POSADAS. La fiscal María Laura Álvarez, subrogante de la Fiscalía de Instrucción Nº 6 de esta ciudad, solicitó que los dos policías implicados en la muerte de la docente Mirta Carmen Rosa, ocurrida el jueves 14 de febrero de 2013, vayan a juicio oral y público. Se trata del oficial Aníbal Aldo Gabriel Villalba y el sargento primero Luis Albino Rotela.Rosa era docente jubilada y padecía esquizofrenia. Aquella tarde de 2013 encontraron su cadáver en un descampado del barrio Los Potrillos. Tenía lesiones gravísimas en el cráneo y otras partes del cuerpo.Pasaron los días y nada se sabía de las circunstancias de su muerte, hasta que la familia de la víctima aportó el testimonio revelador de un matrimonio que aseguró haberla asistido ese día, poco después del mediodía, porque se acercó a pedir agua para beber y estaba claramente desorientada.Por esa razón -según dijeron- llamaron a la Policía y una patrulla de la comisaría seccional Quinta fue a buscarla. Justamente, en esa patrulla viajaban el oficial Aníbal Aldo Villalba y el sargento Luis Albino Rotela, quienes se la llevaron en la camioneta.Cuando encontraron el cadáver, ninguno de los dos reconoció que, horas antes, se la habían llevado del domicilio de aquellos vecinos.La situación procesal de ambos era tan complicada que el juez de Instrucción 6, Ricardo Walter Balor, los procesó por el delito de “homicidio agravado”.Con posterioridad, el Tribunal Penal 1, que en ese entonces hacía las veces de Cámara de Apelaciones, revocó el auto de procesamiento y dispuso una nueva calificación. El Tribunal entendió, en coincidencia con los planteos de la defensa, que no se había podido probar el dolo, es decir la intención de matar, y por ende no había fundamentos para sostener la hipótesis del homicidio.Balor se apartó de la causa y ésta recayó en el Juzgado de Instrucción 7, que en ese momento estaba a cargo del juez José Alberto López.En este contexto, Villalba fue procesado por los delitos de “abandono de persona seguido de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica”.A Rotela le cupo las dos primeras calificaciones, no así el delito de falsedad ideológica.Ministerio PúblicoAyer trascendió que la fiscal subrogante María Laura Álvarez efectuó el requerimiento para que ambos imputados sean juzgados en debate oral y público, con esas acusaciones.La defensa de cada uno de los acusados seguramente recurrirá el planteo de la representante del Ministerio Público Fiscal.Por lo que es de suponer que el expediente vaya a la Cámara de Apelaciones. Allí, López no podrá intervenir porque ya lo hizo en la etapa de instrucción, cuando era juez penal 7.Tras la inhibición de Balor y la asunción de López como vocal de la Cámara en lo Penal y Correccional de la provincia, la causa quedó en manos del flamante juez de Instrucción 7 de Posadas, Carlos Jorge Giménez.Justamente, este funcionario fue quien dio por terminada la investigación y giró el expediente a la fiscalía para que esta efectuara el requerimiento u ordenara nuevas medidas, cosa que finalmente no sucedió.Palabras más, hipótesis menos, será en las audiencias orales y públicas donde se conocerá la verdad de lo que sucedió con la docente jubilada de 47 años.
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