El jurista y exdiputado nacional radical, Ricardo Gil Lavedra, lamentó las designaciones de jueces de la Corte Suprema que Mauricio Macri firmó por decreto y aseguró que ese mecanismo es "innecesario" y "grave"."Es un error y una lástima porque todos apostamos a la normalidad institucional", consideró Gil Lavedra en diálogo con Radio 10. "Es entendible políticamente porque ha querido llegar rápido a la Corte antes de pasar por el Congreso, le da tiempo de un año para negociar otros temas", estimó, pero remarcó que estos nombramientos no cumplen el principio de independencia judicial establecido en la Constitución nacional. "No es aplicable a todos los funcionarios designados en Comisión", afirmó. "Es una equivocación y sienta un precedente muy siniestro, muy malo, porque cualquier Presidente podría nombrar jueces durante el receso de verano", advirtió.Este lunes, el jefe de Estado nombró sin acuerdo del Senado al ex ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Horacio Daniel Rosatti, y al rector de la Universidad de San Andrés, Carlos Fernando Rosenkrantz, como magistrados supremos. Un comunicado de Presidencia informó que Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de "llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura".Sin embargo, ya se multiplican las voces que rechazan la metodología y dejan afuera las exposiciones y concursos por el cargo previsto por la ley de nombramientos. "Ya están designados y pueden asumir mañana", enfatizó Gil Lavedra, que también ocupó el cargo de Rosatti entre 1999 y 2000. "Quiero dejar a salvo a las personas, a los nombrados. Me parece que ha sido algo grave y me duele mucho. En un momento que estamos esperanzando por recobrar la buena moral institucional y un actitud como esta es un paso en falso grave", aseguró."Es innecesario, porque justamente el poder judicial entra en receso y no va a haber muchas sentencias y aparte viene funcionando hace tiempo con tres integrantes", remarcó.En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que el decretazo "es un mecanismo de excepción que solo se puede aplicar en una situación de urgencia verificable" y aseguró que "hoy no estamos en una situación así"."Los dos jueces tienen idoneidad técnica y legal para pasar por el mecanismo de designación", señaló Gil Domínguez Nacional Rock. "En el marco del consenso que planteó en campaña, es importante que Macri revea esta medida", sostuvo. "Esta medida la hace daño a la institucionalidad", concluyó.Daniel Sabsay calificó la decisión de "disparatada" y alertó que es una iniciativa de "inconstitucionalidad manifiesta" por no pasar por la Cámara alta. "El inciso 19 del artículo 99, cuando dice que se puede designar en comisión empleos que requieren acuerdo del Senado, habla de empleos del Poder Ejecutivo como embajadores o altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Nunca, de ninguna manera, es la cabeza de otro poder (del Estado). ¿Qué grado de independencia pueden tener personas que solo dependen del dedo del Poder Ejecutivo?", analizó el abogado constitucionalista en diálogo con radio América."Ni siquiera a Cristina Kirchner se le ocurrió algo tan disparatado, ¿qué hubiéramos dicho si lo hacía ella? Me da mucha tristeza porque todos los pasos que dio Macri me han emocionado hasta las lágrimas y esto me horroriza", indicó Sabsay.Felix Loñ aclaró que el decreto es constitucional porque está previsto en el artículo 99, que puede llenar vacantes en receso del Congreso, pero advirtió que Macri debería buscar "consenso" con los bloque opositores en el Senador que dejar los nombramientos definitivos en marzo. "Es una designación precaria porque no es definitiva y no es conveniente. Tiene vigencia hasta el término del período de sesiones ordinarias, en noviembre de 2016. A mi me hace ruido muy fuerte. Estamos bajo la promesa de estar todos juntos y largaron los dos nombramientos en situación precaria", enfatizó Loñ en diálogo con Radio 10."Esperemos que cuando se abran sesiones ordinarias se somete a votación, pero si no hay consenso previo con la oposición no se logrará. Para lograr el consentimiento definitivo el PRO tiene que negociar. Estas con jueces que tiene que controlar al poder legislativo y al Ejecutivo, y el Presidente tiene que buscar consenso y no tomar decisiones unilaterales", completó el miembro del Consejo Asesor de la Fundación LED de Silvana Giudici.Loñ minimizó que la decisión del mandatario responda a un pedido del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. "¿Qué tiene que ver? Es el presidente del Corte no del Senado", retrucó el constitucionalista. "No existe la urgencia. Estamos a dos meses de sesiones ordinarias, es evidente. En marzo hay que negociar el consenso con todos lo sector para tener el apoyo que corresponde. Si queremos fortalecer las instituciones de la República tenemos que nombrar a jueces con los mecanismos establecidos en la Constitución nacional", sentenció.Para el abogado Eduardo Barcesat, cercano al kirchnerismo, es un "decretazo que carece de razonabilidad". En declaraciones a radio El Mundo, el letrado consideró que la medida "demuestra que el discurso de la campaña y los nuevos gestos no se corresponden", y agregó que si bien la designación se puede rever en sede judicial, constituye una "lesión constitucional que no se puede mejorar".Barcesat estimó que hubiese sido "más sensato" convocar a sesiones extraordinarias para dar tratamiento exclusivo a este tema, y no se mostró optimista respecto de la posibilidad de que el Presidente de un paso atrás con los nombramientos.Fuente: Medios digitales
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