.
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