Señora Directora: No sin cierta preocupación, leía días atrás los nombres
propuestos por el presidente electo Mauricio Macri para ocupar distintas
funciones públicas, particularmente ministeriales. Digo preocupación por
algunos nombres que allí aparecen que por sus antecedentes y su visión de lo
público no son de mi agrado, aunque respeto esa decisión que compete a su cargo.
<p class="MsoNormal">Pero también me llamó la atención de que varias de esas
propuestas estén hechas sobre algunos cargos cuyos hoy ocupantes tienen por ley
mandatos que vencen más allá del 10 de diciembre venidero. Porque creo que en
estos casos lo correcto hubiese sido reclamarles públicamente la dimisión y, si
fuese necesario recurrir a las herramientas con que se cuentan para forzarla,
generar la vacante y recién entonces plantear quienes quedarían allí. Aunque me
parece más correcto, respetar sus periodos.</p>
<p class="MsoNormal">En varios de estos casos entiendo que el nuevo gobierno
tiene ese derecho de plantear el cambio a fin de contar en esos puestos
políticos con personas de su confianza y que se adecuen a las políticas que van
a desarrollarse y aun cuando en algunos de esos casos se necesite el aval
parlamentario para designarlos. Ocurre eso, por ejemplo, con el Banco Central
de la República Argentina
o la Administración
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (Afsca).</p>
<p class="MsoNormal">Sin embargo, me parece incorrecto que ese planteo alcance a
la procuradora general de la
Nación, Alejandra Gils Carbó, que es una funcionaria judicial
que “goza de estabilidad mientras
dure su buena conducta y hasta los setenta y cinco (75) años de edad” como
cualquier otro juez; su designación demanda un procedimiento idéntico al que se
aplica con los ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Que
haya sido designada por el kirchnerismo me parece que para nada es un
impedimento para continuar, ya que por esa misma causa habría que reclamar
también la partida de dos ministros de ese Tribunal: Ricardo Lorenzetti, su
presidente, y Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta, ambos designados en
2004 durante la “década ganada” y a los que nadie tilda de kirchneristas. Sólo
sobreviviría Juan Carlos Maqueda, designado en 2002 por el presidente Eduardo
Duhalde, ya que para entonces también se habrá ido Carlos Santiago Fayt, llegado
a ese cargo de la mano de Raúl Alfonsín en los albores de la actual etapa
democrática argentina.</p>
<p class="MsoNormal">Y no hablemos de los jueces, nuevos y viejos, donde perduran
algunos pocos designados antes de ese periodo, previo a 1983, por un gobierno
ilegítimo.</p>
<p class="MsoNormal">Además cuando se designó a Gils Carbó en 2012, no solo logró
suficiente respaldo en el acuerdo del Senado de la Nación –más del 2/3 de los
votos-, sino que recibió el apoyo de diversos bloques parlamentarios, así
como de asociaciones profesionales y de
magistrados. Múltiples fueron las loas que se oyeron entonces sobre ella, hasta
que la Jefa de
Fiscales se pronunció desfavorablemente a las pretensiones de ciertos sectores
de poder importantes en una cuestión que ponía en juego intereses de éstos. Y
se inició una campaña multimedial identificándola con el kirchenrismo,
llegándose a ignorar o minimizar a la vez otros dictámenes e instrucciones en
que Gils Carbó cuestionó pretensiones o decisiones de “su” gobierno.</p>
<p class="MsoNormal">Asegurar la independencia de la Justicia fue uno de los
caballitos de batalla que, quizás, le rindió buen rédito electoral a nuestro
próximo presidentes y me parece que en este caso forzar esa renuncia sería
atentar contra ella y contra un régimen republicano que estableció periodos
alternados para sus gobernantes electos y estabilidad permanente para los
judiciales. Para la procuradora general, así como los ministros de la Corte, existe un solo
mecanismo para desplazarlos: el juicio político que debe sustanciarle el Congreso
de la Nación.</p>
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