Si bien existen suficientes estudios e investigaciones que prueban, por ejemplo, el efecto nocivo del uso de agrotóxicos en la producción agropecuaria sobre la salud de las personas expuestas a su influencia, directa o indirectamente; y pese a la exposición pública de hechos graves, como la contaminación de las aguas de ríos cercanos a explotaciones mineras en San Juan, es poco lo que se hace en concreto para garantizar en estos casos la salud pública.En este contexto, no cabe menos que elogiarse la puesta en vigencia, a partir del jueves 29, de la prohibición del uso de agrotóxicos en las zonas urbanas de la localidad de Montecarlo, y su regulación en las colonias, donde la normativa exige que las viviendas familiares deben ubicarse a no menos de 200 metros de las chacras en que se utilicen estos productos químicos. La prohibición, sancionada en el 2012, y que establece multas para los casos de incumplimiento, tuvo especialmente en cuenta las numerosas denuncias de profesionales de la salud sobre la relación entre el uso de agrotóxicos y las malformaciones congénitas; una realidad que expone toda su gravedad en la zona tabacalera. La decisión comunal sienta un precedente que no es menor, al demostrar que cuando existe la decisión política para hacerlo, es posible que se tomen decisiones trascendentes a nivel comunal, sin esperar instrucciones del nivel nacional o el provincial. Queda abierto el camino para profundizar la protección de quienes se ven expuestos a graves padecimientos a causa de prácticas irresponsables en la provincia, ampliando el campo de acción de esta acertada iniciativa.
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