Un peritaje presentado en una causa por presunto espionaje contra políticos, jueces, periodistas señaló que hubo teléfonos que efectivamente habrían sido pinchados. El estudio lo hizo Claudio Garbarz, de la Universidad Tecnológica Nacional, sobre una lista original de 202 supuestos espiados, que había sido aportado el año pasado Laura Alonso, entonces diputada por Pro y hoy jefa de la Oficina Anticorrupción. En la denuncia que dio origen a esta causa, ella informó que un agente de inteligencia le había comunicado, de manera anónima, que se estaba espiando a esas 202 personas. Según el informe de Garbarz, algunos de los nombrados fueron, como se denunció, objeto de "pinchaduras" en sus teléfonos, trascendió de fuentes judiciales. De todos modos, notificados del resultado del primer estudio, algunos de los supuestos espiados dijeron desconocer el teléfono que aparecía a su nombre o haberlo dejado de usar hacía años. Ahora, el juez de la causa, Sebastián Casanello, espera un nuevo peritaje, que le encomendó a la División Cibercrimen de la Policía Metropolitana. Según su informe, varias líneas habrían recibido de un hardware ciertos softwares maliciosos, que son programas que permitirían la intrusión.Entre las líneas que dieron positivo ante esta prueba hay algunas que pertenecerían a jueces, como Claudio Bonadio, Sergio Torres, María Romilda Servini de Cubría, Jorge Ballestero; otras, a políticos, como la propia Alonso y Patricia Bullrich, hoy ministra de Seguridad, y otras, a periodistas y empresarios de medios, como Héctor Magnetto, CEO de Clarín. La denuncia original -cuyo autor nunca fue identificado- daba algunos datos y decía, por ejemplo, que las intervenciones se harían desde una oficina que estaba en la esquina de las avenidas Entre Ríos y San Juan, si bien se investigó la zona y no se encontró nada. Fuente: Agencia de Noticias NA
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