Señora Directora: Para nada sorprenden la noticia de ese Diario sobre centenares de designaciones políticas en el Concejo Deliberante de Posadas a poco de concluir con su actividad del año. Cada 24 meses ocurre ese condenable comportamiento en un cuerpo que, como dice la información, aumentó 25 veces su personal, pasando de los 45 de 1983 a los más de 1.000 que denuncian ahora.Lamentablemente ese órgano colegiado que debiera ser ejemplo de democracia y ciudadanía –su antecesor, el cabildo es fundacional de la Patria– se ha ido convirtiendo en la muestra, quizás, más acabada de corrupción y vergüenza dentro de la República. Se sigue “acomodando” allí a los parientes, amigos y allegados políticos, en una incalificable demostración de nepotismo y favoritismo que nos hace descreer de quienes nos representan, sin importar el partido político ni la ideología que profesen.Tal vez, como nunca, estos últimos años en ese cuerpo se ha dado un estallido de nombramientos, porque, si mal no recuerdo y según informan, hace cinco años eran sólo cuatrocientos los empleados y hoy significan un 150% más de esa cifra. Es como que allí fueran a parar todos aquellos punteros simpatizantes o familiares que no encontraran otro propósito que no sea parasitar del Estado, generando una profunda desconfianza en lo que es y significa la cosa pública.Ojala la próxima administración que asumirá en una semana, sepa corregir ese aberrante desvío y tenga la capacidad y el coraje de hacer conocer públicamente a los responsables de ese claro acto de corrupción política, y no sólo a quien estampó su firma debajo de las designaciones. Porque, creo y ese Diario lo desliza en sus notas, que la complicidad alcanza también a muchos de los concejales que aportaron nombres, sin importar la identidad político-partidaria de cada uno de ellos.En estos casos, a la manera colonial española, debería haber una especie de juicio de residencia que impidiera a estos “funcionarios” volver a desempeñar en futuro y por mucho tiempo algún otro cargo estatal. Además de avanzar y aplicar la legislación existente en cuanto a la responsabilidad administrativa que les compete en el ejercicio de sus funciones y como depositarios de la confianza y los bienes públicos.Puedo comprender que en algunas circunstancias y para ciertos casos particulares se recurra al trabajo en el Estado, pero así nunca.





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