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Una situación compleja: mbya que viven en la terminal de ómnibus de Posadas

6 marzo, 2016

La situación en la que se encuentran alerta a vecinos y transeúntes: duermen sobre una pila de basura y los niños piden monedas en los semáforos del lugar. Así pasan los días algunas familias mbya que llegaron a Posadas hace varias semanas y se apostaron en la terminal de ómnibus. Desde el Ministerio de Derechos Humanos indicaron que “no quieren asistencia” y que su estadía en la capital provincial es debido a un “conflicto en su comunidad”.Lo cierto es que la precaria situación en la que viven alerta a todo aquel que pasa por el lugar. Las pobres condiciones de higiene, el peligro de los chicos a la vera de una avenida como la Santa Catalina, pasar la noche sobre cartones en el piso de tierra y los niños pidiendo monedas en los semáforos desencadenaron el enojo de los lugareños. Pero vale aclarar que no es la primera vez que estas comunidades llegan a Posadas y se instalan en algún lugar a pedir limosnas por parte de la gente: ya lo han hecho en las plazas de la ciudad, así como también por la avenida Mitre. En la mayoría de las ocasiones, las autoridades son notificadas de su presencia y los buscan para llevarlos a su comunidad, pero luego regresan.“Son diferentes grupos que van viniendo, en alternancia y generalmente proviniendo de la misma comunidad”, aseguró Tiki Marchesini, ministra de Derechos Humanos, en diálogo con PRIMERA EDICIÓN. Agregó que “los venimos siguiendo desde diciembre, pero pasa que hay algunos grupos que se van y vienen. Nosotros tenemos que ser francos con la problemática dentro de cada grupo o colectivo. Así como nosotros los blancos tenemos problemas políticos, también la comunidad mbya guaraní tiene problemas políticos con su cacique. Aquí concretamente hay una acción de carácter político de una comunidad especial donde el cacique es el que los hace venir”. Según la visión de la funcionaria provincial, la llegada de las familias de la comunidad Marangatú -una de las que se encuentra en la terminal- sería a causa de un conflicto dentro de su misma comunidad. “Hay dos comunidades en la terminal pero ambas están comandadas bajo la misma instancia política y hay una actitud de generar esta cuestión de la limosna entendida como que ’el Estado no hace nada’ y todos estos conceptos. Hay cuestiones concretas que tienen que ver con problemáticas de carácter político interno. Hay que entender y dejarlos debatir y el Estado tiene que acompañar y proteger a los niños, pero también tenemos que respetar el derecho al debate que tienen que tener los adultos”, señaló Marchesini y declaró que “me parece una gran irresponsabilidad por parte de ellos que estén esos niños en la calle. Nosotros tenemos que resguardar la integridad de los chicos, sea mbya o no”.Asistencia en el Hogar de DíaAl respecto, Marchesini señaló que “en principio, lo que hacemos es una articulación con el Hogar de Día como para que los chicos pasen a estar allí un rato, ya sea a la mañana o a la tarde porque sabemos que lo que está vulnerado es el derecho del niño. Eso es lo que nos preocupa, porque un adulto puede decidir su destino, pero un niño no. Entonces, ante esa situación de vulnerabilidad, nosotros consideramos que los chicos no tienen que estar en la calle, por lo tanto estamos actuando con Salud Pública para tratar de contenerlos y llevarlos al Hogar de Día donde reciben alimentación, control médico y demás”. Sin embargo, varios de los niños se encuentran en el lugar en horas en que el Hogar de Día está abierto, en contradicción con lo que sostiene la funcionaria. Marchesini señaló que “van rotando. Suelen estar en la plaza 9 de julio, en la plazoleta de la Mitre, en la escuela de Música, van alternando”. Aseguró que “no quieren asistencia” y explicó que “nosotros hemos estado incluso sábados a la noche acompañándolos con la voluntad de haber conseguido el albergue que está debajo del Anfiteatro y ellos no quisieron, se subieron al colectivo y se fueron. Tampoco los queremos forzar, no es que vamos a ir a buscar a la Policía. Entendemos que uno se acerca, habla, dialoga, intenta convencer, explicar… pero bueno”.Sobre el hecho de que muchas veces se los lleva a su comunidad y vuelven después, Marchesini indicó que “es un mecanismo que tiene el cacique. Es por la problemática interna que ellos están teniendo. Esto quiero que se entienda, yo no sé hasta donde todas las familias vienen porque ellos quieren venir o porque ellos se quieren ir de su comunidad”. Para finalizar, señaló que “nos encontramos con cien personas en Posadas pero si pensamos que son ocho mil en total, no es un gran porcentaje. Es compleja la situación, tiene muchas aristas”.

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El presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández, cuestionó con dureza el proyecto de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa fue elaborada sin la participación de los principales actores del entramado productivo, en especial de las pequeñas y medianas empresas.“No participamos de la discusión. Hacer una reforma laboral sin convocar a quienes representamos a más de 600 mil pymes es como querer armar un programa de radio sin que estén quienes trabajan todos los días al aire”, señaló Fernández en declaraciones radiales. Según explicó, las pymes concentran entre el 75 y el 80% del empleo registrado del país, por lo que su exclusión del debate “no es un dato menor”.
El Gobierno nacional anunció la reglamentación para la habilitación de estaciones de servicio móviles, una modalidad pensada para garantizar el acceso al combustible en zonas alejadas o localidades donde las estaciones fijas dejaron de operar o se encuentran en mal estado. Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del Nordeste (CESANE), Faruk Jalaf, valoró la medida aunque advirtió sobre los desafíos económicos y operativos que implica.“En realidad es una medida que ya estaba, lo único que se ha hecho ahora es reglamentarla”, explicó Jalaf, al tiempo que destacó que la normativa aporta un marco de seguridad tanto para proveedores como para consumidores. Según indicó, “la reglamentación busca que haya garantías, que no exista riesgo de accidentes, de traslados inseguros o de robo de combustible, porque estas estaciones van a estar en zonas más aisladas”.
El debate nacional por la reforma laboral que impulsa el Gobierno volvió a encender la polémica en torno a la posible eliminación de la matrícula profesional y la colegiación obligatoria. El tema, que forma parte de un proyecto amplio que comenzará a ser tratado en el Senado, generó preocupación en distintos sectores profesionales. Sin embargo, desde Misiones llevaron tranquilidad y marcaron límites claros a cualquier intento de modificación desde la Nación.Juan Manuel Fouce, presidente de la Federación de Consejos y Colegios Profesionales de Misiones, explicó que la regulación del ejercicio profesional es una facultad que no fue delegada por las provincias al Estado nacional. “Hay facultades que no están delegadas de las provincias a la Nación. Dentro de esas facultades está la de regular las profesiones”, afirmó.
El padre Alberto Barros, párroco de Sagrada Familia y vicepresidente de Cáritas Diocesana de Posadas, expresó su preocupación por el impacto social de la crisis económica y por el “clima de soledad e indiferencia” que, según afirmó, se expande en el país. Desde su rol pastoral y social, describió un escenario “cada vez más duro” para miles de familias misioneras.“Lo que estamos viendo es un empobrecimiento generalizado. Mucha gente de clase media que nunca se acercó a una parroquia hoy pide alimentos o medicamentos.”
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