Señora Directora: Vengo siguiendo con atención las publicaciones sobre los “ñoquis” de la EBY, incluso el pedido que el señor Francisco Wipplinger hizo para saber quienes eran los que cobraban sin ir a trabajar por acomodo con el gobierno de turno. Pero más me indignó este domingo ver los casos de funcionarios políticos y hasta judiciales que cobraron de Yacyretá sin deber hacerlo, desde indemnizaciones hasta contratos con honorarios privilegiados para un profesional del medio.Me refiero no solo a Oscar Thomas que se llevó más de cuatro millones al irse de la EBY por los 12 años que estuvo cobrando jugosos sueldos; sino también al abogado Sergio Santiago que cobraba nada menos que 45 mil pesos mensuales de un contrato, aun cuando era integrante del Superior Tribunal de Justicia (vaya ejemplo de injusticia que hasta los abogados de todo el país salieron a expresarse sobre la incompatibilidad manifiesta de este señor).Ahora bien, el renovador Thomas, terminó devolviendo al menos lo último que se llevó de Yacyretá. Lo mismo que otro exintegrante misionero del directorio del ente y un paraguayo que en realidad fue el primero en hacerlo en su país.Sin embargo, el exministro del Superior, presentó su renuncia al cargo y pensó que con eso era suficiente para reivindicarse ante la sociedad que observaba expectante el resultado de una denuncia. Sepa señor Santiago que con su dimisión no es suficiente. Usted debiera conseguir un poco más de coraje y dignidad y devolver todo el dinero que por varios años cobró del contrato con Yacyretá cuando era juez, porque sus pares abogados reunidos en una Federación integrada por los Colegios de todas las provincias, se pronunciaron diciendo que no debió hacerlo siendo parte de la conducción del poder judicial de la provincia. Ahí sí la gente indignada como yo, podrá empezar a creer que en este país el que se lleva lo que no le corresponde, lo devuelve para darle un destino mejor y miles de pesos terminan beneficiando los intereses personales de funcionarios del pueblo.Y el Colegio de Abogados de Misiones, debería analizar en su Tribunal de Ética su accionar, porque hubiera sido muy grave para las instituciones que se tome como docencia un asesoramiento jurídico, que no es lo mismo.Ya que nuestra justicia sigue con la venda ajustada (no para ser independiente precisamente) sino para evitar ver las irregularidades que se cometen con los dineros del pueblo y así intervenir de una vez por todas; seguirá siendo la gente en las plazas, en la calle la que luche para que la corrupción no se lleve nuestros recursos.Sería bueno, aunque suene una utopía, que cada ñoqui, cada funcionario o empresario corrupto se vea obligado a devolver lo que consiguió de manera ilegal, ilegítima. Como el Estado obliga a quienes no pagan impuestos o los evaden llegando incluso a meter presos a los incumplidores o evasores.Necesitamos sentir que en esta provincia, en este país, todos somos iguales ante la ley.
Discussion about this post