Distinta vara

Señora Directora: Hace escasos sesenta días que se inició una nueva gestión al frente de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Posadas y ya se nota el cambio de políticas en esa tarea, pese a que ambos Ombudsman, el que entró y el que se fue, pertenecen a un mismo color y partido político. Evidentemente los propósitos demostrados son diferentes o bien lo es la comprensión de cada uno de las responsabilidades que les compete como defensores de los derechos difusos de los posadeños que les otorga la Carta Orgánica Municipal (COM).No quiero parecer muy condescendiente con el actual Defensor del Pueblo –me parece aún muy pronto para otorgarle un cheque en blanco, recién está inaugurando su cargo-, pero llama la atención que ya haya intervenido en dos cuestiones que hacen a los derechos e intereses de quienes representa, aunque, quizás, deba considerárselos de distinta trascendencia e importancia. Se trata de la exigencia que le hizo a las empresas del sistema integrado de transportes metropolitano para que sus unidades cuenten con las monedas necesarias a fin de darle el cambio justo a aquellos usuarios que carecen de la tarjeta Sube y abonan con dinero efectivo sus pasajes. Responde a una queja generalizada de estos pasajeros de que en los hechos deben renunciar a ese cambio ante la falta de él o quedarse en la parada a esperar una nueva unidad que cuente con monedas y pueda trasladarlo.¿Quién hubiese imaginado un pronunciamiento así en años anteriores cuando el entonces defensor del Pueblo, Marcelo Vairo, se hizo el distraído ante el reclamo de los adultos mayores para que exigiera el cumplimiento de la gratuidad en el transporte público colectivo concedida en la COM? ¿O cuándo desoyó el justo reclamo de los usuarios y le dio la razón a las empresas concesionarias en uno de los repetidos y acostumbrados pedidos de aumento en la tarifa de éstas? ¿O todas las veces que, desconociendo su responsabilidad institucional, ignoró reclamos vecinales o de particulares, cuando debió defenderlos, para mostrarse conteste con los gobernantes de turno?El segundo hecho a comentar es la intervención del actual ombudsman Alejandro Cohen en cuanto a reclamarle a la Nación la suspensión del aumento en la tarifa eléctrica hasta que no se realice la obligada audiencia pública que establece la ley federal para estas decisiones. No sé qué podrá suceder con él en lo sucesivo ni cuáles serán sus intervenciones en los cotidianos conflictos entre las decisiones del Estado o de los servidores de éste y los derechos, intereses e inquietudes de los posadeños. Aunque espero que esa responsabilidad puesta por los posadeños en sus manos siga ejerciéndola de manera similar a la de estos dos ejemplos y no que más adelante tengamos que conformarnos con las banalidades de un burócrata más que no supo responder a sus funciones.