ASUNCIÓN, Paraguaya (Agencias y diarios digitales). Los familiares y víctimas de la “masacre de Curuguaty” consideraron “una línea confusa, arbitraria y perjudicial” la tercera suspensión del juicio contra los trece campesinos procesados por el enfrentamiento sin esclarecer que hace tres años dejó seis policías y once labriegos muertos.El juicio por la matanza, que provocó a su vez la destitución del entonces presidente paraguayo, Fernando Lugo, en un polémico juicio parlamentario, estaba previsto para el 22 de junio, pero pasa ahora al 27 de julio y se prevé que dure un mes.“Parece que el tribunal pretende realizar este juicio sin la presencia de observadores internacionales, sin el involucramiento de la sociedad, sin la presencia del Papa en el país y para ello pospone el comienzo del juicio”, declararon los familiares en un comunicado enviado por la Articulación por Curuguaty.Hay trece agricultores procesados que se enfrentan a cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías, mientras que no hay nadie imputado por la muerte de los once campesinos.Según dijo a la agencia Efe el fiscal encargado del caso, Jalil Rachid, el retraso se debe a que no se consiguieron salas en Asunción tras el cambió del lugar donde se va a celebrar el juicio.El procedimiento iba a realizarse originalmente en Salto del Guairá, una ciudad ubicada a 415 kilómetros de la capital, sin embargo la defensa solicitó que fuera en Asunción, donde finalmente se celebrará.“Sí estamos hablando de uno de los juicios más importante de los últimos tiempos, no es posible que el Poder Judicial argumente la falta de espacios disponibles para posponer su realización”, afirmaron desde la Articulación por Curuguaty.“En el marco del tercer aniversario de la masacre y en el Día Nacional de la Lucha por la Tierra, una noticia de esta contundencia parece, más bien, una provocación muy agresiva e innecesaria”, agregaron.“Percibimos una vez más que la intención es destruir los esfuerzos de la sociedad civil organizada para que este juicio sea transparente, público, observable y observado, a través del mecanismo de la manipulación de los tiempos y el desprecio de las energías y finanzas de la sociedad civil paraguaya”, añade el comunicado de la organización.La Articulación recordó que se trata de la tercera suspensión consecutiva, “habiendo así violado por mucho, los plazos dictados por la ley”.“El tribunal le niega a todos los afectados por esta causa una justicia pronta, barata, justa e imparcial, manteniéndolos en la inseguridad jurídica y a la defensa técnica bajo amenaza mediante un sumario que se mantiene abierto para coaccionar permanentemente su actuación, limitándola”, añade.En diciembre pasado, los tres abogados de la defensa fueron sumariados por la Corte Suprema de Justicia por “abuso del ejercicio de defensa, mala fe e incidentes dilatorios”.Sin embargo, ellos refutaron que la Corte Suprema tramite una acusación de tácticas dilatorias cuando ha sido la Justicia la que ha pospuesto varias veces el juicio contra los campesinos.Más de 300 agentes de policía acudieron a Curuguaty el 15 de junio de 2012 a desalojar de forma irregular a alrededor de 70 campesinos que ocupaban unas tierras estatales que reclamaban para la reforma agraria en ese distrito, cuando se produjo un tiroteo que aún no se sabe cómo se originó.El suceso se produjo en los terrenos de Marina Cué, el nombre de una hacienda de Curuguaty, llamada así porque durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) eran usados por un destacamento de la Marina. Unas tierras por las que la empresa Campos Morombí, que dice ser la titular de las mismas, mantiene un litigio que dura ya casi una década, mientras que los campesinos de la zona afirman que son propiedad del Estado.Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado la falta de imparcialidad en la investigación y han exigido que el uso de la fuerza por parte de la policía y la muerte de los once campesinos sean igualmente investigadas.Varias organizaciones sociales y personalidades del mundo de la cultura de Paraguay y otros países de la región se han adherido a la campaña “Somos observadores”, para realizar un seguimiento del juicio por la masacre de Curuguaty.
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