La polémica por los contratos sospechosos en la Entidad Binacional Yacyretá no tiene respiro. Ahora es el Colegio de Abogados de Misiones el que hizo un pedido de informe al nuevo presidente de la EBY, Humberto Schiavoni, para que “tenga bien confirmar o descartar” si es verdad que un ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia cobraba un jugoso contrato hasta hace pocos meses en la Entidad.Si la denuncia periodística se confirma, constituiría un verdadero escándalo que podría terminar con la carrera del juez y pondría en aprietos a las anteriores autoridades de la entidad, ya que es totalmente incompatible ser juez de la Corte misionera y ser contratado por un organismo público.Luego de la derrota del kirchnerismo en las elecciones de noviembre pasado, el presidente Mauricio Macri designó a Humberto Schiavoni en Yacyretá.Al poco tiempo se filtró un listado con polémicos nombres de parientes, allegados y familiares del poder de Misiones que cobraban jugosos contratos sin trabajar en la Entidad. Entre setenta y cien contratos cayeron y otros fueron revisados. Entre la lista de contratados trascendió el nombre de un ministro del STJ misionero, que fue asesor de la EBY y que no habría cortado su vinculación como contratado, manteniendo los dos cargos, hecho totalmente incompatible que podría tener consecuencias judiciales.Enseguida, desde diferentes sectores de la sociedad se reclamó que Schiavoni tome cartas en el asunto, aclare la polémica y denuncie la irregularidad si es que existe el hecho de corrupción.Hasta ahora, la respuesta del nuevo presidente de la entidad fue un sugestivo y sospechoso silencio que nadie se explica. “Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en nombre y representación del Colegio de Abogados de Misiones, en relación a las denuncias periodísticas que involucran a empleados y funcionarios judiciales de la provincia de Misiones como contratados por la entidad a vuestro digno cargo, y la manda legal que pesa sobre este Colegio, conforme prevé el artículo 13 inciso c de la Ley I Nº 5(ex 267) que impone el deber de velar por el decoro del foro y la magistratura”, señala el primer párrafo de la nota enviada por el Colegio a Schiavoni con fecha 22 de enero.Como hasta el martes el titular de la EBY no respondió a la misma, se decidió hacer público el pedido.“Solicitamos tenga a bien confirmar o descartar tales datos periodísticos y en su caso, indicar las personas involucradas. A estos efectos, agradeceríamos nos conceda una audiencia a fin de tratar personalmente este tema”, se agrega en el texto que lleva la firma del presidente del Colegio, Martín Ayala.En declaraciones a la prensa, el representante de los letrados señaló que “la función de la Magistratura es incompatible con cualquier otro tipo de actividad”, salvo “escasísimas excepciones”.“No nos respondieron todavía porque la nota está en el área de legales de la ciudad de Buenos Aires. A partir de allí, podrá el Colegio y la sociedad decidir qué hacer”, sostuvo el abogado.“Corresponde la transparencia”, indicó, añadiendo que “no sabemos quién está involucrado”. “Esto afecta al servicio de justicia porque arroja un manto de sospecha sobre los profesionales”, añadió Ayala.La respuesta se demora y de concretarse la sospecha -de que efectivamente había un juez del STJ contratado- pondría a Schiavoni en una abierta situación de confrontación con la renovación ya que involucraría al exdirector de la EBY, al juez de la Corte sospechado y también a varios parientes de familiares que tenían contratos vip en la entidad y que no trabajaban. Los Schiavoni han tenido en los últimos meses una relación institucional con el Frente Renovador, al punto que compartieron actos y el diputado provincial Alfredo Schiavoni fue designado como vicepresidente segundo de la Legislatura provincial.Combatir la corrupciónAl momento de asumir su cargo, el presidente Macri dijo que iba “a combatir la corrupción” y que será “implacable” cuando los funcionarios “dejen de cumplir con lo que señala la ley”. El pueblo votó ese cambio y sería muy positivo que los representantes de Macri en Misiones se mantengan dentro de esa línea de conducta comprometida con la sociedad.Han pasado 70 días desde que el PRO asumió en el Gobierno y desde que Schiavoni tomó el control de Yacyretá, tiempo suficiente como para reunir las pruebas y denunciar las irregularidades existentes que, según trascendidos, serían numerosas.Para colmo, hace poco se conoció que los exconsejeros de la EBY se autoindemnizaron por cuatro millones de dólares, situación que tampoco tuvo el repudio merecido de las nuevas autoridades, lo cual instala la sospecha de un “pacto de no agresión” que se deberá confirmar o descartar lo antes posible.
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