La flamante ministra de Derechos Humanos de Misiones, Lilia “Tiki” Marchesini, hizo llegar cartas documento a 17 monotributistas que tenían contrato hasta abril.Los contratados “barridos” trabajaban en el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, ocho de los 17 eran aborígenes y eran muy importantes en la ejecución del plan que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se ejecuta en todo el país donde hay comunidades indígenas.Al parecer, la decisión se habría tomado por cuestiones políticas, para colocar “gente propia” pero además porque los desplazados no respondían al director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo Verón, cuestionado por sus manejos pero sostenido por la conducción de la renovación, además de tener un duro enfrentamiento con el exministro Edmundo Soria Vieta.El programa depende del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y en Misiones se ejecuta entre el Ministerio de Gabinete y el Ministerio de Derechos Humanos. Los dos ministros que iniciaron el funcionamiento del programa, Ricardo “Pelito” Escobar y Edmundo Soria Vieta, fueron desplazados de sus cargos, por lo tanto, la nueva ministra Marchesini no tuvo límites para “pasar la escoba”.Eran todos monotributistas pero con varios años de antigüedad. Los que permanecen contratados son personas que tienen el aval de la Nación y por lo tanto no se les anuló el contrato. El ministro saliente de Derechos Humanos había dejado presupuesto para el programa hasta abril, con los fondos necesarios para salarios y otros gastos.La nueva ministra Marchesini entendió que no debían continuar. Seguramente habrá otros que ocuparán esos lugares ahora vacantes.El programa llevaba varios años de funcionamiento y según algunos técnicos consultados, se encontraba aproximadamente a la mitad de su recorrido. La intención era hacer un relevamiento de todas las comunidades de la provincia, con asistencia social, jurídica y legal.Los contratos se renovaban cada cuatro o seis meses, se pagaban con fondos enviados por la Nación y se debía rendir cuenta del trabajo.Gabriela Gómez, una de las abogadas a las que se despidió, explicó a PRIMERA EDICIÓN que “echaron a la parte jurídica, que eramos dos abogados, a la parte administrativa, la contadora, auxiliar, después los agrimensores y la parte técnica. También toda la parte aborigen que hace de intermediaria para poder llegar a cada comunidad, porque no te reciben fácil si no hay confianza”.“También a parte de georeferenciamiento, asistentes sociales, que hacen entrevista, en total 17 personas que teníamos varios años de antigüedad”, dijo y sobre el trabajo realizado explicó que “de un total de 170 comunidades que existen en Misiones hicimos el relevamiento a casi cien comunidades. El programa estaba aprobado y tiene continuidad hasta el 2017”, señaló.Consultada sobre la forma en que fueron desvinculados y los motivos, dijo que “primero fue verbalmente, va un muchacho, nos cita en el subsuelo de Asuntos Guaraníes y nos entregaron en mano una carta documento donde decía que el contrato se anuló porque el ministro que firmó ya no está en funciones”.“Hicimos las presentaciones correspondientes al Ministerio de Trabajo y respondimos pidiendo que nos indemnicen, pero además planteamos que los contratos no son nulos porque fueron firmados por un ministro que estaba en ejercicio de sus funciones”, indicó Gómez.“No entendemos por qué no echaron a todos, quedaron seis personas que vienen de Inai de la Nación. Supongo que debe ser por una cuestión política, viene una nueva gestión y quiere poner a su gente, de hecho todos los cargos ya están siendo ocupados por otras personas”, agregó la abogada. Entre los 17 despedidos habría ocho mbya guaraníes.Cuestiones políticasOtros funcionarios del área, consultados al respecto off the record, indicaron que la decisión del despido habría sido motorizada por el director de Asuntos Guaraníes, Arnulfo “Miki” Verón, quien tuvo un duro enfrentamiento político con el exministro Soria Vieta durante los últimos años y habría aprovechado el desplazamiento de Soria Vieta para “barrer” a toda su gente, aunque la firma de la carta documento no la puso él, sino la ministra Marchesini.También entre los comentarios de pasillo se menciona una histórica y personal rivalidad entre Verón y el exministro de Gabinete, “Pelito” Escobar, quien debía tener parte del manejo del plan y se lo entregó totalmente a Soria Vieta.Los ocho guaraníes que fueron despedidos serían parte de los mbya que no responden a Arnulfo Verón y éste habría sido otro aliciente para tomar la decisión.
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