El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional, Santiago Ros, desde hace varios años viene buscando la manera de cobrar una tasa o un impuesto a las propiedades privadas de la ciudad que permanecen como baldíos y donde sus propietarios no introducen mejoras.En varias ocasiones, Ros se expresó al respecto en la Legislatura provincial y en los medios de comunicación, defendiendo la idea de que los “especuladores” deben pagar algún tipo de impuesto por las ganancias que obtienen a través de la inflación y la valorización que logran sus propiedades con el paso del tiempo.“Los propietarios de esos terrenos baldíos -que ya cuentan además con servicio de luz y agua- no quieren desprenderse de esos lotes porque su valor se incrementó 5, 6 por mil en pocos años con una carga fiscal que no avanzó en la misma proporción”, expresó el funcionario renovador en su paso por la Comisión de Presupuesto en octubre pasado.“El principal problema de acceso a la vivienda que tiene hoy la gente es que no puede comprar los lotes pese a la recuperación económica que tuvo el país y el poder adquisitivo de la gente, sin ir más lejos esto fue lo que ocurrió con los créditos del programa Procrear, los precios de las tierras urbanas son inaccesibles, y eso provoca que el 95 por ciento de la demanda de viviendas recaiga en el Estado”, se quejó el titular de Iprodha en aquella reunión.Consultado luego al respecto, aseguró que tuvo contacto con varios diputados provinciales, algunos del oficialismo y otros de la oposición, que estarían dispuestos a colaborar en la confección de un proyecto de ley buscando la manera de implementar un cobro.“Hay antecedentes en otros países, incluso en otras provincias, donde se cobra una tasa por tener una propiedad improductiva”, aseguró Ros.El funcionario no admite la idea de que sería una especie de impuesto a la tenencia de bienes, parecido al impuesto a los bienes de lujo, sino que defiende el concepto de “justicia” para que devuelvan al Estado “algo” de la ganancia que obtienen.Ros considera que el Estado invierte en agua potable, luz eléctrica, asfaltado, transporte, acondicionamiento de la ciudad y que los propietarios se llevan los beneficios sin hacer nada.La intención es que tributen una tasa “costosa” que los obligue a desprenderse del terreno, por lo difícil que sería pagar anualmente el monto, o en caso contrario, que vuelquen esas propiedades a un emprendimiento productivo, a una construcción o algún proyecto que implique inversión económica y generación de empleo. Si hacen esto, quedarían exentos del pago.Incluso el organismo ha realizado un relevamiento desde la ruta nacional 12 (avenida Quaranta) hasta la costa del río Paraná, constatando miles de hectáreas de propiedades en forma de baldío, divididas en pequeñas parcelas que permanecen hace años sin mejoras.La intención es que muchos de los propietarios vendan sus lotes a las personas que no tienen terreno propio, pero que los precios se reduzcan de los valores actuales a raíz de la aplicación de esta tasa.El presidente del Iprodha dijo que las tasas que pagan los propietarios de estos inmuebles “son valores ridículos” y que así se genera la especulación. La principal causa de aumentos exorbitantes en los valores de los terrenos es la baja tasación fiscal, aseguró.La intención ocultaPero detrás de la buena intención de generar un mercado más accesible de la tierra también se oculta la idea de recaudar más por parte del Estado, apuntando al grupo de personas que pueden ahorrar y comprarse una propiedad para proteger sus ahorros.La devaluación permanente que sufre el peso argentino desde hace por lo menos diez años ha causado un fuerte incentivo al consumo y la compra de bienes durables, como vehículos y pequeñas propiedades. Con esta maniobra financiera, los ahorristas defienden su dinero de la devaluación. Un ahorro de 100 mil pesos guardado bajo el colchón en dos años pierde la mitad de su valor. En cambio, si se comprara una propiedad con ese dinero, en dos años prácticamente se duplica el valor. El Estado sabe que los propietarios de los terrenos son empresarios o trabajadores que pudieron ahorrar y proteger sus ahorros comprando una propiedad, por lo tanto, quiere una tajada de esos recursos.“Hoy en día el costo inmobiliario y las tasas municipales que pagan los terrenos, sobre todo los baldíos, son realmente valores ridículos. El propietario de un terreno baldío que no tiene interés en invertir y no necesita contar con dinero en forma inmediata, lo que le conviene es continuar especulando”, sostuvo Ros.El problema que se le presenta a esta idea es que ni renovación ni Ros estarían dispuestos a pagar el costo político de impulsar este proyecto, por esta razón buscarían dirigentes de partidos políticos aliados que hagan la presentación.En mayo, al retomarse la actividad legislativa en la Cámara de Representantes, es muy probable que uno de los proyectos presentados y que se traten en el transcurso del presente período sea uno referido a esta cuestión.
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