El caso de una adolescente de 14 años asesinada a golpes en Paraguay, presuntamente a manos del dueño de la casa donde trabajaba, ha puesto rostro al drama oculto y silenciado del “criadazgo”, un sistema de explotación laboral de niños y adolescentes que los convierte casi en esclavos domésticos.El suceso ocurrió hace una semana en el departamento de Caaguazú (centro), cuando un militar retirado, cabeza de familia del hogar donde vivía la víctima, le propinó supuestamente una paliza golpeándola con la rama de un árbol hasta causarle la muerte.El hombre está en prisión preventiva e imputado por un presunto homicidio involuntario, aunque el fiscal de la causa estudia si fue un homicidio doloso y tuvo realmente intenciones de matar a la menor.Además de suscitar el repudio de organizaciones sociales y la indignación ciudadana, el caso ha sacado a la luz una práctica arraigada en el país, pero oculta tras las puertas de las casas.Se trata del “criadazgo”, un sistema por el que una familia de escasos recursos entrega a uno o más de sus hijos o hijas a otra con mayor poder adquisitivo, que normalmente reside en otra ciudad, para que se encargue de darle educación, alojamiento y comida.Ello a cambio de que el menor colabore en las tareas domésticas, sin percibir remuneración económica.“La excusa principal para entregar a los hijos es siempre la educación, pero es la parte del trato que pocas veces se cumple”, explicó a EFE, Rosa María Ortiz, que fue vicepresidenta del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en Ginebra.Según Ortiz, la víctima de esta explotación va a la escuela sólo cuando su trabajo en el hogar lo permite, no tiene derecho al recreo, pierde el contacto con su familia de origen y con frecuencia recibe castigos físicos y malos tratos.Son frecuentes además los abusos sexuales y las violaciones, especialmente contra las niñas, que pueden verse después empujadas a la prostitución o la explotación sexual. Además, la víctima sufre desde que entra en el hogar de otra familia un trato discriminatorio y la violación de su derecho a la identidad.“No se le define por lo que es, sino por todo aquello que no es: no es un niño como los demás de la familia, no tiene el mismo apellido, no recibe el mismo trato. Se convierte en un niño de segunda clase”, afirmó Ortiz, que entre 2012 y 2015 fue relatora para los Derechos de la Niñez en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).Ortiz consideró que “la práctica del ‘criadazgo’ va más allá de la explotación laboral”, y se fundamenta sobre un abanico amplio de violaciones a los derechos de niños y adolescentes.Sobre el origen del “criadazgo”, Tina Alvarenga, miembro de la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay, explicó a EFE que en Paraguay está asentado sobre la base de “prejuicios raciales y clasistas” heredados del sistema colonial, que establecía relaciones desiguales de parentesco forzado entre indígenas y colonos.“Predomina todavía una mentalidad feudal, en la que los señores se creen propietarios de la tierra y de los esclavos, y consideran inferiores a los campesinos y a quienes viven en el interior del país”, afirmó.Alvarenga, que desde los diez hasta casi los 18 años trabajó como criada en casa de una familia, relató que sus patrones le impedían reunirse con sus padres, indígenas guaraníes, porque temían que “volviera a los malos hábitos”.Refirió que en estos hogares se crea una “dependencia afectiva” entre los patrones y las víctimas de la explotación, a las que se les hace creer que “siempre estarán en deuda”, lo que dificulta que puedan escapar de su situación.Unos 46.993 niños y adolescentes en Paraguay están sometidos al “criadazgo”, lo que supone un 2,5 % de la población infantil y adolescente del país, según las cifras de una encuesta oficial de 2011.Unicef solicitó la pasada semana a Paraguay la erradicación de esta práctica, debido a que impide a los niños y adolescentes “desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”.La ley paraguaya prohíbe a los menores de edad la realización de trabajos peligrosos, entre los que incluye al trabajo doméstico, que sólo pueden ejercer personas mayores de 18 años.
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