BUENOS AIRES (NA). Numerosas organizaciones sociales y políticas realizaron ayer una manifestación en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda, al cumplirse trece años de los asesinatos de los militantes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. “A trece años de la Masacre de Avellaneda seguimos exigiendo juicio y castigo de los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros”, expresaron los miembros del Frente Darío Santillán, a través de un comunicado.La manifestación mantuvo cortado el Puente Pueyrredón, que une el Conurbano Sur y la Ciudad de Buenos Aires, entre las 23 del último jueves y el mediodía de ayer, cuando los familiares y amigos de los jóvenes asesinados volvieron a apuntar a “las responsabilidades políticas” del hecho.Según ellos, entre los responsables se encuentran el diputado y exgobernador bonaerense Felipe Solá y el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a quien intentaron hacerle un “escrache” ayer por la mañana, en la puerta de la Casa de Gobierno. “Aníbal Fernández, igual que Felipe Solá, Eduardo Duhalde y Juan José Álvarez entre otros fueron quienes tuvieron a cargo la planificación de la Masacre de Avellaneda, buscando disciplinar a las organizaciones sociales para que no hubiera más cortes”, insistieron las organizaciones convocantes.En esta línea, el documento de las organizaciones repudió que “a trece años de la Masacre de Avellaneda no hayan sido citados a declarar ante la Justicia los principales responsables políticos, miembros del Poder Ejecutivo al momento de producirse la represión”.Según entendieron, “se cuenta con sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas, una autoría ideológica, directivas, responsabilidades y complicidades necesarias”.La manifestación para conmemorar los trece años del hecho se inició el último jueves, cerca de las 15, en la estación de trenes Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (exestación Avellaneda), con actividades lúdicas para niños y murgas de distintas organizaciones. Más tarde, cerca de las 18, los militantes del Frente Popular Darío Santillán organizaron un panel de debate callejero denominado “Territorios en disputa: los cuerpos, la vida, la tierra, en pie de resistencia” con el que pretendieron exponer los distintos hechos del año 2002.Dos horas después, llegaron al lugar los familiares y amigos de Darío y Maximiliano, acompañados por representantes políticos, gremiales y barriales, que expusieron una vez más la necesidad de “encontrar justicia”. El acto central se dio cerca de las 23 y culminó con una movilización con antorchas desde la estación hasta el Puente Pueyrredón, donde realizaron una vigilia con radio abierta.Kosteki y Santillán, de 21 y 25 años respectivamente, eran militantes de la Coordinadora Aníbal Verón cuando fueron asesinados el 26 de junio de 2002 durante una protesta en reclamo trabajo y planes sociales. Durante esa movilización, que tomó eco en gran parte del país, fueron reprimidas otras 33 personas por disparos de las fuerzas policiales y el hecho derivó en una conmoción social que obligó al por entonces presidente interino Duhalde a adelantar las elecciones generales. El 9 de enero de 2006, el Tribunal Oral 7 condenó por los crímenes a prisión perpetua al excomisario inspector y responsable del operativo, Alfredo Fanchiotti, y al excabo primero Alejandro Acosta, al igual que dictó penas de cuatro años de prisión efectiva a otros tres efectivos de la Policía Bonaerense, Félix Vega, Carlos Quevedo y Héctor De la Fuente, por el delito de encubrimiento agravado. Aníbal: “No tuve que ver”El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, insistió ayer en que no tuvo “nada que ver” con la llamada “Masacre de Avellaneda”, luego de que un grupo de manifestantes instalara un cartel frente a la Casa Rosada con el que lo acusaron de ser uno de los “responsables políticos” de esos hechos.Fernández señaló que “no figura” en la denuncia que se realizó ante la Justicia para determinar las responsabilidades políticas por los asesinatos de los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, ocurridos el 26 de junio de 2002 y que la manifestación en su contra fue porque se trata de “una persona visible”. El funcionario se pronunció de esa forma en declaraciones formuladas en la puerta de la Casa Rosada, luego de que familiares y amigos de las víctimas se presentaran frente a la sede gubernamental con un cartel que lo señalaba como un presunto “responsable político” de los hechos de 2002.





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