POSADAS. Misiones y Santa Cruz son las provincias con el menor grado de visibilidad fiscal del país. Es decir, quienes publican en sus sitios web de gobierno menos del 20% de la información necesaria para un adecuado control de las cuentas fiscales. Esto lo determinó el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en su último informe “Visibilidad fiscal de las provincias argentinas”, elaborado por los economistas Nadin Argañaraz, Sofía Devalle y Marianela Marcó, donde reveló que “en promedio, se difunde poco más de la mitad de información fiscal necesaria para el control del gobierno”. Sin embargo, Misiones se encuentra en el último lugar, el de menor transparencia.En la actualidad, con los avances tecnológicos y las nuevas herramientas informáticas, Internet aparece como uno de los principales medios de difusión de la gestión gubernamental, ya que es un canal de fácil acceso y de uso gratuito.En el presente estudio se evalúa el grado de visibilidad que tienen los gobiernos provinciales en Argentina o, dicho en otras palabras, el acceso público a la información fiscal, poniendo foco en la información que los gobiernos provinciales ponen a disposición de los ciudadanos en sus sitios web oficiales.Con el fin de construir el indicador de visibilidad, en cada uno de los sitios webs oficiales de gobierno de las provincias se releva información útil para evaluar la gestión del gobierno. La información requerida se agrupa en los siguiente rubros: Presupuesto, Ejecución Presupuestaria, Contabilidad en línea, Planta de Personal, Deuda Pública, Compras y Licitaciones del Gobierno, Proveedores, Normativa Tributaria y Boletín Oficial.En el relevamiento se contempla que se trata no solo de la información más actualizada posible, sino también de períodos anteriores, de modo tal que se evalúe si los gobiernos difunden series temporales que posibiliten un seguimiento de las variables en el tiempo. Los relevamientos se realizaron hasta el 15 de febrero del 2015, sin ser tenida en cuenta toda información publicada con posterioridad.El Indicador de Visibilidad Fiscal Provincial (IVIFp) se construye de la siguiente manera:1- Se releva si cada provincia difunde en sus sitios web oficiales cada uno de los ítems de información contemplados. Si se publica, se asigna un puntaje de 1. En caso contrario, se asigna un puntaje de 0. Los ítems que son presentados de manera incompleta adquieren un puntaje de 0.5. A partir de esto, se obtiene un valor vij, para cada ítem en cada provincia j.2- Seguidamente, se le asigna un ponderador a cada uno de los datos requeridos, según la importancia relativa que se considera deben tener en el índice general. Se denomina a los ponderadores como pi (son los mismos para todas las provincias).En consecuencia, el valor total del IVIFp para cada provincia puede variar entre 0 y 1, siendo más visible un gobierno cuanto más cercano a uno se encuentre su indicador. El puntaje máximo que obtendría una jurisdicción que publique toda la cantidad y detalle de la información relevada será 1 mientras que, por el contrario, una jurisdicción que no publique nada de lo evaluado obtendría 0.Nación y provinciasPasando concretamente a los resultados del Índice de Visibilidad Fiscal provincial, se aprecia que, en promedio para las 24 jurisdicciones alcanza un valor de 0,56, lo cual indica que, para el conjunto de provincias, se publica algo más de la mitad de la información fiscal que se considera relevante difundir.Evidentemente que en torno a este valor promedio, existen importantes diferencias entre jurisdicciones. En el gráfico se expone el ranking del desempeño del indicador para las provincias, destacándose los siguientes resultados: Las provincias de Córdoba y Mendoza son las que presentan un mayor grado de visibilidad de sus cuentas, asumiendo un índice de 0,93 y 0,81 respectivamente. Les siguen las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (ambas con un indicador de 0,74), Neuquén y CABA (con 0,70) y Chaco y San Juan (con 0,68). Con valores inferiores a los anteriores, pero superando el nivel promedio, se encuentran Tucumán, Río Negro, Buenos Aires, Catamarca, Salta, Santiago del Estero, Chubut y Tierra del