El escándalo protagonizado en los últimos días por el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) César Santiago al develarse que percibía un sueldo en Yacyretá al mismo tiempo que era miembro del alto cuerpo, dejó a la luz la necesidad de rever los mecanismos para las futuras designaciones en la Justicia.Al reclamo de abogados que le pidieron al gobernador que se autolimite en sus facultades de designación de los futuros ministros para cubrir las dos vacantes que quedan en el Superior, se sumó esta semana la iniciativa legislativa del diputado radical Germán Bordón, quien presentó un proyecto de Resolución que modifica el Reglamento de Cámara para el trámite parlamentario previo al acuerdo de la designación. La iniciativa busca incorporar las audiencias públicas, garantizando así “transparencia y participación ciudadana en el proceso”.“El procedimiento de audiencia pública para el otorgamiento de acuerdos legislativos para el nombramiento de magistrados y funcionarios propuestos por el Poder Ejecutivo regulado por los artículos 47 y 70 bis del Reglamento de la Cámara, no comprende a los ministros del Superior Tribunal de Justicia, al procurador general ni al fiscal de Estado. Es una excepción que no contribuye en modo alguno al principio de publicidad que debe enmarcar a todos los actos de un gobierno genuinamente republicano”, señaló Bordón en su proyecto, que además lleva la firma de sus pares radicales, del Pro, del Partido Agrario y Social (Pays), de Trabajo y Progreso (TyP) y Frente Unidos.“Incluir a los ministros del STJ, al procurador general y al fiscal de Estado, resulta aún más necesario que a los magistrados inferiores, los que ya pasaron por un procedimiento de evaluación en el Consejo de la Magistratura”, remarcó el legislador. Instancia previaSi el proyecto prospera, las audiencias públicas permitirán el contralor ciudadano mediante la publicidad de los antecedentes de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo, incluida la posibilidad de la impugnación. Como antecedente, en el 2009, y en oportunidad de la designación de los ministros Zarza y Santiago como miembros del cuerpo, el también diputado radical (MC) Pablo Andersen promovió una iniciativa en el mismo sentido que no prosperó. Ante el cambio del escenario político, Bordón se mostró optimista ante la posibilidad de concretar una reforma “que garantice la idoneidad de los magistrados y funcionarios”.AutolimitaciónAntes de conocerse el proyecto de Bordón, abogados del foro local anunciaron acciones para requerirle al gobernador Hugo Passalacqua que se autolimite en sus facultades en el nombramiento de ministros del STJ, y que previo a requerir el acuerdo legislativo, establezca un sistema de control ciudadano que permita evaluar los antecedentes de cada futuro miembro del alto cuerpo. Para quienes exigieron la renuncia de Santiago tras conocerse su doble estándar de ministro del STJ y contratado en la EBY por 45 mil pesos mensuales, “la pelea de fondo es por la verdadera independencia del Poder Judicial”. De allí que esperan que para cubrir las vacantes que dejaron Santiago y el fallecido ministro Humberto Schiavoni (padre), el primer mandatario provincial imite el famoso decreto 222 del expresidente Néstor Kirchner por el cual también acotó sus facultades constitucionales y estableció el procedimiento de audiencias públicas previas para la designación de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esta línea se manifestaron los letrados Ernesto Baez, miembro del Consejo de la Magistratura provincial; el expresidente del Colegio de Abogados Rodrigo Bacigalupi, y su antecesor, Isaac Lenguaza. Actualmente, la Constitución de la provincia establece que el Gobernador designa a los miembros del STJ con acuerdo de los 2/3 de los legisladores que componen la Cámara de Diputados, por lo que cualquier cambio que se proponga deberá reglamentar el artículo de la Carta Magna, sin necesidad de modificarlo. De allí que pueda ser factible tanto un decreto del Gobernador como la reforma del Reglamento de la Cámara. Composición actual El STJ de Misiones es el máximo órgano del Poder Judicial y tiene una conformación de nueve miembros, aunque ahora quedan dos vacantes. El presidente del cuerpo es Froilán Zarza y lo integran también Ramona Velázquez, María Laura Niveyro, Rubén Uset, Jorge Antonio Rojas; Cristina Irene Leiva y Manuel Márquez Palacios. De los siete miembros actuales, sólo dos no fueron nombrados por el gobierno renovador y mediante el mecanismo que sólo requiere el acuerdo parlamentario.
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