El Gobierno nacional se mostró decidido a poner fin a los subsidios a la energía en el área metropolitana y establecer un nuevo cuadro tarifario para la distribución de energía eléctrica en todo el país, buscando así sentar una base para nivelar los precios en las diferentes provincias.La medida es acertada vista desde la perspectiva de la injusta asimetría surgida a causa del beneficio otorgado en exclusiva a los usuarios del servicio eléctrico de Capital Federal y Gran Buenos Aires, que se originó en una situación excepcional de colapso económico, pero se mantuvo luego por más de una década por razones de naturaleza política.En la práctica, sin embargo, si se observan los efectos en el corto plazo y en una coyuntura económica como la actual, presionada por una transición política que apunta a la vez a un cambio drástico de modelo económico, la modificación tarifaria genera más dudas que certezas y sugiere que se pensó, unilateralmente, en los intereses del sector energético y no en los problemas del país. Esto dan a entender los analistas de un grupo de reconocidas consultoras, que al responder a un sondeo de un medio nacional sobre la inflación en 2016, coincidieron en su mayoría en que por el impacto de las nuevas tarifas en los precios -además de otras subas como las de las prepagas, que alcanzarán un 9% en febrero- la inflación en 2016 no será menor el 30%. El impacto negativo de la suba de tarifas sobre la inflación, de acuerdo a los especialistas consultados, sería de entre 4 y 9 puntos porcentuales; guarismos que, en cualquier caso, implican un incremento muy elevado en el momento menos oportuno. De cara al inicio de negociaciones paritarias, y con la fuerte suba de precios en diciembre pasado presionando sobre el poder adquisitivo del salario; el nivel de inflación proyectado por las consultoras anuncia dificultades. Ante esta realidad, se puede decir que a la modificación tarifaria le faltó, al menos, sentido de la oportunidad y visión de conjunto.
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