Fuego. Jujuy, Corrientes y La Pampa integran el grupo de provincias con visibilidad media-baja, presentando valores para su indicador de entre 0,25 y 0,40. Finalmente, las dos provincias con el menor grado de visibilidad fiscal del país son Santa Cruz y Misiones, quienes publican en sus sitios web de gobierno menos del 20% de la información necesaria para un adecuado control de las cuentas fiscales.Al considerar los principales rubros de información que componen al índice general, es posible observar diferencias significativas entre las provincias, en el sentido que algunas jurisdicciones pueden destacarse por difundir de manera completa y actualizada ciertos rubros de información, pero no otros.Retraso misioneroEn términos generales, a lo largo de los cinco últimos años ha mejorado ligeramente en las provincias la difusión de gran parte de los rubros de información fiscal. Concretamente, el indicador promedio para las 24 provincias pasó de un 0,47 en el año 2010, a un 0,52 en 2012, 0,54 en 2014 y de 0,56 en 2015. Así, mejoró en un 20%.La jurisdicción que mayor crecimiento evidenció en materia de visibilidad fiscal a lo largo del período 2010-2015 fue La Rioja, con un aumento de su indicador superior al 560%. Este fuerte incremento responde a que en principio dicha provincia contaba con un indicador muy cercano a 0, puesto que no difundía prácticamente ningún tipo de dato relacionado con las finanzas públicas, mientras que a 2015 se puede apreciar que la provincia comenzó a mostrar cierta información de relevancia, como la ley de presupuesto actual, las ejecuciones presupuestarias, legislación fiscal, datos de la deuda pública, y datos de las compras públicas, entre otros aspectos. Vale decir que si bien esta jurisdicción se ubica actualmente en el ranking de visibilidad dentro del grupo de jurisdicciones de “media-baja visibilidad” (tiene un indicador de 0,43), se aprecia un mayor compromiso en la difusión de los datos en los últimos años.Con la provincia de Corrientes sucede algo similar: si bien integra el grupo de “media-baja visibilidad”, esta jurisdicción experimentó un importante crecimiento en su indicador en los últimos 5 años. En este caso, la mejora del indicador a lo largo del período 2010-2015 fue del 147%. Además de estos casos extremos, gran parte de las provincias evidenciaron mejoras en su grado de visibilidad al ciudadano.Por el contrario, en tres de las 24 jurisdicciones, Formosa, Misiones y Santa Cruz, se aprecia un retroceso en la difusión de información fiscal. En algunos casos, esto se debe no a que hayan eliminado información de sus sitios web, sino a que los datos no se act
ualizan, y por ende la información allí contenida va perdiendo vigencia. Cuestión de transparenciaEl propósito de construir un indicador de visibilidad fiscal y de establecer comparaciones entre provincias, no es simplemente catalogar a las jurisdicciones como la “más” o la “menos” transparente, sino generar los incentivos necesarios para impulsar cambios de política. Así, se intenta que los actos de gobierno en Argentina alcancen la mayor claridad y visibilidad posible. Más allá de la existencia o no de un marco legal que regule y exija la provisión de información por parte de los gobiernos, las buenas prácticas también pueden ser estimuladas a través de otros mecanismos no formales. A su vez, es necesario remarcar el rol que juega la generación de conciencia en la sociedad y de los funcionarios públicos sobre la importancia de poseer información fiscal de libre disponibilidad, completa, veraz y actualizada.Las iniciativas en pos de una mayor transparencia gubernamental tendrán mayor oportunidad de éxito si son promovidas y ejecutadas por diversos actores económicos. Es por ello que resulta clave la acción conjunta entre el gobierno, la sociedad civil, la prensa y la ciudadanía en general, que tiendan a garantizar un adecuado (y comprensible para gran parte de los individuos) flujo de información relacionado a la gestión del sector público.Es esencial comprender que el acceso a la información pública es un derecho ciudadano y una herramienta esencial para lograr un Estado cada vez más eficiente.
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