La autopsia derrumbó la versión policial, según la cual el deceso se había producido a causa de una lesión de larga data y no de la golpiza policial, como denunciaron los familiares de Verón y los integrantes del movimiento No al Desalojo, al que pertenecía el militante fallecido. Pese a que el Gobierno que encabeza Jorge Capitanich se había abroquelado detrás de la versión policial, al conocerse los resultados de la autopsia -según informó el diario Norte- el ministro de Gobierno, Javier Otero, el secretario de Seguridad Marcelo Churin y el jefe de Policía Gustavo Peña pusieron sus renuncias a disposición del gobernador. El gesto no garantiza que se haga justicia, sin embargo la reacción inmediata, y la aceptación de las renuncias, resalta por inusual, al compararse con lo ocurrido en los numerosos casos de violencia policial que tienen lugar en el país, e incluso en Misiones, en los cuales las víctimas más frecuentes son jóvenes de condición humilde. Lamentablemente, la agenda pública no recoge como debería -entre sus prioridades- la necesidad de poner fin a esta constante de violencia represiva presente en las estructuras de las fuerzas de seguridad, y promovida en el pasado por los regímenes de facto. La impunidad permite que las muertes por apremios ilegales se oculten, a menudo presentándolas como suicidios; y se perpetúe de esa manera una cultura inhumana. Las muertes en sede policial aún no aclaradas de Hernán Céspedes y Ricardo Sosa, entre otros casos, muestran que esta cultura de violencia cruza transversalmente a las fuerzas de seguridad misioneras. Y lo hace sin que ningún funcionario se haga cargo aunque sea con un formal gesto de renuncia.
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