El rector y los decanos podrán contratar con relación de dependencia, a unos cincuenta no docentes, seleccionados del universo de 870 inscriptos al concurso suspendido en la Universidad Nacional de Misiones, según lo resuelto por el Consejo Superior. No queda claro el mecanismo de selección pero anticiparon que contratarán a personas ya vinculadas laboralmente con la institución. Los consejeros no docentes opositores no acompañaron la decisión y ratificaron la necesidad de adecuar la convocatoria a la legalidad y retomar los concursos. Incertidumbre confirmada para los 870 inscriptos El 13 de agosto de este año la Unam firmó un convenio con la Secretaría de Políticas Universitarias, conducida desde hace varios años por Aldo Caballero, exrector de la misma Casa. Este acuerdo posibilitó el financiamiento de los cincuenta cargos no docentes que deben ser cubiertos por concurso, tal como se estipula de manera explícita en el convenio, que además advierte claramente que el incumplimiento por parte de la Universidad de algunos de los puntos del acuerdo podría suspender y hasta rescindir el mismo.A comienzos de octubre se publicaron las convocatorias pero pocos días después debieron ser suspendidas por serios “vicios de nulidad”, advertidos por una impugnación presentada por la licenciada Mabel Oviedo, trabajadora no docente.Las irregularidades que se observaron en los llamados, reconocidas por el propio rector, van desde los plazos legales para la publicación, su difusión y la inscripción de los interesados a la aprobación de un reglamento de concursos provisorios que introduce una “bolsa de trabajo” al que sólo podrían acceder cónyuges e hijos de trabajadores no docentes.La cuestión de los plazos no es menor porque habría afectado la posibilidad de que cientos de misioneros accedieran a la información y documentación necesaria para las inscripciones. La legislación vigente, el decreto 366/2006, que rige este tipo de concursos, establece quince días hábiles para la publicación de los llamados y cinco días hábiles para las inscripciones. En tanto, para esta convocatoria, los plazos se achicaron sensiblemente: la publicación de la convocatoria pasó de quince a tan sólo cinco días hábiles y la inscripción se redujo de cinco días hábiles a tres. Las impugnaciones de Mabel Oviedo forzaron a que la asesoría jurídica de la Unam, la misma que debió ver la legalidad de las convocatorias, reconociera los errores y los riesgos patrimoniales a los que se exponía a la universidad de avanzar con los mismos y sugiriera la suspensión de los concursos hasta tanto se resuelvan las presentaciones. Las suspensiones fueron ratificadas este viernes 6 de noviembre en la segunda Sesión Extraordinaria del Consejo Superior con el voto favorable de 18 consejeros y el rechazo de cuatro. Esta decisión abrió las puertas a la judicialización del reclamo. En la misma sesión, los decanos y el rector Javier Gortari, lograron que el órgano apruebe la contratación sin concurso de cincuenta trabajadores que ya están en relación laboral con la Unam, con la excusa de evitar que no se pierda el dinero que viene para financiar estos cargos.El Consejo Superior tuvo la oportunidad, al igual que hace poco más de dos semanas, de hacer lugar a las impugnaciones y sugerir que se adecue la convocatoria a lo que estipula la reglamentación vigente cerrando las puertas a nuevas observaciones, garantizando la realización de los concursos. Sin embargo prefirió rechazar las impugnaciones, avalar las convocatorias con las irregularidades reconocidas por las propias autoridades de la Unam y abrir así la instancia de judicialización, lo que significa dilatar en un tiempo no especificado la posibilidad de que se retomen los concursos.El dedo del rector y los decanos A pesar de los plazos recortados arbitrariamente, unas 870 personas lograron inscribirse para los concursos no docentes. De haberse realizado la convocatoria correctamente, cincuenta de ellos hubieran podido, una vez sorteado favorablemente los concursos, formar parte de la planta permanente antes de fin de año. Sin embargo, los vicios de nulidad que se señalan en las impugnaciones obligaron a la suspensión, situación que será aprovechada por los decanos y el rector para volver a las designaciones a dedo. El viernes, Gortari reconoció que los contratos con relación de dependencia que realizarán invocando este convenio incluirán a trabajadores que ya están dentro de la Unam, muchos de ellos serían familiares de no docentes y allegados a la gestión. La judicialización en puerta Lejos de resolverse el conflicto, se abre ahora la posibilidad de que se llegue a la instancia de la judicialización. A la que podría apelar no solamente Mabel Oviedo avanzando de manera progresiva con su recurso de impugnación, sino también los más de 800 inscriptos que quedarían fuera de los contratos con relación de dependencia. Situación que lejos de resguardar a la institución de futuros reproches judiciales -como planteaban en la justificación de las suspensiones- abre la posibilidad a que todos los que se inscribieron y aquellos que no lo pudieron hacer por la modificación de los plazos se sientan con derechos vulnerados que reclamar.
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