SAN VICENTE. De los nueve subsidios que se entregaron a los damnificados del tornado en el Parque Industrial de esta ciudad, sólo tres tienen sus empresas habilitadas en el lugar (una de ellas, del cuestionado juez de Faltas, Norberto Gómez Da Silva), mientras que dos son cooperativas de trabajo y cuatro, particulares que se desconoce si operan allí. El dato surge del informe que envió el Ejecutivo municipal al Concejo Deliberante sobre la entrega de dichos subsidios.Por esta situación, el concejal Gabriel Espinoza pidió que se haga un pedido de informes para saber si funcionan en el lugar y si tienen la habilitación. El lunes pasado, el Concejo Deliberante sanvicentino recibió la comunicación del Ejecutivo municipal informando sobre las empresas que recibieron el subsidio que envió el Gobierno de la provincia y sobre la ONG por la cual se canalizo el dinero a los damnificados. Se supo así que la ONG “Vivir Mejor” está manejada por dos funcionarios municipales y no es el primer subsidio que se canaliza por su intermedio: hace unos años, ya recibió un monto para la Fiesta de la Madera, entre otros que se conocen. En el informe oficial se aclara que fue el Gobierno provincial el que exigió que la entrega de los subsidios se realice por medio de una organización no gubernamental y que los beneficiarios fueron aprobados por el Ministerio del Agro y la Producción.Sin embargo, lo curioso y llamativo es que entre los beneficiarios figuran dos cooperativas de trabajo que no tendrían ninguna inversión en el Parque Industrial. Una de ellas es la Cooperativa Picada Zulma, que sería manejada por el hermano del intendente, Julián Dos Santos, quien además preside la Cooperativa Tabacalera de San Vicente (Cotavi), mientras que la otra es la cooperativa Los Lapachos, que tendría su domicilio fiscal fijado en la Municipalidad de San Vicente.Dentro de los que recibieron el subsidio del Gobierno provincial están tres que sí tienen bienes en el lote industrial. Uno de ellos es el juez de Faltas, Norberto Gómez Da Silva, quien está siendo investigado por una comisión del Concejo por presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario público, por tener habilitada su empresa en paralelo al ejercicio de ese cargo público.Los otros cuatro que recibieron el subsidio no son conocidos en el lugar y, a raíz de ello, el concejal Espinoza pidió un nuevo informe de Ejecutivo para verificar las habilitaciones comerciales en el Parque Industrial de San Vicente.
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